VALPARAÍSO (apro).- La solicitud de asilo realizada por el inspector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Fernando Ulloa, amenaza con hacer estallar –en medio de la cumbre Celac/UE-- un complot contra el gobierno ecuatoriano en el que estarían involucrados el gobierno de Chile, la PDI y la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés). Ulloa llegó a la legación quiteña, el jueves 24, dando cuenta de amenazas de muerte que habría sido objeto en los días previos. Arribó acompañado del periodista y director del semanario Panoramas News, Patricio Mery. En agosto pasado, Ulloa contactó a Mery para hacerle una importante revelación: en febrero de 2011, en circunstancias que estaba próximo a conseguir interceptar el ingreso a Chile de un cargamento de cocaína de alta pureza, altos mandos de la PDI bloquearon su accionar policial. A partir del 17 de octubre pasado, Mery complementó la versión de Ulloa con otras fuentes y, en sucesivos reportajes, no sólo respaldó los dichos de Ulloa sino que fue más allá. Señaló que la operación de narcotráfico denunciada por el policía tenía por fin financiar un plan para desestabilizar al gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa (“La CIA, financiada por el narco”, Proceso 1883). El tema, en un principio, alcanzó cierto revuelo en la prensa y televisión chilenas. Pero aunque nadie desmintió lo denunciado, este revuelo se disipo en pocos días, tras los cuales ningún medio volvió a tocar el tema. Hasta ahora. En entrevista con Apro, Mery señala que el inspector Ulloa se encuentra actualmente en calidad de huésped en la embajada de Ecuador –ubicada en la santiaguina comuna de Providencia-- esperando respuesta a la solicitud de asilo. “Ulloa no tiene categoría de asilado pero sí está bajo la protección del gobierno ecuatoriano”, sostuvo el periodista. Cabe señalar que ni el presidente chileno Sebastián Piñera ni otra autoridad relevante se ha pronunciado respecto de la solicitud de asilo del inspector Ulloa, noticia que apenas ha sido mencionada por los medios chilenos. Piñera y su gobierno se han concentrado en los últimos días en señalar que van a exigir al mandatario cubano, Raúl Castro –que arribó a Chile este 25 de enero--, que responda si los asesinos del senador y líder de la Unión Demócrata Independiente, ultimado el 1 de abril de 1991, se encuentran o no en Cuba, tal como ellos creen. Dardos Patricio Mery dice a Apro que “en las dos semanas anteriores a la cumbre de la Celac --que se realiza desde el 26 y hasta el 28 de enero en Santiago-- comenzaron a haber una serie de hostigamientos y amenazas de muerte en contra de Fernando (Ulloa)”. Sostiene que el incidente más serio ocurrió el miércoles 23. “Ese día agentes de la Brigada de Inteligencia de Policías Especiales (BIPE), de la PDI, llegaron a su domicilio de la comuna de Maipú en un auto sin patente. Se bajaron dos funcionarios, mostrando pistolas, tocaron la puerta y le increparon en forma violenta: ‘Sapo (delator): déjate de hablar huevadas (sandeces), que te vamos a matar’”. Mery dice que Ulloa se percató que eran agentes de la BIPE “porque mientras estaban frente a su casa, sonaron las radios y él, con su experiencia de 16 años como detective, pudo descubrir que los códigos utilizados correspondían a funcionarios de esa corporación”. El director de Panorama News da cuenta de los otros incidentes que habría sufrido Ulloa en las últimas semanas. “A Fernando le estaban robando la basura, lo que puede sonar irrisorio, pero la gente de inteligencia sabe que robar la basura es una clara señal que uno puede estar siendo víctima de seguimientos, porque en la basura se pueden encontrar papeles y documentos que uno esté utilizando”. “Este hostigamiento –añade Mery-- se empezó a intensificar en la medida que se acercaba la fecha de la cumbre de la Celac. Creo que ellos pensaron que Ulloa se iba a reunir con delegaciones extranjeras a hacer sus denuncias”. Mery –a quien Apro contactó por teléfono— destacó que tanto él como Ulloa están a la espera de entregar nuevos antecedentes al gobierno ecuatoriano. E hizo un adelantó de éstos: altos mandos de la Armada del Ecuador habrían recibido pagos de la CIA para asesinar y realizar un golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa. Agregó: “Con Ecuador la CIA está aplicando un modelo muy similar al que se aplicó con (Salvador) Allende. No olvidemos que el golpe lo dirigió la Armada, la que contó con la evidente cooperación de Estados Unidos”. El periodista no quiso revelar las fuentes que respaldan esta acusación, argumentando que, en caso de hacerlo, algunas vidas correrían peligro. Afirmó, eso sí, que entregaría todos los antecedentes, personalmente al presidente ecuatoriano, en caso que éste lo reciba. Mery descartó que él vaya a solicitar asilo –como en un principio estudió, según reseñaron algunos medios-- y aseguró que se encontraba a la espera de sostener una reunión con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien arribaría a Chile este 25 de enero. Patiño recibió a Mery el 3 de enero en Quito. En la ocasión el periodista chileno detalló los antecedentes que por entonces manejaba sobre el supuesto complot que involucra a la CIA e importantes funcionarios del gobierno y policías chilenas. Aquel día el canciller ecuatoriano consignaba el hecho en su cuenta de Twitter dando un evidente respaldo a las denuncias de Mery: “Me reuní con Patricio Mery, periodista chileno. Presentó grave denuncia posible complot contra nuestro Gobierno y @MashiRafael (Presidente Correa). De acuerdo con Mery, la denuncia que apunta a la Armada ecuatoriana no formó parte de los antecedentes entregados al canciller Patiño a principios de enero, dado que entonces no los tenía. Gobierno cómplice El jueves 17, Mery se reunió con la fiscal nacional del Ministerio Público (subrogante), Solange Huerta. Lo hizo en compañía del diputado de Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló. Aguiló confirmó la existencia de la cita y dio algunos detalles de la misma. Señaló que la fiscal Huerta dijo no saber si existía una investigación en el Ministerio Público en la que se indaguen las denuncias del policía Ulloa y también dijo desconocer si el exministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, traspasó los antecedentes que tenía sobre esta materia y que le habían sido provistos por el inspector Ulloa, en audiencia sostenida en La Moneda el 16 de mayo de 2011. En esa cita, en la que estuvo presente la diputada de derecha Mónica Zalaquett, Ulloa narró en qué consistía la operación de narcotráfico y los nombres de quienes impidieron su accionar policial. Enseguida entregó a Hinzpeter una carpeta que contenía correos electrónicos y otras pruebas que comprobaban sus denuncias y los nombres de los involucrados, tanto en el ingreso de la droga como en la red de protección. Hinzpeter le solicitó a Ulloa mantener reserva. Y, a cambio, le prometió que en un plazo breve activaría una investigación judicial y lo haría mediante la entrega de la carpeta de antecedentes al Ministerio Público. Pero, aparentemente, nada hizo. Fue por eso que, tras un año y medio de espera, Ulloa se vinculó con Mery para que lo ayudara a difundir su drama: por actuar como un policía correcto había sido sancionado mientras autores de graves ilícitos permanecían impunes. Mery, no sólo publicó sobre la materia: se volvió un militante de una causa. “No quiero que hagan con Correa lo mismo que hicieron con Allende”, sostiene. De acuerdo con lo que contó Mery a este corresponsal en noviembre pasado, Fernando Ulloa se le acercó dos meses antes. Y le señaló a Mery que el subprefecto de Investigaciones de Puente Alto –comuna precordillerana colindante con Santiago--, Juan Sepúlveda, al enterarse que las pesquisas antinarcos que Ulloa realizaba hacían peligrar un plan de alto nivel, le pidió que no se involucrara. Le sugirió que la internación de droga contaba con la anuencia de altos mandos de la PDI. Ulloa había detectado, a principios de 2011, esta operación de narcotráfico que se habría estado realizando desde 2009. Según él, mensualmente ingresaban a Chile --a través del muy poco utilizado paso Colina, que une a Chile con Argentina a la altura de Santiago-- entre 200 y 300 kilogramos de cocaína boliviana. La droga ingresaba al interior de cajas de televisores cargadas en camiones. A pesar de las “sugerencia” de no seguir adelante, Ulloa insistió en su plan de requisar la droga y capturar a los traficantes. Pero pocos días antes que diera el golpe, compañeros suyos de la PDI fueron a su domicilio de la santiaguina comuna de Maipú, quienes portaban una orden del alto mando de la PDI en la que se le comunicaba que había sido trasladado a la norteña ciudad de Calama, y que debía asumir inmediatamente en dicho cargo. Luego de conocer la mala nueva, Ulloa se dirigió fuera de sí a su unidad policial. Y en la entrada de ésta gritó, indignado: “No trabajo con delincuentes”, tras lo cual arrojó su pistola de servicio sobre la fotografía enmarcada del director general de la PDI, Marcos Vásquez, destruyendo el vidrio que la cobijaba. Este hecho consta en el decreto de la PDI en el que se resuelve la exoneración de Ulloa de esta institución. El documento lleva la firma del subprefecto Sepúlveda. Ulloa no tuvo derecho a defensa ni hubo sumario. El inspector Ulloa responsabiliza de la operación de narcotráfico al subprefecto Sepúlveda –ahora en retiro–; al subjefe de unidad de la Brigada Criminalística (Bicrim) de Maipú –comuna del suroriente de Santiago--, Alfonso Sabando Gómez, que actualmente es jefe de la Bicrim de Peñaflor; al subdirector operativo de la PDI, Juan Baeza Maturana, y a Luis Carreño Hohn, actual jefe de la XV Región Policial Arica y Parinacota, fronteriza con Perú y Bolivia y, por lo mismo, zona neurálgica del narcotráfico. Según Mery, la operación de tráfico de drogas denunciada por Ulloa se vincularía con la detención del oficial en retiro de la Armada, Diego Sáez Luna, verificada en la sureña ciudad de Yumbel, el pasado 17 de agosto. Sáez fue capturado por Carabineros con sólo ocho gramos de cocaína. Pero, al allanarse su casa de Valparaíso, fueron hallados 18 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 116 kilos de pasta base de cocaína. De acuerdo con el periodista, Sáez Luna es el vínculo entre la CIA y la Armada chilena en esta supuesta operación de “bandera negra” que buscaría desestabilizar al gobierno de Correa.