MÉXICO, D.F. (Proceso).- No acababa de anunciarse la publicación de la Ley General de Víctimas cuando ustedes, haciendo a un lado la historia, sin conocer las luchas y los trabajos que desde el veto de Calderón hemos realizado para que esa ley se promulgara, sin incluso conocer las iniciativas de reforma que se le aplicarán, comenzaron a atacarla. Lo desagradable de los ataques es, en primer lugar, el desprecio que detrás de ellos hay por las víctimas y el tamaño de la tragedia humanitaria que vive el país. En segundo lugar, la ignorancia desde donde los han hecho. Ustedes, al poner por encima de la injusticia, del dolor y de la inseguridad que viven las víctimas, abstracciones jurídicas y disquisiciones técnicas en busca de una ley perfecta, no han hecho otra cosas que reeditar, de otra manera, lo que fue el distintivo del calderonismo: la negación de la tragedia humana. Cuando discuten la constitucionalidad o la viabilidad de la ley, no hacen otra cosa que reducir a artículos y minucias jurídicas lo que es sufrimiento, sangre y familias destrozadas. Si Calderón vio a las víctimas como cifras que ni siquiera valía la pena contar, basura digna de las fosas comunes o del olvido –de allí su veto a la ley–, ustedes las han reducido ahora a cosas que deben encuadrar en el lenguaje abstruso y sin alma de la frialdad jurídica. Detrás de sus argumentos sólo escuchamos la continuación de la afirmación calderonista, que es la continuación de las lógicas totalitarias: sacrifiquemos a los hombres de ahora por el bien abstracto. Ustedes, con su amor a la perfección jurídica, no han dejado de elogiar lo que nosotros no hemos dejado de rechazar: esa justicia injusta de quienes aceptan el sufrimiento y el dolor que produce el crimen bajo el pretexto de que un día, con un ley perfecta, se abolirá la injusticia. Pero ya que a ustedes lo único que les importa son los tecnicismos jurídicos y no las personas a las que la ley debe servir, toquemos el asunto sin olvidar que lo que está en juego son vidas destrozadas, vidas humilladas y abandonadas que buscan a sus hijos y piden justicia. El tamaño de la ley, que tanto les escandaliza es, por si lo han olvidado, del tamaño de la tragedia humanitaria que vive el país; es también del tamaño de la ausencia de justicia de las instituciones –98% de impunidad–. Es, por lo mismo, una ley que demanda mucho. Es también, nunca –desde el veto– lo hemos negado, una ley imperfecta. No conocemos ley que no lo sea. Ni siquiera la Constitución, madre de las leyes. Cada día a lo largo de casi 100 años de existencia, no ha dejado de vivir enmiendas y correcciones. Sin embargo la Ley General de Víctimas, que como toda ley se irá ajustando y modificando en su ejercicio y que obliga al Estado a asumir su responsabilidad frente a las víctimas que había ignorado, contiene no sólo un sustento constitucional en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional de la reforma en derechos humanos y en el artículo 73, fracción XXX, que establece claramente que el Congreso tiene facultades “para expedir todas las leyes que sean necesarias (…)”, sino reformas que hacen inoperantes e innecesarios sus ataques. En lo referente a las medidas de compensación subsidiaria –es decir, al dinero– que tanto los ha escandalizado, se ha establecido en las reformas que la reparación económica será obligación del Estado cuando “la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, integridad física o mental o si la víctima directa hubiese fallecido como consecuencia del delito”. Se han establecido también los mecanismos para que el Estado obre contra los delincuentes que cometieron el delito “y restituyan el recurso aportado para la compensación”. La Ley de Víctimas, que es general, involucra al Estado entero, es decir –no olviden por el amor a la verdad la definición del Estado– a todos los órdenes de gobierno, incluyendo a los municipios. Pero para evitar lo que ya preveíamos que vendría de gente como ustedes, hemos precisado y compactado en los artículos 121 y 125 las facultades que les corresponden a esos diversos órdenes de gobierno. Hay muchas otras reformas que con mucho gusto el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puede proporcionarles y que satisfarían sus infundados descontentos. El país, les recuerdo, atraviesa por una crisis humanitaria sin precedentes. La Ley de Víctimas no termina con su promulgación, una promulgación que a pesar de sus ataques no podrán revertir. Simplemente, después de tantas batallas dadas contra el desprecio y las traiciones, ha empezado. Si realmente quieren servir a las víctimas y sanar la tragedia humanitaria que vive la nación, trabajemos juntos y juntos exijamos la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Si no, aprendan al menos a guardar silencio, una hermosa y profunda virtud. Hay silencios que se celebran porque frente a lo indecible, hablan alto; hay otros que se agradecen porque, ante la imposibilidad de decir algo sensato para aliviar el sufrimiento, permiten no obstaculizar la justicia. Cuando hablen, les recuerdo la tradición espiritual de la India, procuren que sus palabras sean mejores que el silencio. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.