MÉXICO, D.F., (apro).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, tendrá su primera prueba de fuego con la denuncia que interpuso la defensa legal del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizado y lavado de dinero, contra su predecesora, Marisela Morales Ibáñez. Según la querella presentada ante la PGR por el representante legal del exmandatario tamaulipeco, el penalista Diego Hernán Arévalo Pérez, la exprocuradora que, a decir del propio Murillo Karam, “desmanteló” a la PGR, y sus subordinados ordenaron catear y aseguraron algunas propiedades de su cliente en el estado de Tamaulipas y en el Distrito Federal sin ninguna orden judicial. Luego de confirmar que existe una orden de aprehensión en contra de Yarrington por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el penalista aseguró el exgobernador demostrará su inocencia. Además, sostuvo que los cargos que pesan en contra de su cliente están sustentados en dichos de testigos protegidos, cuyas imputaciones ya fueron desmentidas en otros procesos, como una persona identificada con la clave de Pitufo. Este sujeto es el mismo, dijo, que declaró en contra del excomandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y cuyos dichos fueron desechados por un Tribunal que finalmente absolvió al exfuncionario de la SSP que ahora busca su reinstalación. Sobre la ubicación de Yarrington, Arévalo Pérez comentó que se encuentra en territorio nacional e informó que sólo espera desvirtuar en los tribunales las acusaciones en su contra para dar su versión de los hechos a la prensa. El penalista acusó también a la PGR de negarle el derecho a consultar la averiguación previa iniciada contra su cliente. Por lo pronto, la PGR ya sufrió un revés en el caso, luego de que el Juez Segundo de Distrito en materia penal de Tamaulipas, Alejandro Palomares, se negó a librar una orden de aprehensión en contra del empresario Fernando Cano Martínez, quien es considerado como el “lavador” de Yarrington. El juzgador estimó que los imputaciones de los testigos protegidos Oscar, Pedro, Ángeles, Pitufo, Yeraldin y Rufino, eran “insuficientes” para librar la orden de aprehensión. Curiosamente, la justicia estadunidense tuvo otro criterio en el mismo asunto y si concedió una orden de captura contra el presunto socio del exgobernador de Tamaulipas. En el caso Yarrington, la PGR también implica a las siguientes personas: Napoléon Rodríguez de la Garza, quien fue detenido, pero después fue liberado; Eduardo Rodríguez Berlanga, quien vivió el mismo proceso, fue detenido y liberado posteriormente, y Sonia de Pau García, esposa de Cano, detenida y liberada después de colaborar con la PGR.