MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) acusó a la extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y al actual procurador Jesús Murillo Karam de mantener en la impunidad los abusos cometidos contra tres indígenas detenidas y acusadas injustamente de “secuestrar”, en 2006, a miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El abogado del Centro Prodh, Leopoldo Maldonado, informó que el proceso de reclamación por los daños ocasionados a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornejo –liberadas entre 2009 y 2010--, quienes fueron sometidas a un juicio injusto, continuarán en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, luego de que la PGR se negara a indemnizar las tres indígenas. En entrevista, Maldonado recordó que el 12 de diciembre la directora de Juicios Federales de la PGR, Verónica Soto Soto, emitió tres dictámenes por los que negó el derecho de las indígenas a reclamar una indemnización por haber sido sometidas a un proceso judicial injusto, en el que fueron sentenciadas a 21 años. Gracias a la presión internacional y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jacinta fue liberada a finales de 2009, y Alberta y Teresa un año después. “El 17 de diciembre nos fue notificada la determinación de la PGR sobre los expedientes individuales (PGR/DJF/PRP/23/2010; PGR/DJF/PRP/04 y PGR/DJF/PRP/03/2010 (de Jacinta, Alberta y Teresa, respectivamente), que es la misma en los tres, en el sentido de que no hay sustento para otorgar la indemnización por responsabilidad patrimonial; que no están probados los daños causados por la actuación de la dependencia en detrimento de la señoras y que tampoco se acreditó una actuación irregular por parte de la PGR; que actuaron siempre en apego a derecho”, explicó. Maldonado añadió que en su respuesta la funcionaria de la PGR “se escudó en que las actuaciones de la dependencia fueron avaladas por el juez federal Rodolfo Pedraza; y delegó en éste toda la responsabilidad por haber obsequiado la orden de aprehensión”. El abogado del Centro Prodh resaltó que en las demandas que presentaron ante la PGR, “lo que quedó demostrado fue que en la averiguación previa, integrada por Gerardo Cruz Bedolla, hay múltiples inconsistencias, contradicciones entre los agentes supuestamente secuestrados y los testigos de los hechos, sin contar que las víctimas aparecen en la averiguación como víctimas, testigos e investigadores”. Para el defensor, en los casos de las indígenas se evidencia que hay responsabilidades tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo. “En el caso del poder judicial, el problema en México es que no hay mecanismos de reparación efectivos; no se puede reclamar lo que se conoce como error judicial, no existe esa figura, pero se documentó la actuación irregular ante la Judicatura Federal y hasta ahora no tenemos información de que el juez Pedraza haya sido sancionado.” En el caso de la procuración de justicia, apuntó, “existe la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que permite la indemnización, pero por lo que vemos no hay voluntad de dar solución a las demandas presentadas, por lo que la lucha se enfocará ahora en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”. Leopoldo Maldonado contó que en las señoras hay un “desgaste muy evidente, más que nada porque la PGR sigue sin reconocer públicamente que cometió un grave error y tampoco reconoce que son inocentes, siguen siendo revictimizandas, aunque salieron por desvanecimiento de pruebas”. Sobre el proceso de reparación de daños, dijo que en octubre de 2011 se cerró la instrucción del juicio en el periodo de defensa y desde entonces no se había movido la averiguación previa. Sólo “se nos presentaron los relevos de los funcionarios que encabezaban esa dirección en tres ocasiones, y a la última señora, Verónica Soto, nunca la conocimos”. Recordó que antes de que salieran libres las tres indígenas, la CNDH emitió la recomendación 49/2009, que fue rechazada por el último titular de la dependencia federal, Arturo Chávez Chávez. El documento firmado por el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva fue utilizado como prueba a favor de las indígenas. Leopoldo Maldonado insistió en que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son responsables de la falta de justicia para las señoras. “La administración saliente por el retardo en la tramitación del caso y por dar largas a una exigencia de justicia; y la nueva administración, por aparentar no darse por enterada de lo que ocurre, pero no se puede deslindar la resolución en la que se niega a Jacinta, Alberta y Teresa, otorgarles su indemnización”. Refirió que la gestión que inicia de Murillo Karam no puede alegar el desconocimiento de la recomendación 49/2009 que, “aunque fue rechazada por la PGR, pone en evidencia las fallas procesales de los juicios seguidos contra las señoras, es más el documento fue integrado en la solicitud de intervención de la SCJN y en la demanda de responsabilidad patrimonial”.