MÉXICO, D.F. (apro).- Ampliamente criticada en todo el mundo, la Ley de Cumplimiento de Obligaciones de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos entrará en vigor en enero de 2013 con serias implicaciones para los gobiernos y para las instituciones financieras privadas, y ante lo cual México puede ser un laboratorio de los resultados de esa regulación. Ese marco legal, aprobado por la Cámara de Representantes en marzo de 2010, obliga a los gobiernos e instituciones financieras de todo el planeta a reportar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas inglesas) --la máxima autoridad fiscal de Estados Unidos-- la información financiera de los estadunidenses que viven fuera de su país. “El tema controvertido ha sido sus tintes de ser extraterritorial, pues es una ley estadunidense y la mayoría de los países tiene una reglamentación que impide revelar esa información”, explica a Apro Israel Álvarez, socio en asesoría de impuestos de la oficina mexicana de la consultora holandesa KPMG. La ley ha desatado polémica en todo el mundo por su contraposición a las disposiciones sobre la privacidad de los datos personales, y los secretos bancario y fiduciario, por lo cual Estados Unidos se ha abocado a la firma de tratados bilaterales para garantizar que los datos requeridos fluirán. México suscribió el documento intergubernamental en noviembre pasado, lo cual para el estadunidense Jim Jatras, abogado de la firma Squire Sanders, fue un error. “Los más afectados pueden ser los que tienen fuertes vínculos con Estados Unidos, como Canadá, México, los socios europeos, el sureste asiático. Las instituciones y los gobiernos pueden empezar a ver a México como ejemplo de lo que puede pasar y reconsiderar los acuerdos bilaterales”, dijo Jatras a Apro. Este abogado creó la página electrónica www.repealfatca.com, una campaña para echar atrás la legislación. La ley y el tratado bilateral implican que los bancos, fondos de inversión y otras instituciones financieras mexicanas identifiquen a partir de enero de 2013 las cuentas de ciudadanos estadunidenses, prácticas que también deben realizar las entidades estadunidenses respecto a sus clientes mexicanos. Estados Unidos deberá entregar la información en los siguientes nueve meses posteriores al final del ejercicio respectivo. En el caso de 2013, trasladará los datos a más tardar el 30 de septiembre de 2014. La legislación abarca a quienes poseen inversiones superiores a 50 mil dólares. Las instituciones que incumplan se arriesgan a una retención de 30% de cualquier operación en Estados Unidos que genere réditos. Si una empresa financiera quiere evitar esa penalización, debe firmar un acuerdo individual con el IRS, para lo cual tiene hasta junio de 2013. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que unos 5 millones de sus ciudadanos viven fuera de su territorio. En México viven 1.5 millones de estadunidenses, de los cuales casi la mitad son jubilados, según estadísticas de la Secretaría de Turismo. El gobierno de Estados Unidos estima que ciudadanos y empresas de su país tienen más de 100 mil millones de dólares en el extranjero, sin estar sujetos al pago de impuestos. Además, los activos financieros de extranjeros en esa nación ascienden a unos 133 mil millones de dólares, de los cuales 15 mil 201 millones pertenecen a mexicanos, según la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés). El argumento del gobierno estadunidense es recaudar más impuestos y combatir la evasión fiscal, en momentos en que ese país se encuentra al borde del llamado “precipicio fiscal”, una crisis de ingresos que podría derivar en masivos recortes de gasto social, con serias implicaciones para la ya debilitada economía de Estados Unidos y del mundo entero. Las autoridades de Estados Unidos calculan que gracias a la ley FATCA obtendrían entre 800 y mil millones de dólares anuales, pero especialistas cifran en un trillón de dólares la aplicación de esa regulación. Procedimientos engorrosos La nueva ley depende del consentimiento de los propietarios de las cuentas y de los acuerdos intergubernamentales, que Estados Unidos ha suscrito ya con países como México, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia y España y negocia con una cincuentena de naciones. “Un problema potencial, especialmente para las organizaciones con presencia en múltiples jurisdicciones, es la administración de la diligencia debida del FATCA bajo dos modelos. Las instituciones pueden tener que construir múltiples sistemas, parcialmente para cumplir con los requerimientos de aplicar los modelos a las leyes locales”, escribió el especialista Bruce Zagaris en el blog de la Asociación de Especialistas Certificados en Crímenes Financieros (ACFCS, por sus en inglés). La ley FATCA contiene un modelo que se refiere a jurisdicciones con las cuales Estados Unidos tiene acuerdos de tributación o de intercambio de información fiscal y sobre las cuales el Departamento del Tesoro y el IRS han decidido que el gobierno recipiendario cuente con protecciones y prácticas robustas para garantizar que los datos son confidenciales y que son usados exclusivamente para propósitos impositivos. El segundo modelo, establecido en noviembre último, complementa el reporte directo de las instituciones financieras al agregar el intercambio de información entre los gobiernos respectivos, pero sólo a petición de parte. De esa forma, cubre impedimentos legales domésticos, como el secreto bancario, y reduce la carga sobre las entidades financieras. Mediante este mecanismo, un gobierno emitirá una directiva a sus instituciones financieras para que se registren ante el IRS hacia el 1 de enero de 2014 para luego cumplir con los requisitos, como la diligencia debida, el reporte y la retención de impuestos de cuentas existentes antes de la vigencia de la legislación. Sin embargo, las organizaciones financieras deben solicitar al titular de dichas cuentas su número estadunidense de identificación fiscal y consentimiento para reportarlo al IRS. Si esos datos y el aval no son entregados por los cuentahabientes, la entidad financiera puede enviar datos complementarios a la oficina nacional de impuestos, la cual puede transferirlos al IRS. En el caso de las cuentas nuevas pertenecientes a declarantes estadunidenses, la entidad financiera tendría que obtener del titular la aprobación para reportar sus datos. “Es una ley compleja, con medios sofisticados. Sus implicaciones impactan a todos los aspectos de negocios de una entidad. En México, están el secreto bancario, el fiduciario y la ley de protección de datos. Trae una serie de complejidades para aplicar, se metería en demasiados vicios jurídicos”, alerta Álvarez. Entre México y Estados Unidos rige desde 1992 el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia del Impuesto sobre la Renta. “La ley argumenta que busca recaudar más impuestos, pero hace poco por perseguir la evasión. Su aplicación es cara y agresiva, la recolección de información y el reporte costará billones de dólares que pagará gente que no ha hecho nada malo”, denuncia Jatras. Organizaciones de expatriados como Ciudadanos Estadunidenses en el Extranjero (ACA, por sus siglas en inglés), con sede en la ciudad suiza de Ginebra y con miembros en más de 90 países, se han encrespado en contra de la legislación. “FATCA está afectando a los estadunidenses que residen y trabajan en el extranjero por el cierre de sus cuentas en bancos extranjeros y la negativa a productos financieros, como hipotecas, pensiones y planes de seguros”, dijo a Apro la asociación a través de correo electrónico. ACA piensa que “FATCA incrementará el costo de cumplimiento y afectará negativamente a aquellos que la legislación está apuntando menos, los estadunidenses comunes trabajadores”, enfatizó. “FATCA creará un sistema bancario global de dos bandas –uno ‘calificado’, incluyendo a aquellas instituciones financieras internacionales que tienen un acuerdo con el IRS para asumir los reportes, y uno ‘no calificado’, incluyendo aquellas instituciones financieras extranjeras que deciden no acordar con el IRS”, arguye la página web de la instancia, que adelanta que “este último grupo dejará de invertir en Estados Unidos”. Esa es una consecuencia que también avizora Jatras. Su campaña anticipa que la ley reducirá la inversión extranjera y eliminará empleos, impondrá costos masivos a un amplio rango de instituciones, que luego serán trasladados a los consumidores; y llevará a mayores impuestos y a una fiscalización internacional. ACA proyecta que unos 2 millones de personas tendrían que presentar los formularios ante el IRS, más que los 350 mil que esa dependencia calcula. Una estrategia es que los ciudadanos estadunidenses renuncien a esa nacionalidad, con lo cual quedarían fuera del espectro de la jurisdicción. Campaña por el no Para Jatras, la clave está en que los gobiernos rechacen el acuerdo intergubernamental con Estados Unidos, lo cual haría posible que el Congreso estadunidense la anule, como ha ocurrido con otras leyes. “Si las instituciones financieras y los gobiernos se ponen de acuerdo para rechazar la ley, se puede lograr en un año. El plan es elevar la conciencia pública en Estados Unidos. Nos movemos en dos rutas: una es tener más países que se niegan a firmar acuerdos con Estados Unidos, porque así la ley no funcionará. Y la segunda, una campaña para eliminar la ley”, indica el especialista, quien asistió el día 15 de diciembre al foro FATCA: ¿qué está en juego para Canadá y los canadienses? Ese país negocia con Estados Unidos, con quien también mantiene una convención fiscal, un arreglo bilateral, sobre el cual convocó el 8 de noviembre último al envío de comentarios públicos. En 2012 la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), con sede en Bogotá y que reúne a las asociaciones del sector en la región, levantó una encuesta sobre FATCA y que derivó en el hallazgo del choque de esa legislación con las regulaciones nacionales, especialmente en cuanto al secreto bancario y protección de datos personales. Por ejemplo, la Asociación de Bancos de México mencionó el secreto bancario y fiduciario contenido en la Ley de Instituciones de Crédito. La Comisión Argentina para Felaban respondió que la ley de Estados Unidos contraviene las leyes de Protección de Datos Personales, de Entidades Financieras y de Oferta Pública de Valores, en referencia a la privacidad de los datos, y los secretos bancario y bursátil. Por su parte, la Federación Brasileña de Bancos citó el principio constitucional de igualdad en el tratamiento a nacionales y extranjeros, así como quebrantamientos de las leyes bancarias y fiscales. La respuesta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia resaltó que la información que sería entregada está calificada por su legislación como reservada, además de señalar que la retención de 30% por incumplimiento necesitaría la aprobación de una norma exprofeso. Países y territorios como China y las islas del Canal británico han expresado su negativa a incorporarse a este esquema. Las organizaciones planean continuar con su cabildeo en Washington y en los países con los cuales Estados Unidos quiere rubricar un acuerdo bilateral. IRS y el Departamento del Tesoro “son conscientes y están buscando formas para suavizar la carga de los reportes, para que a los estadunidenses no les cierren el acceso bancario en el extranjero; sin embargo, el problema aún existe”, aclaró ACA, quien continuará “trabajando en educar a Washington sobre los aspectos negativos de FATCA con la esperanza que la legislación será rechazada o reformada significativamente”. Si quieren introducir modificaciones al convenio intergubernamental, México y Estados Unidos tienen hasta el 31 de diciembre de 2016.