TEGUCIGALPA (apro).- Víctor Flores, alcalde de Nacaome, sentía que lo que escuchaba era demasiado bueno para ser verdad. La comitiva de diputados que llegó a su municipio en marzo de este año le hablaba de conceptos con los cuales no estaba familiarizado como: “ciudades modelo” o “charter cities”. Citaban a un tal Paul Romer, un economista estadounidense cuyo nombre nunca había escuchado, le decían que mirara a su alrededor y tratara de imaginar a Nacaome – un pueblo apacible de unos 65 mil habitantes – como un polo de desarrollo, con grandes industrias que proporcionarían empleo para todos.  Ubicada a una hora y media de Tegucigalpa, Nacaome es la capital del departamento de Valle y es un municipio predominantemente agrícola, donde la actividad económica dominante es el cultivo del maíz, frijol y algunos cultivos de exportación como el melón y la sandía. Flores escuchaba con atención la propuesta. Como jefe edil de un municipio donde 80% de la población económicamente activa se encuentra desempleada, hay altos índices de alcoholismo y un 20% de los adultos son analfabetas, la promesa de generar empleo, construir carreteras donde sólo había caminos de terracería, escuelas de alta calidad y hospitales con tecnología punta, donde un paciente jamás moriría por falta de recursos, resultaba atractiva. Las ciudades modelo serían la panacea para todos los males que afligían a su municipio: desde el desempleo masivo y la migración, hasta la sequía y la desnutrición infantil. Pero Flores es un hombre pragmático y mientras escuchaba no podía evitar preguntarse: “¿Dónde está la letra pequeña?” Pronto lo descubriría, cuando comenzó a leer sobre el tema en los medios de comunicación: En febrero del 2012, un mes antes de que llegara la comitiva de legisladores, el Congreso ya había aprobado un estatuto que modificaba la Constitución de la República y creaba Regiones Especiales de Desarrollo (RED), áreas geográficas bajo la tutela de un gobernador que se regirían bajo sus propias leyes y recaudarían sus propios impuestos. A pesar de ser un municipio deprimido, Nacaome se encuentra en el Golfo de Fonseca, un área de importancia estratégica, y fue incluido en una de las tres zonas designadas como “aptas” para el establecimiento de las primeras RED. Flores sentía que el guiso ya se había cocinado sin que nadie lo hubiera consultado. “No podemos descartar que generaría empleo pero tal vez no con la masividad que están diciendo porque la mano de obra que aportaríamos sería no calificada. Los grandes técnicos los traerían ellos (los inversionistas) y aquí sólo pondríamos el mozo, como vulgarmente se dice”, considera Flores. Las charter cities Para el economista estadounidense Paul Romer, catedrático de la Universidad de Nueva York, la causa fundamental del subdesarrollo de un país se encuentra en la ausencia de “reglas claras”, es decir, leyes que le proporcionen certeza jurídica al inversionista, una burocracia eficaz que permita la realización de trámites en cuestión de horas y no meses, una policía bien equipada y que no sea corrupta, jueces honestos… Canadá reúne muchos de esos elementos, a diferencia de Honduras, el país más violento del mundo (en 2011 se cometieron 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes), por donde transita un 80% de la cocaína que se trafica desde Sudamérica a Estados Unidos, y donde dos terceras partes de la población viven en pobreza, según cifras de Naciones Unidas. La solución, plantea Romer, es tomar un pedazo de Honduras y empezar desde cero para crear instituciones limpias y transparentes o “reglas claras” que fomenten la inversión y el desarrollo, bajo la tutela de un país como Canadá, que administraría ese territorio y fungiría como “garante”. Tomar una región deshabitada de Honduras y convertirla en una mini-Canadá tropical es posible, afirma Romer, quien bautizó esos polos de desarrollo con el nombre de charter cities, ya que son regiones que se rigen bajo sus propias reglas, recogidas en un charter o estatuto. Pero en la práctica, uno de los principales problemas que ha enfrentado la teoría de Romer, es el hecho de que implica que un país en desarrollo ceda el control de una parte de su territorio a un país desarrollado, lo cual suele ser percibido como un atentado contra la soberanía nacional, motivo por el cual muchos de los ideólogos que abogan por la creación de enclaves industriales de desarrollo ahora buscan distanciarse de Romer y sus teorías y han acuñado un nuevo término: free cities. Pero tanto el concepto de charter cities como el de free cities se basan en la creación de enclaves industriales que operan bajo normas políticas y jurídicas diferentes a las del resto del país, con la diferencia de que las charter cities requieren que un Estado ceda la administración de una parte de su territorio a otro Estado, mientras que bajo el modelo de free cities, el territorio es administrado por un consorcio de empresas, las cuales crean sus propias autoridades con sus propias reglas. Nuevas reglas En noviembre de 2010, tras haber escuchado una conferencia impartida por Romer, Octavio Sánchez, jefe del equipo presidencial, decidió buscar su apoyo para la formulación de la reforma constitucional que daría vida a las RED, convencido de que su presencia le daría legitimidad internacional al proyecto. En febrero de 2011, el Congreso hondureño aprobó por mayoría simple (con sólo dos votos en contra) la reforma de los artículos constitucionales 304 y 329, donde el artículo 304 reza: “en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, aunque agrega que “se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales en las Regiones Especiales de Desarrollo”. El 4 de agosto del mismo año, la gaceta oficial publicó el decreto 23-2011, en el cual se detallan los poderes que les confieren a las RED. En el primer artículo se establece que las RED son “parte inalienable del Estado de Honduras”, y que sus habitantes seguirían estando amparados por la Constitución hondureña, votarían en las mismas elecciones que el resto del país, y tendrían un pasaporte y una cédula hondureña. Pero en los artículos siguientes se decreta que las RED son autónomas, tienen un fuero jurisdiccional independiente de los órganos jurídicos del resto del país, y cuentan con su propio sistema administrativo, presupuesto y recaudación de tributos, policía, y normativa de migración extranjera. Tienen, además, el control total de los puertos y aeropuertos en su territorio, la potestad de negociar tratados y convenios internacionales, y el derecho a expropiar terrenos “por causa de utilidad o necesidad pública”. Si la ciudad resultara ser un fracaso o la población de una RED estuviera inconforme, tendría el derecho de votar en un referéndum y pedir su disolución  y luego el Congreso tendría que ratificarlo. Las organizaciones sociales que se oponen a las RED, temen que si las empresas inversionistas serán las encargadas de establecer las nuevas reglas, éstas favorecerán sus intereses, imponiendo bajos salarios y limitando el derecho a la huelga y a la organización sindical. Estos temores cobran sentido cuando Robert Haywood, integrante de MGK, una empresa interesada en invertir en las RED que podrían crearse en la zona del Valle de Cuyamel (fronteriza con Guatemala) y en la del Golfo de Fonseca, explica lo que a su criterio constituye un ambiente propicio para la inversión: “Un entorno estable donde no haya grandes shocks porque un sindicato decide convocar una huelga nacional sólo porque no están de acuerdo con alguna ley en particular, y todas las empresas suspendan sus labores”. Cada RED tendría un gobernador, cuyo cargo duraría siete años, y sería nombrado por una Comisión de Transparencia, electa por el Ejecutivo, entidad integrada por nueve miembros que aseguraría la administración correcta del territorio mientras sus habitantes eligen sus autoridades mediante sufragio (una sola Comisión de Transparencia regiría todas las RED). Aunque esto pareciera indicar que la Comisión de Transparencia debiera ser de carácter provisional, el estatuto no establece cuál debiera ser la duración de su mandato. El divorcio Tras la publicación del estatuto, se creó la página web http://www.red.hn/espanol (que fue retirada de la vista pública en internet), donde figuraban los nombres de cinco extranjeros como integrantes de la Comisión de Transparencia, entre ellos Paul Romer. Pero Octavio Sánchez asevera que esa página web nunca contó con el aval del gobierno hondureño. “Él (Paul Romer) había pedido ser miembro de la Comisión de Transparencia y Honduras había aceptado; sin embargo, no se puede crear un órgano de gobierno para las RED si éstas no existen en este momento”. Sánchez explica que el gobierno hondureño firmó una serie de “memoranda de entendimiento” con varias empresas interesadas en invertir en las RED. Romer insistió en conocer los pormenores y cuando el gobierno le negó acceso a esa información por ser considerada de carácter confidencial, se produjo un distanciamiento entre ambas partes. “A Paul Romer lo invitamos para que nos ayudara en el diseño de un plan de negocios y para ubicar inversionistas. En ninguna de las dos cosas nos ayudó”, asevera Sánchez. Por otra parte, la versión de Romer, expresada en una carta abierta al presidente Porfirio Lobo, es que los integrantes de la comisión renunciaron porque el gobierno hondureño no actuó de manera transparente. “Los intereses que se mueven en favor de las ciudades modelo son intereses privados de transnacionales, pero hay un sector de la burocracia del Estado y algunos sectores empresariales hondureños que se van a beneficiar o se quieren beneficiar de ese proyecto. Eso ha llevado a algunas contradicciones entre el empresariado extranjero y el nacional y eso es lo que llevó a la salida de Paul Romer del proyecto”, asegura el consultor político hondureño Tomás Andino. Poco se sabe sobre la serie de memoranda de entendimiento que ha firmado el gobierno hondureño con empresas interesadas en invertir en las RED, entre los cuales figura un acuerdo de dos páginas con Grupo MGK. En septiembre pasado, cuando el diario hondureño El Heraldo solicitó acceso al documento, el gobierno respondió que era confidencial, pero el medio recurrió a la Ley de Transparencia. En un contexto de hermetismo en torno al contenido del acuerdo, El Heraldo publicó que MGK no existía ni tenía antecedentes en Internet. Un día después apareció una página en Internet con detalles sobre la empresa y sus socios. Según El Heraldo, el acuerdo supuestamente permitiría a MGK comprar tierras dentro de una de las tres áreas pendientes de aprobación por parte del Congreso para la construcción de las RED, las cuales se traspasarían al Estado de Honduras. Con el título de propiedad del inmueble, el gobierno le concedería a MGK un contrato de arrendamiento por un determinado período a cambio del pago de un canon. Desde que se publicó el estatuto de las RED, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron más de 50 recursos de inconstitucionalidad en su contra, argumentando que las llamadas “ciudades modelo” implican la “enajenación o concesión” de partes del territorio nacional a inversionistas, en su mayoría extranjeros, y por lo tanto vulneran la soberanía nacional. Pero fuera de la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, las manifestaciones de rechazo de la sociedad civil han sido pequeñas, lo cual Andino atribuye a una falta de información sobre el alcance de las reformas constitucionales que se aprobaron y al Acuerdo de Cartagena suscrito por el Presidente Porfirio Lobo y el mandatario depuesto, Manuel Zelaya. A Zelaya se le permitió volver a Honduras e inscribir a su agrupación política –el Partido Libre– de cara a las elecciones de 2013, pero la condición no escrita, asevera Andino, fue que mantuviera bajo control al movimiento de resistencia que lo había apoyado. Hasta ahora, el expresidente Zelaya ha guardado silencio sobre el tema de la reforma constitucional y la creación de las RED. El pasado 3 de octubre, cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declararon inconstitucional el decreto que crea las RED, decisión que fue ratificada por el pleno de la corte, quince días después. En las afueras y en la plazoleta de la Corte, campesinos, abogados y representantes garífunas, aguardaron el fallo y celebraron la resolución final. Sin embargo, Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, asegura que no descarta la idea de someter las acciones de constitucionalidad a consideración ante una corte británica, con sede en Londres.