TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– En medio de marchas y bloqueos a carreteras y toma de edificios públicos, como el Congreso del estado, este jueves, por fin, Chiapas fue declarada “comunidad segura” Pospuesta desde el pasado 30 de octubre, la ceremonia de designación fue encabezada por el gobernador Juan Sabines; Marcos Fastlicht, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, AC ---Centro Afiliado de Comunidades Seguras México--, y contó con el aval, desde Suecia de Leif Svanström, fundador y líder mundial de Comunidades Seguras. “Esta distinción no significa que Chiapas esté libre de delitos, sino que, más bien, se reconoce al trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanos en materia de prevención de accidentes, violencia y ambientes de riesgo a través del diseño de una cultura de autocuidado, denuncia y legalidad”, aclaró el organismo certificador en su página en internet, ante la polémica que se generó en torno al caso. Señaló que “la certificación del estado de Chiapas como comunidad segura muestra la capacidad para construir acuerdos que involucran a los ciudadanos, sector privado, organizaciones y sociedad civil para la seguridad y bienestar de la población”. En el evento de hoy se firmó el manifiesto y se entregó la placa a Sabines Guerrero, quien estuvo acompañado de su sucesor, el gobernador electo Manuel Velasco Coello. Los certificadores dijeron que “comunidades seguras es un modelo de intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control y la prevención de las lesiones y la violencia basado en la comunidad”. La característica fundamental de este programa, agregaron, es la creación de una infraestructura local para la prevención de las lesiones y la promoción de la seguridad: “Este esquema promueve la cooperación entre los diferentes actores de una comunidad, entre ellos las agencias gubernamentales, el sector privado, las organizaciones comunitarias y los miembros de la sociedad civil.” Hubo conferencias sobre prevención de la violencia, promoción de la salud, previsión de accidentes y lesiones, promoción de seguridad, desarrollo comunitario y medio ambiente, temas que se toman en consideración para la certificación. El evento estuvo lleno de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), quienes llegaron no sólo de las oficinas en la capital del estado, sino desde todas las regiones de Chiapas. A la par de este acto, un grupo de transportistas que demanda concesiones de transporte público de pasaje y de carga, tomó la sede del Poder Legislativo y eso provocó que los diputados locales suspendieran la sesión ordinaria, por vez primera desde que tomaron posesión hace tres meses. Ante la falta de quórum, pues muchos diputados no pudieron ingresar, se convocó a la sesión extraordinaria para el sábado 8, donde se le tomará la protesta al gobernador electo de Chiapas, Manuel Velasco Coello en otro recinto acondicionado para ello. En tanto, en San Cristóbal de Las Casas, unos 29 campesinos fueron capturados bajo engaños cuando iban a una supuesta mesa de negociaciones tras la invasión al predio El Ellar, en el norte de esa ciudad, rumbo a la salida de San Juan Chamula. El procurador Raciel López Salazar dijo hoy que se cumplimentaron unas órdenes de aprehensión en contra de seis personas que estaban involucradas en relación a esos hechos; y agregó que éstas ya se encuentran a disposición del juez para que se inicie el proceso correspondiente. Aun cuando los indígenas ya habían empezado a desalojar el predio El Ellar antes de que llegara la policía estatal, el procurador dijo “que se aplicará todo el peso de la ley”. Otro grupo de la Organización Popular del estado de Chiapas (OPECH), tomó la Secretaría de Transportes para pedir al gobierno de estatal que sea incluida en la asignación de concesiones de transporte urbano para pasaje y de carga.