PUEBLA, Pue. (apro).- El excomandante de la Policía de Pahuatlán, Carmelo Castillo Martínez, por quien abogaron representantes de Amnistía Internacional (AI), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IHIE), fue puesto en libertad por falta de elementos en su contra. El 29 de octubre anterior, los organismos defensores de los derechos humanos habían hecho un llamado al gobernador Rafael Moreno Valle para decretar la liberación de Castillo Martínez, preso desde julio del año pasado. Luego de que el juez penal de Huauchinango cerró la causa 242/2009 que se seguía contra Carmelo Castillo, las organizaciones pidieron al gobernador y al procurador Víctor Carrancá que dictaminaran la “no acusación” en su caso. Las ONG aseguraron que las acusaciones contra el excomandante de la Policía de Pahuatlán, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se relacionaban con el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, autoridades indígenas de la comunidad de Atla, quienes fueron declarados por Amnistía “presos de conciencia”. De acuerdo con esto, los representantes nahuas fueron implicados por los caciques de la localidad de Atla en el supuesto delito de robo de vehículo, por haber defendido el derecho de su comunidad al servicio del agua potable. Según los organismos, al excomandante de Pahuatlán se le imputó el mismo delito por haber prestado ayudado a Ramón Aniceto y a Pascual Agustín, quienes en ese entonces se desempeñaban como presidente auxiliar y juez menor de Atla, cuando un miembro de la familia de caciques trató de atropellarlos. El viernes 23, la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) resolvió que carecía de elementos para confirmar que realmente existió el robo del vehículo. Castillo Martínez estaba preso en el penal de Huauchinango, mismo en el que se encuentran los representantes indígenas José Ramón y Pascual. El Centro Prodh y el IDHIE se congratularon por la liberación del excomandante de Pahuatlán y confiaron que esto siente un precedente para que también José Ramón y Pascual sean absueltos de los cargos en su contra. Los organismos defensores de derechos humanos han evidenciado múltiples irregularidades en los casos, como el hecho de que en el proceso judicial las exautoridades indígenas no contaron con traductor-intérprete y tampoco se tomaron en cuenta testimonios de descargo. Además, tampoco se desestimaron contradicciones de los testigos de cargo y no se consideraron las motivaciones de odio que originaron la denuncia, entre otros.