MÉXICO, D.F. (apro).- Encabezados por algunos de los que se autodenominan “presos de conciencia”, miembros de la Coordinadora 1 de Diciembre, organización de familiares, estudiantes, maestros, trabajadores y simpatizantes de los presos en el marco del retorno del PRI al poder, marcharon del monumento a la Revolución a la sede del Gobierno del Distrito Federal (GDF), para exigir que se desista en los procesos penales contra 14 personas. Enfrentan proceso penal Rita Neri, Obed Palagot, Daniel García, Stylanos Vackimes, César Llaguno, Bryan Reyes, Eduardo Columna, Sandino Jaramillo, Osvaldo Rigel, Enrique Rojas, Roberto Duarte, Jorge Dionisio Barrera, Alejandro Lugo y Carlos García. En un pliego petitorio dirigido a Miguel Ángel Mancera, los indignados demandaron también la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que tipifica el delito de “Ataques a la paz pública”, que se les imputa a los 14 procesados. Asimismo, demandaron la desaparición de cuerpos “para-policíacos” y de “policías de civil sin identificación oficial que realizaron detenciones, agresiones y provocaciones durante los disturbios del 1 de diciembre”; “proscripción” del uso de balas de goma en territorio nacional; reparación de daños y perjuicios a todas las víctimas de esa jornada, como Francisco Kuykendall, Uriel Polo Guzmán y Juan Uriel Sandoval; y castigo a los responsables materiales e intelectuales de las detenciones, “vejaciones” y “torturas” de los que fueron privados de su libertad. “Responsabilizamos directamente a Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Manuel Mondragón”, dijo Benito Mejía, integrante de la comisión de prensa de la Coordinadora, quien denunció en una improvisada conferencia de prensa que el Gobierno del Distrito Federal ha creado un clima de “hostigamiento” hacia los “luchadores sociales” que protestaron por los hechos del 1 de diciembre. “En días pasados el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, anunció la identificación de nuevos implicados en los hechos del 1 de diciembre de 2012. Manifestamos nuestra absoluta desconfianza en una procuraduría que ha mostrado amplia incapacidad para impartir justicia, avalando declaraciones falsas de policías e impulsando detenciones arbitrarias. No otorgamos ninguna confianza a quienes fabrican culpables y no se desisten de acusarlos sin sustento”, dijo Mejía. Por su parte, Juan de Dios Hernández Monge, vocero de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, que hizo suya la causa de los procesados, aseguró que se han ofrecido las pruebas “pertinentes” para conseguir una sentencia absolutoria de los detenidos, hasta ahora ignoradas por asuntos políticos. “La libertad bajo fianza deja a los presos políticos sujetos a proceso y mantiene la espada de Damocles en contra de la manifestación y la protesta social. (Las autoridades) preparan las condiciones para ejercer el talante autoritario, criminalizando la protesta social, legislando nuevas figuras delictivas para justificar la represión indiscriminada, cerrando el círculo perverso con el colofón de la politización de la justicia mediante la utilización de jueces de consigna”, dijo Hernández Monge. El abogado dijo que debe ponerse fin a la “impunidad histórica” que ha ensombrecido al país. Anunció que, al conseguir la absolución de sus representados, se peleará la “reparación integral del daño”, no económica, que imparta justicia en contra de los responsables de la “represión”. Sin puntualizar en sus dichos, señaló a las autoridades capitalinas por intimidar a los “presos políticos” para que desistan de seguir dichas acciones: “Ahora el GDF pretende que los liberados den las gracias por la buena voluntad del gobierno y guarden silencio, que no hablen mal del gobierno y se comprometan a no demandarlo ni denunciarlo, lo mismo que a los elementos represivos, lo que a los abogados de la Liga 1 de Diciembre nos parece inadmisible. “Sin embargo, han logrado que una minoría de los procesados acepte esa estrategia. Aunque la mayoría continúa con la (demanda) de justicia, la reparación del daño y el castigo a los responsables de la represión, por la derogación del artículo 362 del Código Penal y hasta lograr la libertad absolutoria de los liberados.”