Washington, (proceso.com.mx).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró “narcotraficante significativo” a Filemón García Ayala, y aplicó sanciones contra dos de sus empresas por presuntamente incurrir en lavado de dinero del cártel de “Los Zetas”. “Filemón García Ayala es un ciudadano mexicano que encabeza una red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales a nombre de Los Zetas”, indica en un comunicado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro. El gobierno de Barack Obama establece que las empresas Prodira Casa de Cambio S.A. de C.V. y Trastreva S.A. de C.V., ambas localizadas en Zacatecas y propiedad de García Ayala, son utilizadas para lavar el dinero que reciben “Los Zetas”, como fruto de la venta de drogas. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro informa que “bloqueó” a las siguientes propiedades de García Ayala incorporadas en Estados Unidos: Prodira S.A. de C.V., anexada en Texas; Prodira Inc., en Arizona, Colorado, Iowa y Texas, así como a International and Nacional Exchanges Services Inc, Texas. “En junio de 2012 las autoridades mexicanas intentaron arrestar a Garcia Ayala por lo delitos de lavado de dinero, pero escapó”, sostiene en el Departamento del Tesoro. Bajo la designación que emitió la OFAC, los ciudadanos y entidades estadunidenses tienen la prohibición de establecer cualquier contacto personal y cualquier relación con García Ayala y las empresas identificadas como frente de lavado de dinero de “Los Zetas”. “Al exponer a otra importante operación de lavado de dinero ligada a Los Zetas, el Departamento del Tesoro evita que esta agrupación criminal tenga mecanismos para lavar narco-dolares”, indicó Adam J. Szubin, director de la Ofac. El Departamento del Tesoro garantizó que continuará identificando y aplicando sanciones, a personas y empresas que tengan cualquier nexo con el grupo criminal “Los Zetas”. A García Ayala y las empresas señaladas, el Departamento del Tesoro les confiscó propiedades y les congeló las cuentas bancarias que se ubiquen bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Las personas y entidades estadunidenses que violen los mandatos de la Ofac quedan sujetas a la aplicación de una multa de hasta 1.075 millones de dólares bajo el código de delito criminal. Para el caso de las corporaciones, la multa puede ser de hasta 10 millones de dólares y para los corporativos implicados una sentencia de hasta 30 anos de cárcel.