El Tribunal de lo Contencioso falló hace un año a favor de los vecinos y contra la Supervía, por lo cual debió de haberse detenido su construcción, ya que no se hizo consulta pública para la obra. Las autoridades del Gobierno del D.F. apelaron la sentencia, pero el juicio se está alargando “inusualmente”, según explica el abogado de los demandantes, Luis Fernando García. El Frente Amplio contra la Supervía Poniente denunció en diciembre pasado que la presidenta del Tribunal, la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, es cónyuge de uno de los empresarios que construye la Supervía, José María Riobóo Martín, por lo cual ella no debe participar en la resolución definitiva. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace ya más de un año que el proceso legal, iniciado por un grupo de ciudadanos y distintas organizaciones civiles en contra del gobierno de la Ciudad de México y la empresa constructora de la llamada Supervía, se halla en suspenso. Sin embargo, las obras de construcción de la vialidad, tan cuestionada desde su origen, no se han detenido. El abogado Luis Fernando García, de Litiga Ole, la organización que interpuso la demanda a mediados de 2012 junto con Greenpeace México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, explica que el 2 de diciembre de 2011 la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resolvió, en primera instancia, en favor de estas agrupaciones. Estableció que el gobierno de la Ciudad de México y la empresa constructora Controladora Vía Rápida Poetas Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, incumplieron la ley por no haber realizado debidamente una consulta pública entre todos los habitantes del Distrito Federal que tuvieran interés en el proyecto vial. “Esta sentencia no es firme porque la empresa y el gobierno interpusieron una apelación (en enero de 2012) que está pendiente de resolverse. Tiene un año de conocerse y hay un alargamiento, no me gusta decir inusual, pero me preocupa (dada la importancia de este caso) que el litigio no se pudiera resolver lo más pronto posible. Ya es momento de que se resuelva este caso que no representa una complejidad absoluta particular.” A decir suyo, en realidad no hay mucho que discutir y el Tribunal, presidido por la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, tendría que confirmar la sentencia en favor de las organizaciones civiles pues la Ley de la Administración Pública establece claramente que la consulta es obligatoria, mientras en la página web de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la ciudad se dice que “no se consideró necesaria la realización de una consulta pública”. Por tanto, dice, “estamos a la espera de esta resolución”. Existe entre algunos de los afectados por esta obra la percepción de que se está dejando que termine para que al final, aunque el fallo dé nuevamente la razón a la sociedad civil, el gobierno pueda argumentar que ya está concluida y cómo demolerla con sus más de cinco kilómetros de longitud. Se le pregunta al abogado si lo considera así o a qué atribuye esa tardanza inusual de parte del Tribunal de lo Contencioso: “No podría afirmarlo. He leído en la prensa y nosotros mismos vemos algunas cuestiones que ponen en duda o, más que en duda, ponen en riesgo la autonomía y la confiabilidad que la ciudadanía pueda tener en el Tribunal. Yo tengo confianza porque en primera instancia nos dio la razón, no tendría por qué a priori dudar, pero sí nos preocupa. Consideramos que por el bien del propio Tribunal y de la ciudadanía, este caso debe quedar resuelto lo más pronto posible.” Desconoce si la demora se debe a alguna razón extrajurídica o sea ilegal, pero “no tiene sentido”. No habría razón para conspirar y esperar a que la obra esté totalmente concluida para dar el veredicto pues, desde el punto de vista legal, eso no debería tener impacto en el juicio. Y es que la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente del D.F. no sólo fue para la construcción de la Supervía sino también para su operación, concesionada a una empresa privada: “Si se confirma el juicio de nulidad, la concesión no existe, se debe hacer otra. Entonces, desde mi punto de vista, esté construida o no, al anularse la concesión no puede ser operada, no pueden circular automóviles por ella porque en estricto sentido no tiene la autorización del impacto ambiental para llevarse a cabo.” Lo que seguiría, describe el abogado, es subsanar las violaciones cometidas por el gobierno y la empresa realizando un nuevo procedimiento de impacto ambiental donde, “ahora sí” se respeten los derechos de los ciudadanos haciendo una consulta pública, “donde la ciudadanía, instituciones científicas, organizaciones universitarias, entre otras, tengan la oportunidad de allegar a la autoridad información que le permita tomar una decisión”. No duda en afirmar que desde el punto de vista científico la decisión que debe tomar la Secretaría del Medio Ambiente es no otorgar la concesión ambiental, pues afecta gravemente el medio ambiente. Y subraya que no puede afirmar ni negar que esperar el término de la construcción sea una estrategia del gobierno. El Frente Amplio contra la Supervía Poniente denunció en diciembre pasado un “conflicto de intereses y la complicidad entre lo público y lo privado”, en tanto la presidenta del Tribunal es esposa de uno de los empresarios que construye la Supervía (José María Riobóo Martín, fundador del Grupo Riobóo). Por ello se le comenta a García que quizá de ahí la suspicacia respecto de la tardanza en el Contencioso. Pero expresa su confianza en que Esquivel Mossa haga su labor sin impedimentos. La ley dice que ella no deberá participar en la elaboración de la sentencia ni en la votación del proyecto que se le presenta al Tribunal, de hacerlo estaría violando la ley: “Confío en que no va a participar porque están claramente identificables los impedimentos en la ley: Hay un conflicto de intereses, sería muy, muy grave que participara en la votación.”   Necesario investigar   Otro aspecto que sale a colación en la entrevista del abogado con este semanario, es que el mismo Tribunal de lo Contencioso dictaminó sobre el caso del Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán y estableció su ilegalidad (Proceso, 1881), y sin embargo está operando. La Supervía no ha sido suspendida y quizá aunque la ley ordene restablecer el orden de las cosas (esto es demolerla), se alegue que ya se invirtió mucho dinero y, según se ha dicho, son recursos públicos. El abogado menciona que hay antecedentes internacionales donde obras semejantes han debido ser demolidas porque se construyeron de manera ilegal. Admite que si se ordenara la demolición sería “verdaderamente escandaloso”, y aclara que el fallo no necesariamente irá en ese sentido, dependerá de un análisis científico y técnico en el cual se evalúe lo que es mejor para el medio ambiente y quizá hasta sea mejor dejarla. Pero está convencido de que su operación generará daños ambientales que bien pueden justificar su destrucción, además de que existen responsabilidades por las omisiones legales cometidas. La ciudadanía, considera, no tiene porqué aceptar vivir con vialidades irregulares y sin ningún tipo de consecuencia para los responsables. “Además señalabas que está construida con dinero público, lo cual es falso y cierto a la vez. Se supone que es dinero privado, fue la razón por la cual la Supervía se otorgó por adjudicación directa y no con licitación. Uno de los requisitos legales para ello es que sea sólo dinero privado. “El problema es que técnicamente sí es privado, pero fue a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que es una institución pública, es dinero de un crédito bancario, lo dan bancos privados, y el gobierno es solidario. Si llega a haber algún incumplimiento por parte de la empresa, el gobierno, o sea la ciudadanía, tienen que responder, lo cual me parece muy grave y va contra lo que se establece para una adjudicación directa.” Deplora que para el gobierno haya sido sencillo adjudicar directamente la obra diciendo que es dinero privado, cuando todos los beneficios son para las empresas privadas, pero los riesgos para el propio gobierno y la ciudadanía. Eso también le parece ilegal y hace ver que la Consejería Jurídica del D.F. ha mantenido en la ilegalidad esta obra desde el propio título de concesión, por cuestiones como ésta. Recuerda que la pasada administración, con Marcelo Ebrard al frente, se negó también a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. sobre la obra, argumentando que eran hechos jurídicos consumados. Y deja en claro que es falso que nada se pueda hacer pues existe el juicio de lesividad, mediante el cual la autoridad puede modificar sus propios actos cuando son irregulares o ilegales. Es el caso de esta concesión. Es tramposo, pues, decir “ya está construida, ya no se puede hacer nada”, pero aclara no se está pidiendo la destrucción sólo porque sí, sino que dadas las violaciones se haga una nueva evaluación para determinar su conclusión o no, su operación y además determinar las consecuencias jurídicas sobre los responsables, “que son miembros de las empresas y de la administración capitalina pasada”. La obligación del Tribunal, subraya, es decidir por el interés público con base en datos científicos y técnicos. Explica también que de confirmarse la sentencia en favor de la sociedad civil, la empresa no podrá operar la Supervía, pero por la forma en que está construido el título de concesión las pérdidas serán para el gobierno y la ciudadanía. No obstante el título también puede ser revisado, pues aunque no está en este juicio de nulidad, es ilegal y el gobierno puede anularlo a través del mecanismo antes mencionado para que los ciudadanos no paguen “los platos rotos”. Cierto que el juicio de lesividad implicaría ir a un litigio entre el gobierno y la empresa, pero juzga que el gobierno tiene las de ganar pues las irregularidades de la concesión son atribuibles a la empresa. Además se trata de un asunto de interés público, aunque “de manera también ilegal” el poder judicial federal negara a estas agrupaciones el interés jurídico para impugnar las violaciones cometidas en esta obra. García deja en claro que la nueva administración de Miguel Ángel Mancera está muy comprometida y tiene la posibilidad de actuar para anular los actos ilegales de la pasada. Puede investigar, perseguir y sancionar a quienes los hayan cometido, “si no quiere ser responsable y cómplice de lo que se hizo en la administración anterior”. El hecho es que cuando Mancera fue en diciembre pasado a la Cámara de Diputados a solicitar un incremento al presupuesto de la ciudad, dijo como una de las razones: “Tengo que concluir la Supervía”. Sobre este particular el abogado comenta: “Es un mal signo, me parece muy grave, debería ser un escándalo nacional, porque como te digo se supone que la Supervía se construye con dinero privado. Mancera no tiene que ir a pedir dinero para esta obra pues no se hace con dinero del erario.” Pide que se investigue de manera puntual y exhaustiva a qué se refirió entonces el jefe de gobierno al ir a la Cámara a pedir dinero para la Supervía: “Es como si estuviera pidiendo dinero para Walmart o cualquier otra empresa privada.” Y tras señalar que el gobierno no tiene facultades para algo así, insiste en que debe aclararse para qué es el dinero que solicitó. Pide que organismos como la Asamblea Legislativa investiguen y que los diputados “no se dejen engañar, porque a lo mejor el jefe gobierno nada más está diciendo que necesita dinero para la Supervía cuando es falso, porque no tiene porqué poner dinero en esa obra. “Ahí hay algo extraño, se debe investigar, implica muchas cosas, desde un engaño de parte del jefe de gobierno hasta actos de corrupción.” En diciembre pasado, el Frente opositor recordó a Mancera que prometió conducirse con honestidad, a garantizar la participación ciudadana, combatir la corrupción y evitar el tráfico de influencias. Ser “humanista, veraz, honrado, transparente, democrático y unido al pueblo”. Sus compromisos son serios, le han dicho, y “está doblemente comprometido: porque tiene que responder ante más de tres millones de votantes que le dieron su confianza, no sólo a usted, sino a un proyecto democrático, y porque su profesión de abogado lo obliga a ello”. El gobierno de Mancera ya anunció que la Supervía estará terminada en mayo próximo.