Habla Caro Quintero

Chile: Rebelión ambientalista

VALPARAÍSO (apro).- A fines de este 2012 la resistencia a megaproyectos contaminantes que por años han sostenido numerosas comunidades en la región de Atacama (norte de Chile) ha derivado en un verdadero alzamiento popular en el Valle del Huasco bajo.

El polvorín estalló el pasado 1 de diciembre. Ese día la secretaria regional de Salud de Atacama, Liliana Sandoval, ordenó la reapertura de la planta faenadora de cerdos de Freirina, propiedad de Agrosuper. Hizo esto sin que se resolvieran los problemas sanitarios y de mal olor que esta planta originaba.

La misma autoridad había decretado el 23 de mayo anterior, luego de grandes protestas, el cierre de la planta, lo que debía implicar la evacuación de los 500 mil cerdos, medida que nunca se cumplió a cabalidad.

La reapertura ocasionó enojo entre los freirinenses, quienes protagonizaron una verdadera rebelión contra el orden central. La casi totalidad de sus 10 mil habitantes, incluyendo el recientemente electo alcalde socialista César Orellana, salió a protestar y bloquearon las calles y carreteras. Los más decididos asaltaron la planta de Agrosuper, rompiendo y quemando las oficinas de administración y las casetas de los guardias.


La sublevación alcanzó frutos. El 10 de diciembre, mediante comunicado público, Agrosuper anunció el cierre “indefinido” de sus faenas. En todo caso, los freirinenses aminoraron sus protestas sólo cuando recibieron por escrito de parte de la ministra de Medio Ambiente, Ignacia Benítez, el plan de cierre de la empresa.

Con cerca de 600 millones de dólares invertidos, la faenadora de cerdos de Freirina era ya la más grande de su tipo en América Latina y proyectaba ser la más grande del mundo. Sin embargo, al momento de construir esta planta, no se consideró la fragilidad ambiental del territorio en que se emplazaría, donde el agua es un bien muy escaso.

Agrosuper, del empresario Gonzalo Vial Vial, es una empresa que factura anualmente mil 100 millones de dólares. Entre las marcas que usa Agrosuper se cuenta: Super Pollo, Super Cerdo y Super Salmón. El conflicto con su planta de Freirina no es una excepción puesto que en todos los lugares en los que se ha emplazado esta empresa, se han provocado problemas con las comunidades afectadas por su presencia. Malos olores y apropiación del agua son los problemas más recurrentes.

Falsas promesas

Cuando en noviembre de 2010 se inauguró la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina, nadie se imaginó que en dos años sería cerrada por los vecinos de esta tranquila y tradicional comunidad del “norte chico”. Los gerentes de Agrosuper y las autoridades presentaron a este nuevo vecino como el portador de un destino luminoso para Freirina y para todo el valle del Huasco.

La inversión supondría la contratación de más de 3 mil trabajadores y la conexión productiva de esta zona del país con el resto del mundo a través de la exportación de “carne de excelencia” que llegaría a los “mercados más exigentes”.

El gerente general de Agrosuper, José Guzmán, afirmó en la ceremonia de inauguración que el proyecto se desarrollaría en esta región porque “es una zona que cuenta con todas las características geográficas, climáticas, hídricas, de infraestructura y de recursos humanos necesarios para desarrollar una zona agroindustrial en equilibrio con el entorno”.

Guzmán fue más allá. Sostuvo que la planta contendría tecnología de punta para el tratamiento de aguas y riles (residuos industriales), lo que permitiría su reutilización para el riego agrícola. Ninguna de las promesas hechas por los emisarios del empresario Gonzalo Vial se cumplió.

La implantación de Agrosuper en el valle del Huasco implicó “la pérdida de toda nuestra tranquilidad”, afirmó una anciana vecina de Freirina en Radio Profeta de aquella localidad.

A principios de este 2012 el olor a excremento se hizo insoportable en Freirina. Esto motivó gestiones de pobladores en pos de una solución. Como los reclamos fueron desoídos por las autoridades sanitarias, políticas y de la propia empresa, el malestar derivó en severas protestas.

El 18 de mayo los manifestantes quemaron dos vehículos policiales en los exteriores de la planta de Agrosuper. Esto ocurrió luego de que un gran contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, proveniente de distintos puntos del país, irrumpiera en Freirina con el fin de aplastar este levantamiento y desbloquear los caminos y carreteras que mantenían aislada a la ciudad y a la citada planta, la que no podía abastecerse de alimentos y otros insumos.

Los vecinos pedían el cierre inmediato de la planta. Se quejaban no sólo de la putrefacción sino también de la apropiación del agua de las napas subterráneas realizada por la empresa que había dejado sin este vital elemento a campesinos y crianceros.

Fue entonces que las autoridades sanitarias de Atacama decidieron cerrar la empresa de Agrosuper aunque, como luego se demostró, sería sólo una maniobra comunicacional para calmar las aguas.

La autoridad sanitaria también declaró entonces la alerta ambiental debido a que la mortandad de cerdos –ocasionada tras varios días de protestas y bloqueos en que los animales no fueron alimentados ni aseados– amenazaba gravemente la salud de la población.

Punta Alcalde

Sin considerar la ira contenida y mostrando que el criterio político no es lo suyo, dos días después del anuncio de reapertura de la planta de cerdos, el presidente Sebastián Piñera, a través del Comité de Ministros relacionados con materias medioambientales, decidió aprobar la construcción de la central termoeléctrica Punta Alcalde, que se emplazaría en el puerto de Huasco, cerca de Freirina. Acogía de esta manera la solicitud de la empresa de electricidad Endesa, propiedad de la estatal italiana ENEL, impulsora de este proyecto.

Con su decisión, el Comité de Ministros revertía la determinación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama (CEA), que el 25 de junio había resuelto –por ocho votos contra dos– rechazar la construcción de esta central. El intendente de la Región de Atacama Rafael Prohens argumentó entonces su posición contraria a este emprendimiento: “El proyecto tenía dos grandes falencias: no haber dado respuesta a la contaminación atmosférica ni al efecto que tendría en el mar el agua (contaminada y caliente) que lanzaría la empresa”.

La señalada termoeléctrica aportará –de construirse– 740 megavatios de energía al Sistema Interconectado Central (SIC). Esta energía es indispensable para la puesta en marcha de grandes proyectos de mineras transnacionales que se están construyendo, como Pascua Lama y Caserones, los que constituyen otras severas amenazas al medio ambiente de Atacama.

Punta Alcalde se emplaza a 30 kilómetros de Freirina. El valle del río Huasco marca la frontera sur del desierto de Atacama, y el puerto del mismo nombre está a sólo medio centenar de kilómetros de dos valiosos reservorios naturales que se verían afectados por la termoeléctrica: el Parque Nacional Llanos de Challe y la reserva nacional Pingüino de Humboldt.

Esta inconsulta y centralizada determinación de los ministros de Piñera provocó que, al igual que en Freirina y en los mismos días, Huasco se levantara contra el poder central. Los días más violentos fueron entre el 5 y el 10 de diciembre, en los que la situación se tornó incontrolable para las fuerzas policiales.

En Huayco, unas 2 mil personas expulsaron –la noche del lunes 10– al numeroso contingente policial que pretendía aplacar a una ciudad que estallaba en llamas.

Cabe señalar que en mayo pasado, Huasco fue declarada por el Ministerio de Medio Ambiente en la categoría como Zona Latente por Material Particulado (PM10), luego de comprobarse que las concentraciones anuales de material particulado durante tres años consecutivos superaban en 80% el límite establecido por la norma. En ese entonces las organizaciones sociales y ambientalistas creyeron que con eso las autoridades no aprobarían la instalación de nuevos proyectos contaminantes. Pero no fue lo que ocurrió.

Hace 40 años se construyó junto al puerto de Huasco la altamente contaminante planta de pellets de acero de la Compañía Minera del Pacífico (CMP). En 1995 comenzó a operar la termoeléctrica Guacolda, que ha quintuplicado desde entonces su producción, aumentando la pesadilla de los habitantes de esta –hasta hace poco– hermosa y apacible localidad costera.

En 2001, cuando el ministro de Economía era Jorge Rodríguez Grossi –exgerente de Guacolda– y el presidente era Ricardo Lagos Escobar (socialista), el gobierno aprobó el uso del cancerígeno pet coke como combustible de esta central.

La zona de Huasco está considerada por las agrupaciones ambientalistas, como una “zona de sacrificio”, debido a la contaminación que la afecta y considerando el intento de las autoridades de seguir instalando allí proyectos contaminantes.

Anhelos de un luchador

En entrevista con Apro, el vocero del movimiento socioambiental del valle del Huasco y de la Brigada SOS Huasco, Juan Carlos Labrín, relató que en su territorio las protestas contra la contaminación existen “desde hace harto tiempo pero nunca habían sido tan masivas como las recientes”.

El detonante de la furia –expresó– fue la violencia con que actuaron las fuerzas especiales de Carabineros: “Entraron a las poblaciones golpeando gente, incluyendo mujeres y niños; dispararon bombas lacrimógenas a las casas. Esto provocó que la población completa, miles de personas, saliéramos unidos a expulsar a los policías opresores. Y lo logramos, lo que nos llena de satisfacción y orgullo”.

Labrín contextualizó el problema de su pueblo: “Somos un puerto (Huasco) de fragilidad ambiental por nuestra historia. Aquí se quema en forma indiscriminada el pet coke, que es un veneno terrible para la salud de los vecinos. Aquí en el vecindario tenemos en nuestra misma cuadra a tres o cuatro enfermos de distintos tipos de cáncer como efecto de esta contaminación. Y sin importarles esto, la CMP duplicará su producción de aquí al 2014 (…) Nos parece nefasta la idea de Endesa de querer instalarse a pesar de lo contaminada que ya está la zona. Y, más lamentable, es que el Comité de Ministros aprobara esta termoeléctrica que fue rechazada por otras autoridades en septiembre pasado”.

Labrín señala que la mayor enseñanza de este “alzamiento popular es que nos dimos cuenta que el poder está en nuestras manos, en nuestra capacidad de luchar”.

También refiere que otro avance “es la creación de una conciencia colectiva en el valle del Huasco sobre los problemas comunes que nos afectan”.

Y agrega: “Nos dimos cuenta que los gobiernos –el de Sebastián Piñera y los de la Concertación por la Democracia– intentan imponer a punta de cañones proyectos que ensucian nuestro medio ambiente y que no contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida ni a desarrollarnos. La conciencia de esto ya esta masificada de forma potente dentro de nuestras comunidades”.

Labrín, que es cantor popular, dice que con el reciente alzamiento en Freirina y Huasco “hemos hecho historia en nuestro valle, en nuestro país, al levantarnos, al no mantenernos pisoteados, al no permitir que nuestro valle se destruya”.

El ambientalista tiene una gran esperanza: “Esta conciencia y esta capacidad de lucha que hemos demostrado nos va a llevar, en un tiempo no muy lejano, a derrotar a nuestro mayor enemigo que es también nuestra mayor amenaza: el proyecto minero Pascua Lama (Barrick Gold)”.

Victorias populares

La derrota que las comunidades del Valle del Huasco inflingieron a Agrosuper, no es la única que han tenido los grandes grupos económicos en la región de Atacama el último tiempo.

En marzo pasado, la comunidad agrícola de los huascoaltinos (pertenecientes al pueblo diaguita) consiguió paralizar el megaproyecto minero El Morro (de la canadiense Goldcorp), que se pretende instalar en su territorio, sobre las nacientes del río Huasco, muy cerca de Pascua Lama.

La comunidad consiguió esto gracias al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió un recurso de protección de los diaguitas, que estuvieron representados por la destacada abogada pro derechos indígenas Nancy Yáñez, dejando sin efecto la resolución de calificación ambiental que autorizaba la explotación de este mineral.

La Corte argumentó que la autoridad ambiental, al aprobar El Morro, vulneró el derecho a consulta de un pueblo originario. Este triunfo de los diaguitas, a pesar de su importancia, pasó casi desapercibido para la opinión pública, dado que los medios masivos no informaron a este respecto.

No ocurrió lo mismo con la anulación del proyecto termoeléctrico Castilla, que provocó gran revuelo. El 28 de agosto, la Corte Suprema informó que rechazaba su construcción, al acoger el recurso de protección interpuesto por los habitantes del caserío de pescadores Totoral. Fue la victoria de David sobre Goliat.

Con una inversión pronosticada de 5 mil millones de dólares y una capacidad de 2.100 megavatios, Castilla estaba llamada a ser la más grande y contaminante termoeléctrica de América Latina. El triunfo de la comunidad de Totoral supuso un terrible golpe a la megaminería que se expande desenfrenada en el norte de Chile.

Comentarios