VALPARAÍSO (apro).- El descubrimiento de sobornos relacionados con la acreditación de universidades privadas ha provocado el cuestionamiento de las bases mismas del modelo neoliberal de educación superior creado en la década de 1980. Los hechos se han sucedido con tal velocidad que a dos semanas de que estalló el escándalo ya dos exrectores de universidades se encuentran en la cárcel, con altas probabilidades de de que la cifra aumente en los próximos días. Peor aún, el hasta hace poco director de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Díaz, también se encuentra en la cárcel acusado por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Su caso fue “formalizado” el pasado 28 de noviembre por el fiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, tras comprobar que Díaz recibió sobornos por cerca de 600 mil dólares de parte de universidades que buscaban ser certificadas mediante espurios mecanismos. El 31 de enero pasado, el Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper) había escarbado en las irregularidades de la CNA en el reportaje Sistema de acreditación universitario bajo sospecha por polémico contrato. Allí dio a conocer que Díaz firmó un contrato secreto de asesorías por 120 mil dólares con la Universidad del Mar. Según consta en el documento de imputación realizado por el fiscal Gajardo, Díaz firmó contratos de asesorías para "encubrir la verdadera finalidad y naturaleza de los pagos, que no era otra que favorecer indebidamente la acreditación de la Universidad del Mar". Estos contratos, que no fueron informados a la CNA como exige la ley, se signaron el 20 de enero de 2011 entre la citada Universidad representada por el socio Héctor Zúñiga y la empresa Sociedad Gestión Ltda., propiedad de Díaz. Díaz realizó acuerdos de la misma índole con otras seis instituciones de educación superior entre las que se encuentran las universidades Pedro de Valdivia (UPV), SEK y Bernardo O’Higgins. En 2010, cuando el ahora encarcelado Luis Díaz encabezó la CNA, 31 entidades de educación superior --entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales-- consiguieron acreditarse. Ninguna fue rechazada. En esta causa de cohecho, soborno y lavado de activos están procesados y cumpliendo penas de prisión preventiva, además de Díaz, los exrectores Ángel Maulén (UPV) y Héctor Zuñiga (U del Mar). El rector de la Universidad SEK, Jorge Segovia, está citado a declarar pero hace un mes que está en España. Ha dilatado hasta ahora su regreso. Es curioso esto si se considera que Segovia es también presidente de Unión Española, club que milita en la Primera División del futbol chileno, que por estos días disputa la final –en dos partidos-- de este campeonato. La CNA es una institución autónoma del Estado encargada de asegurar la calidad de las instituciones de educación superior. Su papel es muy importante para el funcionamiento del actual modelo de educación, ya que el Estado les entrega a las instituciones acreditadas ingentes recursos –sin distinguir públicas de privadas-- a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), que posibilita que cientos de miles de estudiantes sin recursos económicos accedan a la educación superior. Sin embargo, para los 847 mil estudiantes de educación superior que hay en Chile, el sistema de acreditación se está revelando como una gran estafa. Esto debido a que los certificados entregados por la CNA significan –o significaban-- una garantía en orden a que las instituciones en las se matriculan cuentan con la calidad necesaria que les permita desarrollarse profesionalmente y que justifique gastar las decenas de miles de dólares que cuesta una carrera profesional en Chile. La educación chilena –según han señalado numerosos organismos como la propia OCDE y el Banco Mundial-- está entre las más caras del mundo. En junio pasado la Comisión Investigadora del Lucro en la Educación, de la Cámara de Diputados, emitió un lapidario informe cuya conclusión central es que al menos siete universidades privadas han vulnerado la ley que prohíbe el lucro en educación. Los diputados señalaron que las universidades hicieron esto valiéndose de subterfugios legales como el uso de sociedades relacionadas que arriendan a muy altos precios la infraestructura a las universidades; pagando altos sueldos a los directivos; y mediante el alza reiterada y sin control de aranceles. El informe, de casi 500 páginas, confeccionado en 7 meses de investigación, sostiene que “teniendo facultades para hacerlo, en 30 años el Estado no ha realizado ninguna fiscalización, auditoría o simple revisión para determinar la existencia de lucro en alguna de las instituciones privadas (…) El Estado ha tenido y tiene, una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación”. La citada Comisión señaló que “el actual sistema de educación superior data de los años ochenta cuando la dictadura cambió el modelo institucional de educación superior hacia un modelo donde se privilegia la libertad de enseñanza, entendida como libertad para realizar emprendimientos educativos”. A pesar de la contundencia de los antecedentes reunidos, el pleno de la Cámara de Diputados lo rechazó, con votos de la derechista Coalición por el Cambio, por 46 votos contra 45. No obstante, tras el escándalo por el pago de sobornos a cambio de acreditaciones, las conclusiones de este informe han saltado nuevamente a la palestra. Control de daños Este escándalo supone un duro golpe para el sistema educacional imperante en Chile, el que está severamente cuestionado desde que, en 2011, millones de jóvenes y sus familias salieron a las calles a protestar pidiendo educación gratuita y el fin del lucro. Diversas encuestas coinciden que las demandas estudiantiles son respaldadas por cerca de un 80% de la población. Declaraciones vertidas a la prensa por el fiscal Gajardo permitieron dimensionar la gravedad de la situación: “Es un hecho indubitado que el Sistema de Acreditación de las universidades en Chile está en serio riesgo y crisis por la conducta que han mantenido los imputados, que además configuran delitos. Su conducta delictiva ha provocado un grave daño a la institucionalidad académica y eso es innegable”, según consignó el sitio Terra.cl el pasado 30 de noviembre. Conscientes de esta situación, importantes líderes políticos, empresariales, además de organismos internacionales, se han apresurado en pedir cambios que reviertan el descrédito del modelo de educación chileno. El diario La Tercera dio a conocer el 29 de noviembre las propuestas entregadas a este respecto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que fueron hechas en respuesta a consultas del Ministerio de Educación alertado por la gravedad del problema. La OCDE sostuvo que Chile necesita garantizar “un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad en forma urgente”. El citado organismo propuso reemplazar la CNA por una Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, autónoma y con miembros de dedicación exclusiva. Actualmente, en el consejo de la CNA –de 15 miembros-- participan delegados nombrados por las propias universidades privadas que buscan acreditarse. La OCDE recomendó también restringir las declaraciones de “autonomía” entregadas a las universidades desde la década de los noventa cuando gobernaba la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia. Las universidades privadas que consiguieron ser declaradas autónomas quedaron libradas de acreditar calidad y se dedicaron a aumentar descontroladamente las matrículas de estudiantes para así incrementar sus ganancias. Según Ciper, la Universidad Andrés Bello, que en 1999 cuando consiguió la autonomía tenía 6 mil 600 alumnos, un año después recibió a 10 mil 800; la Universidad San Sebastián pasó de tener 2 mil 400 alumnos a 6 mil 400 en dos años. La Universidad Autónoma pasó de 2 mil 300 alumnos a 5 mil 500 en un año. El gobierno reaccionó a esta crisis anunciando el envío en pocas semanas de un proyecto de ley que crea un nuevo sistema de acreditación, según anunció el 28 de noviembre el ministro de Educación, Harald Beyer. Diversos rectores de universidades estatales se han quejado en los últimos días que este ministro en ningún momento les ha consultado respecto a los enfoques y contenidos de este proyecto. El pasado viernes 7, en el contexto de la entrega de la cuenta pública de su Ministerio, Beyer mostró que sus propuestas ante la crisis no irán en la línea de satisfacer las demandas de los estudiantes: “mientras yo sea ministro no habrá gratuidad en educación”, afirmó con soberbia. Los estudiantes En entrevista con Apro el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Fabián Araneda, expresó que “con los sobornos en las acreditaciones ha quedado comprobado que las universidades privadas, orientadas por el lucro, no son capaces de sustentar un proyecto serio en educación”. Agregó: “Ha quedado establecido cómo el negociado en las universidades se da sin ninguna regulación. Y que cualquier universidad puede abrir carreras, quedarse con las lucas (los dineros) del Estado y los estudiantes, y no ofrecer nada a cambio. Es lo que sucede con la Universidad del Mar que después de variados problemas ahora apuesta a cerrar dejando a 17 mil estudiantes sin educación con el agravante que el Estado tampoco se va a hacer cargo del problema.” Araneda, que acaba de reemplazar en sus funciones a la afamada Camila Vallejo, propone que el Estado se haga cargo de la educación “la que –en su parecer-- no debe apuntar al lucro, sino al desarrollo del país”. El dirigente señaló también que los estudiantes están “apostando a fortalecer la educación pública” con la finalidad “que cualquier estudiante que quiera entrar a la universidad o a cualquier instituto de educación superior, tenga garantizado que va a tener una buena educación”.