CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- A dos semanas de los asesinatos de cuatro mujeres profesionistas en la Sierra Tarahumara, la presidenta de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega, advirtió que esto puede tratarse de un delito de género porque ya hay antecedentes en aquella región y calificó como “una estupidez” que sólo se investigue el caso por robo de vehículo. “Es una estupidez que digan que se trató de un robo cuando las mujeres fueron torturadas y las encontraron con el tiro de gracia, lo que sólo habla de la posición y el control que tienen los cárteles en la sierra y la colusión de algunas autoridades”, sentenció Ledezma. Las víctimas eran dos ingenieras hermanas y dos maestras, también hermanas. Marisa Aidé Díaz Peinado, de 32 años, era jefa del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc y su hermana Mayra Lorena, de 39 años, era gerente de producción de una maquiladora; Josefina Díaz de Rempening era maestra de piano y Elisa Díaz Martínez, profesora jubilada de secundaria. Ledezma explicó que el año pasado se registró el caso de dos hermanas que fueron privadas de la libertad y luego asesinadas, el cual no puede quedar aislado de lo que sucede actualmente en la sierra. Se trata de Nancy y Daisy Caraveo, quienes tenían 20 y 26 años cuando fueron victimadas, en agosto de 2011. Las dos originarias de Bahuichivo fueron encontradas en una narcofosa en el municipio de Bocoyna. Ellas eran empleadas de una Conasupo y salieron de su casa para dirigirse a hacer unas compras. El padre de una amiga les ofreció ride, pero al llegar a San Juanito, municipio de Bocoyna, los tres fueron secuestrados. El hombre era Gonzalo Díaz Molina, de 52 años y su cuerpo fue encontrado cinco días después. La familia reportó su desaparición en Cuauhtémoc y al ver que las autoridades no actuaban, acudieron a Justicia para Nuestras Hijas, que encontró el expediente inactivo, recordó Ledezma Ortega. Las mujeres fueron encontradas más de un mes después. Justicia para Nuestras Hijas colaboró con el rastreo, a la par de la familia y autoridades. Ledezma Ortega consideró que se trata de un caso más de dos muchachas totalmente inocentes que estuvieron en el lugar y día equivocados. Desde octubre de 2011, la activista ha denunciado que grupos delictivos asentados en la Sierra han creado campos de concentración donde reclutan a mujeres de aquella región para abusar sexualmente de ellas. Las oportunidades laborales y estudiantiles en la Sierra son pocas, “llegan los narcos hasta los pueblos por alimentos, las ven en las plazas, en las calles y se las llevan porque ellos están aislados generalmente”, añadió. Ledezma llamó a las familias a acudir a la ciudad para poner un reporte, pero indicó que también se requiere una alerta de género que las autoridades no han activado, con el argumento de que matan por igual a hombres que a mujeres, sin reconocer que la vulnerabilidad en aquella región es mayor para ellas. Desde el año pasado la propuesta de la activista es apoyar a las familias que tengan hijas desaparecidas para que puedan encontrarlas, porque en muchas ocasiones no saben dónde están y se resignan a que “se casó” o a que “se fue por su voluntad”, pero el crimen organizado es una realidad que acecha a las mujeres, enfatizó. El sacerdote Javier El Pato Ávila dijo que el asesinato de las cuatro mujeres ha generado un fuerte malestar entre los pobladores de la sierra, y aunque señaló que es “el pan de cada día”, el reclamo es que hasta ahora no han sido dados a conocer ni el móvil ni los responsables. Destacó que las estadísticas y las muertes no mienten, pero agregó: “Pareciera que los muertos de hoy sepultan a los de ayer y nadie recuerda a los anteriores, sólo los apilan, pero se deben apilar en horizontal, para recordarlos, para verlos”. El reclamo a las autoridades, de nuevo, es la impunidad, destacó, porque sólo se dedican a decir que la violencia ha bajado cuando no es cierto. “Por más que cacareen es puro cacareo, como las gallinas que pusieron huevo”, afirmó Ávila.