El actual secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, Televisión Azteca y un grupo de empresarios influyentes en el gobierno de Felipe Calderón fueron los beneficiarios de las casas de interés social adquiridas en los últimos años mediante el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Fovissste). MÉXICO, D.F. (Proceso).- Y aun cuando las constructoras, sindicatos de burócratas y las Sociedades de Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) fueron las que promovieron las viviendas, tramitaron los créditos y cobraron por ello, cuando se descubrió el fraude millonario nunca fueron implicados en los procesos penales y administrativos emprendidos por el Fovissste y la Procuraduría General de la República (PGR). Para el gobierno de Felipe Calderón, los cerca de 5 mil trabajadores de diferentes áreas de gobierno –quienes viven en lugares distantes y lo único que los identifica es haber ganado un sorteo para obtener créditos de vivienda– son los que cometieron un fraude que asciende a 570 millones de pesos. Aduce incluso que los trabajadores falsificaron recibos de nómina y constancias de percepciones, y que accedieron (hackearon) el sistema electrónico para manipular su información con el propósito de obtener créditos mayores de los que por ley les correspondían. Con base en ese supuesto, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la PGR y el ISSSTE emprendieron una pesquisa contra los burócratas señalados y comenzaron a intimidarlos en su trabajo y en su domicilio para que aceptaran su delito y se comprometieran a pagar cantidades que con sus salarios son imposibles de solventar. Muchos decidieron ampararse. El pasado 31 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 60/2012, en la que hace notar que el Fovissste violó los derechos humanos de los trabajadores al inculparlos por las fallas y omisiones de los funcionarios del propio organismo.   Nombres del calderonismo   Las escrituras y contratos de compraventa, cuyas copias tiene Proceso, revelan que entre los constructores implicados en el fraude, que comenzó a ser investigado por la SFP desde finales de 2008, figura Salomón Chertorivsky Woldenberg, así como sus socios Gerardo Ruiz Maza Jove y Juan Pablo del Valle Perochena, propietarios de la empresa Grupo Módulo Progresivo. Cuando las viviendas fueron vendidas, Chertorivsky se desempeñaba como director general de Diconsa. Ruiz Maza es consejero de Consorcio Hogar, dedicado a la construcción de viviendas de interés social, dirigido por Paul Davis Carstens, pariente de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda. Del Valle Perochena es hijo de Antonio del Valle Ruiz, a quien relevó al frente del corporativo Kaluz, controlador de Mexichem (contratista petrolero), Mexvi (casas de interés social) y banco BX+, entre otras empresas. Otro desarrollador beneficiado es Constructora Syser, filial de TV Azteca, dedicada también a la edificación de viviendas de interés social. Entre sus desarrollos en el oriente del Estado de México destaca Lomas de Ixtapaluca, donde residen cientos de los trabajadores acusados del desfalco al Fovissste. Una constructora más, Desarrolladora Ke –dirigida por Alfredo Sefami Mizraje, quien dirigió también Casas La Lupita–, tiene por socios a Carlos Romano Misha y Naftoli Mashkin Antokolsky. Romano es consejero propietario en la Asamblea General de Infonavit, en tanto que Mashkin es accionista de Casas Beta del Centro. La compañía de Sefami ha enfrentado acusaciones de despojo de ejidatarios en el Estado de México, protestas de sus clientes en Nuevo León, así como señalamientos de haber obtenido fallos favorables del gobierno mexiquense durante la gestión de Enrique Peña Nieto. La lista sigue: Construcciones Toluca, Pro K, Grupo Metaro, Inmobiliaria y Construcciones. En la comercialización de las casas también participó Class Bienes Raíces. Las constructoras, que ya cobraron por las viviendas, inflaron los precios, como en el caso de Lomas de Ixtapaluca. De acuerdo con los expedientes, los trabajadores adquirieron las viviendas a 524 mil pesos, pero un avalúo reciente muestra que su valor real es de 380 mil pesos.   Sofoles de sexenio   Los créditos fueron tramitados a través de siete Sofoles: Condesa Financiera, ING Hipotecaria, Corporación Hipotecaria, Crédito y Casa, Hipotecaria Bajío, Hipotecaria Su Casita e Hipotecaria Patrimonio. Las tres últimas fueron favorecidas mediante operaciones irregulares por el gobierno de Calderón entre 2006 y 2008, con recursos del otro sistema de seguridad social, el IMSS, de acuerdo con una investigación de la reportera Jesusa Cervantes. Mediante la compra ilícita de certificados bursátiles, durante la dirección de Juan Molinar Horcasitas en el IMSS (2006-marzo de 2009), el instituto destinó miles de millones de pesos a capitalizar de manera ilegal a las mencionadas Sofoles. La información se confirmó con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2010 que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de enero (Proceso 1759, 1763 y 1842). Grupo Ixe emitió los bonos bursátiles que adquirió el IMSS con Molinar, por lo cual cobró una comisión. En Ixe, su hermano Javier Molinar es director general. La familia Carstens también tiene participación en ese consorcio: dos parientes ocupan puestos de alta dirección y cuatro más son miembros del consejo de administración, entre ellos Davis Carstens, director de Consorcio Hogar, donde es consejero Ruiz Maza, el socio de Chertorivsky. De las Sofoles implicadas en el caso del Fovissste, ya desaparecieron, por quiebra, Crédito y Casa, GMAC Hipotecaria y Condesa Financiera. En octubre pasado se anunció que Su Casita entró en liquidación. Por lo que concierne a los sindicatos, el dirigente del DIF, Armando Luna, también se llevó su tajada, pues además de tramitar los créditos, organizaba excursiones a fraccionamientos para promoverlos. A mediados de 2009, ya con el problema encima, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, firmó sin consultar a sus agremiados un convenio con el Fovissste para que se les descontara ilegalmente 50% de sus salarios. La mayoría de los afectados se mantienen ajenos a la federación. Sin fundamento legal, Ayala acuñó el concepto de “crédito en demasía”. En 2011 empezó a llamar a los trabajadores para que pagaran el excedente, amagándolos con denunciarlos penalmente. Y cumplió, al capturar a 41 de ellos en una redada. En enero pasado, el Fovissste hizo una oferta a los deudores: si liquidaban sus pendientes antes del día 30 de ese mes, se retirarían los procesos penales. La mayoría la rechazó, por lo que se intensificaron los acosos. El pasado 11 de septiembre un grupo de trabajadores acudió a la PGR para entrevistarse con Gilberto Zárate, director de Atención a Acreditados de Fovissste. El funcionario les propuso signar el convenio para que obtuvieran “el perdón”. No hubo acuerdo. “No estamos dispuestos a que nos criminalicen por algo que no cometimos. El gobierno de Calderón está criminalizando a los trabajadores, cuando se trata de un fraude que no cometimos. No hemos dejado de pagar, cada quincena nos aparece la deducción”, dijo una empleada de la PGR que pidió el anonimato, pues ya han tenido represalias por inconformarse. Varios de los trabajadores promovieron amparos y ganaron. Los expedientes, cuyas copias tiene Proceso, revelan que, además de la improcedencia de las denuncias, en muchos casos los juzgados ni siquiera entraron al fondo, pues los hechos que la PGR presumía que eran delito estaban prescritos. Es el caso del los trabajadores del Conaculta, Francisca Torres Ponce, José Juan Méndez Velasco, Alejandro Paz Vázquez, Sandra Rodríguez Pérez y Manuel Tirado. El pasado 13 de julio, el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales resolvió el amparo relativo a la causa penal 39/2012, exculpando a los trabajadores por lo “infundado e inoperante” de la consignación. En los expedientes que sí revisaron consignaciones, no se acreditó el delito. En junio, por ejemplo, el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el expediente 15/2012 que ampara al trabajador de la PGR, Jorge Céspedes Ángeles, encarcelado en febrero pasado. El análisis del caso demostró que no existía lucro. Es decir, no se probó la forma en que el trabajador –cuyo sueldo es de 4 mil 400 pesos mensuales– obtuvo un lucro indebido cuando tiene un préstamo que aún no paga. De acuerdo con ese y otros expedientes, destaca que la falsificación de documentos tuvo que ocurrir entre la constructora, la Sofol y el propio Fovissste, pues tenían acceso al sistema informático y estaban obligados a cotejar los documentos.   Fovissste anticonstitucional   En su recomendación 60/2012, emitida el pasado 31 de octubre, la CNDH expone que los derechos de los trabajadores fueron vulnerados por varios motivos, mientras que el Fovissste incurrió en actos ilegales. Entre sus observaciones, la comisión destaca que los trabajadores se apegaron al procedimiento para obtener sus créditos y que, ya detectado el excedente, el Fovissste empezó a descontar 50% del salario, cuando la ley indica que no debe excederse el 30%. Observa también que aun cuando se regularizó el descuento a 30%, nunca se reintegró el dinero rebajado a los trabajadores. Además, lo que el Fovissste denomina “demasía”, no tiene sustento jurídico, ya que al aplicar el descuento de 50% no realizó un procedimiento, por lo que vulneró las garantías de debido proceso y las de audiencia. El ómbudsman también hizo notar que los trabajadores no se niegan a pagar sus adeudos, pero el Fovissste no les ofrece alternativas viables, pues por lo exiguo de sus salarios les resulta imposible pagar en una sola exhibición o con semestralidades elevadas, como pretende el organismo. El 13 de marzo último, al comparecer ante la Cámara de Diputados, el director del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy, admitió: “Pienso que no es una responsabilidad de los derechohabientes. A mí me cuesta mucho trabajo entender que alguien que estaba aspirando a un crédito hipotecario tuviera los conocimientos técnicos (hackear el sistema) del alcance de sus créditos hipotecarios”.