MÉXICO, D.F. (apro).- Univisión, la cadena hispana de televisión más importante de Estados Unidos, en donde Televisa tiene una considerable participación accionaria y provee 70% de los contenidos, aportó nuevos indicios que apuntalan las sospechas de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari se encuentra detrás de la demanda interpuesta ante una corte estadunidense por familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal de 1977 contra el también exmandatario Ernesto Zedillo. De acuerdo con la investigación realizada por los reporteros Esteban Román y Gerardo Reyes, después de 14 años los indígenas contactaron a una firma de abogados corporativos de Miami para demandar a Zedillo, a quien exigieron 50 millones de dólares por daños causados por “crímenes de guerra”. El reportaje, retransmitido por Televisa, cuyo dueño, Emilio Azcárraga es íntimo amigo de Salinas de Gortari, destaca un hecho: Los abogados en Miami que representan a las víctimas están especializados en asuntos corporativos y jamás han llevado un caso de derechos humanos. Además, subrayan el hecho de que hasta ahora se haya mantenido en secreto la identidad de los demandantes. La investigación de Univisión refiere que Roger Kobert y Marc Pugliese, miembros de la firma Rafferty, Kobert, Tennenholtz and Hess, PA, aseguraron que no están cobrando a las víctimas y que tomaron el caso conmovidos por la injusticia. Pugliese, agregó, que conoce a Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de Carlos Salinas y quien defendió al hermano del expresidente contra cargos de lavado de dinero y homicidio en México. Según el reportaje, el litigante también es amigo desde hace al menos una década del socio principal de Collado en Miami, Gustavo García-Montes, de acuerdo con una agrupación católica local y según las cuentas de Facebook de ambos. Y más: éste último es representante legal de Juan José Salinas, sobrino del expresidente, en empresas que operan en Estados Unidos. En su investigación, Román y Reyes recordaron que el expresidente Zedillo, conocido por ser pieza clave en la transición democrática de México, respondió el 13 de noviembre pasado a la demanda de los 10 indígenas. En el documento, argumentó que el Departamento de Estado ya le había concedido inmunidad, por lo que la Corte en Connecticut, donde él tiene residencia, no tiene facultades para juzgarlo. Al respecto, el representante legal de las víctimas que sí están identificadas en México, Víctor Hugo López –director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas–, manifestó que será el juez federal en Estados Unidos quien decida si Zedillo puede o no ser juzgado. En cualquier caso, eso no hará diferencia en la búsqueda de justicia, apuntó. “Si Zedillo perdiera este juicio en Estados Unidos y tuviera que desembolsar la cantidad millonaria que le están exigiendo, para nada representa para las víctimas y para este centro de derechos humanos una reparación del daño”, refirió el pasado 22 de noviembre.