MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado jueves 13 asumió la titularidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, en sustitución el diplomático Alfonso de Maria y Campos, quien tuvo una gestión por demás polémica prácticamente desde su comienzo. Al igual que Rafael Tovar y de Teresa en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Arroyo ocupa por segunda vez la dirección general del INAH. La primera fue a partir del 8 de diciembre de 2000, durante la administración de Sari Bermúdez al frente del Consejo. Presentó su renuncia a principios de abril de 2005, en una carta en la cual señaló el grave deterioro en el ejercicio de gobierno en el subsector cultura “donde la incondicionalidad y la obediencia ciega han querido sustituir al diálogo y al respeto”. Y evidenció que el INAH estaba “convertido en un expendio de servicios”. Al momento de su renuncia, el etnólogo recibió el respaldo de miembros de la comunidad artística e intelectual. Se le reconoció haber parado la construcción de un estacionamiento en la zona de monumentos históricos de la ciudad de Puebla y haber presentado una querella contra la Minera San Xavier, que hace años explota oro y plata con el método de tajo a cielo abierto en el poblado histórico de San Pedro en San Luis Potosí. Sin embargo, su gestión no fue impecable. Estuvo manchada por asuntos como la demolición del Casino de la Selva en Cuernavaca, donde se denunció la existencia de restos arqueológicos en la zona conocida como Gualupita; la autorización para la Cumbre Tajín 2000, que ahora se celebra anualmente; o la construcción de un Wal-Mart en Teotihuacán, entre otros asuntos. Pero su retorno parece tener el beneplácito de algunos intelectuales e investigadores del propio INAH. Y es que el saliente director, De Maria y Campos, acumuló más casos relacionados con daños al patrimonio arqueológico e histórico, entre ellos su negativa a pronunciarse en contra de los trabajos de la Minera San Xavier, como se lo solicitaron especialistas de la Dirección de Estudios Históricos del instituto. Luego, en diciembre de 2007, comenzaron trabajos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán para instalar lo necesario para el espectáculo de luz y sonido Resplandor Teotihuacano, que se supone redituaría 70 millones de pesos anuales. El director se amparó en la resolución del Consejo de Arqueología para autorizar el proyecto, que tuvo como resultado la perforación en las pirámides del Sol y de la Luna. El proyecto sólo pudo suspenderse definitivamente con la orden de un juez, luego de la movilización de los propios trabajadores del INAH. Cuando se dio el cambio de relevó de Consuelo Sáizar por Sergio Vela en la presidencia del Conaculta, parte de la comunidad cultural esperaba la salida de De Maria, pero la extitular del Fondo de Cultura Económica lo ratificó en el cargo. El mismo año, el funcionario fue cuestionado por haber apoyado junto con el Consejo de Promoción Turística de México, la participación de la pirámide de Kukulcán de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, en Quintana Roo, en el certamen para elegir a las siete nuevas maravillas del mundo organizado por el empresario suizo Bernard Weber. La propia UNESCO descalificó en su momento el concurso por considerar que no tenía nada que ver con los lineamientos de conservación del patrimonio cultural. Dos modelos De la misma manera, se permitió que, con fines turísticos, creciera el mito de que los mayas habían predicho el fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012, en lugar de divulgar con mayor amplitud los conocimientos sobre esa civilización, resultado de investigaciones de los especialistas del propio INAH o de otras instituciones. Y más polémicos y hasta escandalosos resultaron los últimos años de su administración, con la autorización --promovida por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle--, para intervenir la Zona de Monumentos Históricos de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, que a decir de investigadores, arquitectos, restauradores y trabajadores del INAH resultó en la “adulteración, tergiversación y privatización del emblemático espacio histórico-natural de la Batalla de Puebla”. También circuló la información de que el paisaje de la zona se alteraría con la construcción de estacionamientos concesionados, locales comerciales y áreas de recreación “sujetas a pago, que no dignifican, ni respetan la importancia simbólica del territorio de la célebre Batalla de Puebla contra el invasor ejército francés”. Otro acto considerado por los especialistas del INAH como “malentendida y trasnochada modernidad”, fue la demolición en el centro de la ciudad de Hidalgo del Parral en Chihuahua, de un conjunto de siete edificios históricos, ubicados frente al Palacio de Alvarado, con el fin de crear una plaza-explanada y “mejorar el entorno turístico”. Se alteró la traza urbana de la ciudad, considerada un legado histórico, y además las demoliciones se hicieron luego de que se había pedido a arquitectos peritos del propio INAH un dictamen en el cual establecieron que no debían demolerse, sino que las obras de infraestructura en la localidad deberían ser encaminadas para “su conservación y fortalecimiento” Tras la devastación los peritos lamentaron: “Estamos ante un inusitado caso de devastación del patrimonio cultural edificado del antiguo Real de Minas de San José del Parral, en el municipio de Hidalgo del Parral, en el fronterizo estado de Chihuahua, impulsado por el mismo gobierno estatal. Esto, aun cuando se ha dado una tardía y muy limitada actuación del INAH para contener dichos embate.” Se deben mencionar también las afectaciones al basamento prehispánico en la Zona Arqueológica de Tzintzuntzan, en Michoacán, sobre el cual se construyó un museo de sitio. Los investigadores, arquitectos y trabajadores del INAH denunciaron como el principal impulsor del proyecto al propio extitular del ejecutivo, Felipe Calderón, pues --narró el historiador Felipe Echenique-- en una ocasión visitó la zona arqueológica y le molestó el estado en el cual la encontró. Llamó a De María para exigirle una explicación y así nació el proyecto de creación de un nuevo museo. Para el académico el problema global es que desde el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari se ha concebido al patrimonio arqueológico e histórico como un recurso económico y se ha pretendido disociarlo del modelo educativo y cultural que dio origen a la creación del INAH en el gobierno de Lázaro Cárdenas: “Sí, es la confrontación de esos dos modelos: el de nosotros que creemos en el sistema educativo, la formación cívico-histórica, el conocimiento, la reflexión del pasado para construir mejores futuros, y los otros, los de la explotación donde les anda valiendo madres todo lo demás y quieren sólo la utilización del bien como un recurso económico.” De Maria se va sin rendir cuenta de su gestión, quizá --en tanto que forma parte del Servicio Exterior Mexicano-- hasta se le asigne a una embajada o representación en el extranjero, o a un nuevo cargo en la administración pública. En tanto habrá que ver si el proyecto del etnólogo Arroyo representa un viraje en la política que él mismo criticó en su primera renuncia.