MONTERREY, N.L. (apro).- Tres personas fueron sentenciadas por el delito de terrorismo por arrojar una granada de fragmentación en la plaza principal de Guadalupe, la noche del 2 de octubre del 2010. El artefacto explosivo lanzado desde un coche en movimiento provocó lesiones en 14 personas que se encontraban en el espacio peatonal ubicado sobre la calle Barbadillo, entre la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y la Presidencia Municipal de esa localidad vecina al oriente de la capital. Los sentenciados, actualmente internos en el penal del Topo Chico, son: Jesús Gerardo González Cantú, El Trompas, de 22 años; Bernardo Iván Ibarra Salas, de 20 años; y Reyes Guerrero Garza, El Rey, de 30. A los dos primeros les impusieron penalidades de 34 años y tres meses de prisión; a otro, 29 años y tres meses. El juez cuarto Penal de Monterrey los encontró responsables de los delitos de terrorismo, robo, agrupación delictuosa, delitos cometidos contra la seguridad de la comunidad, delincuencia organizada, lesiones calificadas y lesiones cometidas en perjuicio de menores de 12 años. Estas son las primeras personas sentenciadas por el delito de terrorismo en Nuevo León. De acuerdo con datos aportados por la Procuraduría al día siguiente del hecho, la persona que arrojó la granada fue un hombre identificado únicamente como Marcos, quien se encuentra prófugo y que se transportaba en un coche conducido por El Trompas. El Rey ayudó a otras dos personas a planear el atentado y Bernardo Iván participó como “halcón”, comunicando a sus cómplices, a través de un radio, el movimiento de policías en el momento del granadazo. Los tres fueron detenidos el 13 de octubre en el centro de Guadalupe, donde residían, a unas seis cuadras de donde arrojaron el artefacto. El día de los hechos, las personas alcanzadas por las esquirlas fueron transportadas a nosocomios locales y trascendió que todas fueron dadas de alta en los dos días posteriores. Cuatro de los afectados eran niños. La captura se efectuó tras la denuncia de un ciudadano que recibió la recompensa de 225 mil pesos que era ofrecida a quien aportara datos para dar con los responsables del ataque. Un día antes del granadazo en Guadalupe, se registraron tres ataques similares de manera casi simultánea frente al penal del Topo Chico, cerca del consulado de Estados Unidos en Monterrey y en el edificio del Poder Judicial del estado. El entonces procurador Alejandro Garza y Garza consideró que los cuatro ataques tenían la intención de desprestigiar el trabajo del gobierno del estado frente a la delincuencia organizada, pues dos días después del hecho violento en Guadalupe el priista Rodrigo Medina de la Cruz cumpliría su primer año de gobierno.