MÉXICO, D.F. (apro).- Los partidos de izquierda representados en la Cámara de Diputados denunciaron que “grupos extraños en coordinación con la Policía Federal” orquestaron los actos vandálicos y los enfrentamientos ocurridos el 1 de diciembre y deslindaron al movimiento #YoSoy132; en tanto que el PAN, PVEM y PRI demandaron que se procese a los detenidos. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados la izquierda reclamó la forma “autoritaria” en que el gobierno entrante enfrentó la manifestación en contra de la asunción de Enrique Peña Nieto al poder federal. Sorpresivamente, en el mismo tono, Nueva Alianza (Panal) sostuvo: “No podemos aceptar que en aras de resolver este asunto de manera mediática se fabriquen delitos y culpables o se quiera estigmatizar a personas o grupos”. En tanto, el PAN y el PVEM emitieron un discurso en defensa del uso de la fuerza por parte de las policías Federal y del Distrito Federal en contra de los manifestantes; y soterradamente hicieron referencia a Andrés Manuel López Obrador como quien instó a los actos violentos que se desarrollaron afuera del Palacio Legislativo en San Lázaro y en las inmediaciones del centro de la capital. “Errada e ignominiosa es la apreciación de algunos que se ufanan de mandar al diablo las instituciones. Los actos vandálicos perpetrados el sábado pasado… no constituyen un reclamo legítimo del pueblo mexicano, no es la voz ni del sufrimiento de la mayoría, ni siquiera de los que sufren”, sostuvo Antonio Cuéllar Steffan, diputado del PVEM, partido que ha asumido la defensa a ultranza de Peña Nieto, incluso, en algunos momentos, más que los propios priistas como quedó demostrado el día 1 de diciembre en el interior de San Lázaro. En 2006, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a Felipe Calderón presidente electo, López Obrador expresó “al diablo con sus instituciones”, lo que le valió ser señalado como alguien que no respeta la ley. La alusión del diputado ecologista verde fue una referencia velada al líder de la izquierda. Todavía más, añadió: “La percepción de los que ven en el esfuerzo de México un Estado putrefacto constituye una visión distorsionada de la realidad, una postura que más bien se ajusta a una agenda de intereses personales en la que quienes la enarbolan se conciben como vencedores en su propósito en la misma medida en la que la mayoría de los mexicanos se tropiezan y pierdan. “Un anarquismo premeditado, cuyo fin perverso consiste en volverse profetas de una desgracia por ellos mismos construida, sueños de gigantismo que han hecho del descrédito, la violencia, la cerrazón y la agresión un modo de operación”. Antes, el representante del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, había dicho que la vocación de muchos diputados de izquierda y del propio movimiento de López Obrador, así como del movimiento #YoSoy132 es pacifista, por ello, el representante del PVEM dijo más adelante que sólo a Gandhi se le atribuye el éxito de la resistencia civil pacífica. Huerta Ladrón de Guevara dijo que para “esclarecer y quitar este clima que ha tensado a la nación” es que se tiene que ver que un “gobierno autoritario implementa estrategias y acciones para someter mediante la fuerza, la amenaza o el chantaje a los disidentes”. Luego detalló cómo opera dicho gobierno autoritario: Primero recurre al uso mediático para permear un ambiente social de violencia en el que sólo una de las partes en el conflicto tiene su visión o punto de vista; luego viene el logístico, en donde hay una presencia abierta y provocativa de las fuerzas armadas, como el ocurrido con las vallas alrededor de San Lázaro. Y finalmente, se muestra la fuerza para inhibir la participación en grupos sociales de oposición. “Si se acepta el dicho de quienes hoy están detenidos y sus familiares, no fueron ellos quienes realizaron actos vandálicos”, afirmó el diputado petista. Reclamó que para legitimarse, todo gobierno debe tolerar el disenso; y el gobierno debe entender que las manifestaciones no tienen por qué ser interpretadas como actos de desobediencia a la ley. Situación muy distinta, aclaró con lo que es la desobediencia civil. El PAN, en su clásico discurso, llamó “turba” a quienes estuvieron en las manifestaciones del 1 de diciembre. El panista Juan Jesús Aquino Calvo dijo desde tribuna: “Sabemos bien que existen actores que no tienen esa vocación democrática y civil, y que aprovechan las libertades democráticas para trastocar la convivencia y sembrar el virus de la confusión en nuestra sociedad. “Las provocaciones no son nuevas ni tampoco espontáneas ni ciudadanas… el pasado 1 de diciembre hubo una turba sin el más mínimo afán de expresarse pacíficamente… las autoridades capitalinas, frecuentemente solapadoras de actores políticos radicales y violentos, no toleraron esta vez los excesos cometidos.” Como el Partido Verde, sin llamar por su nombre a López Obrador, lo acusó veladamente diciendo: “Constituye una amenaza para la vigencia del Estado de Derecho pretender quebrantar o mandar al diablo a las instituciones por quienes, so pretexto de manifestar inconformidades, lastiman a terceros sin la más mínima consideración, poniendo en peligro siempre a los más vulnerables, poniendo en peligro la vida e integridad de personas inocentes.” Le siguió el PRI con un discurso de aparente conciliación. El diputado Arnoldo Ochoa González mencionó que en rechazo a la violencia se debe privilegiar la política, los acuerdos y el consenso, sin embargo sostuvo que su partido rechaza la violencia “como mecanismo de imposición de la voluntad de los menos sobre los más, que no corresponde un modo de relación ni civil ni civilizada. Luego, pidió proceso penal contra los detenidos. “Estimamos indispensable que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho, apegadas al marco legal y constitucional vigentes, que tengan un debido proceso”, luego elogió la actuación de la Policía capitalina y sostuvo que no se debe de atacar “a las fuerzas encargadas de la preservación del orden público”. Ricardo Monreal, integrante del partido Movimiento Ciudadano, llamó la atención sobre los términos utilizados por varios diputados, como, por ejemplo, “la preservación del orden jurídico, el Estado de Derecho, ataque a las instituciones o ataque a la democracia.         Recordó que dichos conceptos llevan irremediablemente al revivir a Díaz Ordaz; y acusó: “Están sacando de los enlatados más arcaicos para justificar actitudes totalitarias, actitudes francamente, francamente insostenibles e inaceptables”. Acusó al exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y hoy subsecretario de Gobernación y encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, de ser hoy “el policía político”, incluso dijo estar acostumbrado a luchar contra “los lambiscones que cambian de color de piel cada vez que la temporada se termina y se inicia la otra”. El diputado del PRD, Roberto López Suárez, hizo alusión a declaraciones de Mondragón en las que señala, supuestamente, a los diputados Monreal, Aleida Alavez y José Luis Muñoz, “como posibles incitadores de la violencia”. El mismo diputado perredista Roberto López Suárez pidió una investigación sobre personas que participaron en la manifestación, vestidos de civil, con guante negro, pues “la Policía Federal en todo momento estuvo en coordinación con ellos, antes y después de los disturbios”. Para sostener su dicho mostró fotografías y videos. Dijo que les preocupa que hoy se quiera criminalizar las manifestaciones; y sostuvo que los detenidos no participaron en los actos vandálicos, sino que fueron infiltrados. Aleida Alavez, quien dijo una y otra vez que sí hubo infiltrados y defendió a los detenidos, denunció que la Policía Federal está afuera del hospital en donde se atiende al profesor de teatro que sufrió un disparo de bala de goma en la cabeza haciéndole perder parte de la masa encefálica, para atender una orden de aprehensión en su contra. “¡Esto es un absurdo!”, reclamó. La izquierda demandó la liberación de los jóvenes, una investigación para detectar a quienes fueron los que provocaron el caos, castigo a los miembros de la policía que incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, en tanto que el PRI que se les procesen y PAN y PVEM culparon a López Obrador de estar detrás de los hechos violentos.