MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “más profunda preocupación por los altos niveles de violencia en los centros penales del norte de México”. Luego de que el pasado 18 de diciembre 24 personas murieran como resultado de un intento masivo de fuga del penal de Gómez Palacio, Durango, la CIDH exigió al Estado mexicano investigar y sancionar a los responsables del homicidio de 15 internos y nueve custodios que murieron durante el intento de evasión. En un comunicado, la Comisión convocó al Estado mexicano a tomar medidas para evitar que se repitan actos de violencia en las cárceles. El organismo regional hizo un breve recuento de los comunicados de prensa que desde 2010 ha emitido para condenar hechos de violencia en los penales mexicanos, “en los que constantemente se registran motines, enfrentamientos entre bandas criminales, fugas y otros desórdenes e irregularidades”. La CIDH recordó que han sido “motivo de alarma” la muerte de 44 internos del penal de Apodaca, Nuevo León, el 20 de febrero de 2012; la de al menos 30 reclusos del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Tamaulipas, el 4 de enero de 2012; la de 17 reos del Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 25 de julio de 2011; y la de 23 reclusos en el Cereso 1 de Durango, ocurrida el 20 de enero de 2010 en tres riñas simultáneas. Esos casos, mencionó el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron motivo de tres comunicaciones, clasificadas con los números 21/2012, 79/2011 y 9/2010, mismas en las que ha reiterado las obligaciones de los estados con los prisioneros. La CIDH hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para adoptar “medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en centros penitenciarios”. Entre las medidas urgentes para reducir los índices de violencia en los penales, la CIDH destacó “el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas, y otros objetos ilícitos en los centros penales, así como la prevención de las actividades de las organizaciones criminales presentes en las cárceles”. Insistió una vez más que los estados “tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles”. Agregó que, precisamente, el “debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Destacó que los estados “tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia”. Dichas investigaciones, puntualizó el organismo, “no sólo deben estar orientadas establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad”.