MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Nuevo León ofreció a los deudos de las víctimas del casino Royale negociar con los dueños del establecimiento para que se construya un memorial en ese sitio. El director de Comunicación Social de Nuevo León, Jorge Domene, aseguró que el gobernador Rodrigo Medina está dispuesto a entablar un diálogo con el dueño del centro de apuestas, Carlos Salinas Martínez, para pedirle que se haga un memorial en ese lugar para recordar a las víctimas. Además, confirmó que el trámite de restitución del inmueble “se habría realizado el último día de la administración anterior en la Procuraduría General de la República (PGR)”. Y es que el oficio enviado al dueño del casino Royal, Carlos Salinas, en el que se le informa de la restitución del inmueble, está firmado el 28 de noviembre de 2012, por Ramón Guzmán Bernal y María del Pilar Victoria Serrano, agentes del Ministerio Público de la Federación. Luego de que las autoridades federales devolvieron el inmueble al propietario del centro de apuestas, quien ayer retiró las cruces que habían sido instaladas por los familiares de las 52 personas que perdieron la vida en ese lugar, los deudos volvieron este martes con sus ofrendas. Francisco Fernández, abogado del dueño del casino Royale, acudió al inmueble para hablar con los familiares de las víctimas, a quienes pidió una disculpa por el retiro de las cruces. Después de señalar que el lugar debía ser limpiado para poder cobrar el seguro, comentó que se reunirá con el dueño para analizar las peticiones de hacer algún tipo de memorial. Antes de retirarse del lugar, tras colocar las cruces nuevamente, Samara Pérez, madre de una de las víctimas, dijo que presentarán una denuncia contra quien resulte responsable por retirar los motivos que recordaban a sus seres queridos. “La tarea de la CEDH es apoyar para que su voz (de los deudos) tenga un respaldo ante el gobierno. La CEDH procederá a dictar una medida cautelar al municipio de Monterrey para que se restituyan las cruces en este lugar si la autoridad lo acepta”, comentó por su parte Minerva Martínez Garza, la ombudsman de Nuevo León, quien promovió la medida cautelar con el objetivo de mantener el memorial.