MÉXICO, D.F. (Proceso).- La renuncia de Sergio García Ramírez a su cargo de consejero electoral del Consejo General del IFE evidencia –una vez más– las deficiencias y vicios del proceso de designación de los integrantes de dicho órgano. El todavía consejero señaló que desde que le hicieron la invitación, en diciembre de 2011, él les explicó a los legisladores de todos los partidos que su presencia sería únicamente durante el proceso electoral y que una vez concluido éste, dimitiría, con lo cual –según su dicho– ellos estuvieron de acuerdo. La presión para que García Ramírez aceptara un cargo que él afirma nunca buscó ni le interesaba, era que lo que les daba confianza a los partidos políticos fue la terna en su conjunto y que si uno de ellos salía, inevitablemente el acuerdo se caía. El hecho desnuda el procedimiento para designar a los consejeros: Cada líder de partido político tiene a su candidato, normalmente un militante, simpatizante ideológicamente afín a dicho partido o en algunos casos comprometido con sus dirigentes. Por un acuerdo tácito cada una de las tres principales fuerzas políticas tiene derecho a proponer a un consejero (antes cuando se nombraba a los nueve en el mismo momento, se repartían proporcionalmente su representación en la cámara; hoy, que son tres, es uno por fuerza política) y el acuerdo al que lleguen los líderes de los tres partidos políticos automáticamente cuenta con la aprobación del pleno. La única vez que se violó este procedimiento fue en octubre de 2003, cuando PRI y PAN decidieron dejar fuera de la negociación al PRD porque insistía en mantener a algunos de los consejeros que concluían su encargo; el resultado fue el conflicto poselectoral de 2006, con las consecuencias de sobra conocidas. En octubre de 2010, cuando se debían nombrar tres consejeros electorales el PRI intentó imponer su mayoría en la cámara: Quedarse con dos de las tres propuestas y dejar a cualquiera de los otros dos partidos fuera. Pero ni PAN ni PRD cedieron a esa presión. Como la designación de los consejeros requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes, el PRI requería necesariamente el acuerdo del PAN o del PRD y la designación se pospuso casi 13 meses. Finalmente en diciembre de 2011 el PRI accedió a proponer únicamente uno de los tres (Proceso 1833) y éste fue precisamente García Ramírez (destacado jurista pero también prominente priista), y además aceptó las propuestas del PAN (María Marván) y del PRD (Lorenzo Córdova). En esa ocasión ni siquiera guardaron las formas, se olvidaron de las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el procedimiento claramente detallado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Se brincaron la convocatoria pública, la comparecencia ante una comisión de legisladores de todos los participantes que cumplieran los requisitos y una supuesta calificación de méritos. Dejaron de lado la simulación y el espectáculo que habían montado en los procesos de febrero y agosto de 2008 para la designación de los otros seis consejeros, incluyendo al consejero presidente. Así que la renuncia de García Ramírez y sus declaraciones simplemente son la continuación de esa tarea de desmantelamiento de una representación. Pero el procedimiento real va contra todos los principios y discursos que dieron origen a la creación del IFE: Destruye la supuesta ciudadanización del órgano de gobierno de la autoridad electoral; olvida la “amplia consulta a la sociedad” y, por ende, la participación de ésta en el proceso de designación de los consejeros, e ignora la idoneidad de quienes ocupan los cargos. Lo único que cuenta en la lógica de los líderes de los partidos políticos es la lealtad de los designados a sus señalamientos e indicaciones; y aunque con claras diferencias según sus capacidades y compromisos, eso lo evidencian los propios consejeros en las sesiones del Consejo General del IFE. Así están los empleados de los partidos políticos que los propusieron, que obedecen ciegamente las órdenes y están dispuestos a seguirlas hasta la ignominia; y los que, por dignidad, se desmarcan cuando las posiciones del partido que los propuso son aberrantes. La identidad partidista de García Ramírez y el trabajar en una materia que le era ajena marcan su actuación como consejero y lo hacen titubeante, voluble e inconsistente, a tal grado que manchan su indiscutible prestigio como jurista. Su caso contrasta con el de varios de sus compañeros que aprovecharon su cercanía con los dirigentes partidistas para llegar a esa posición sin ningún mérito personal ni prestigio que cuidar. Pero más allá de las personas, el problema nuevamente es estructural. Los partidos ven las designaciones de los integrantes de los órganos de gobierno de las entidades autónomas simplemente como una oportunidad más de colocar a sus incondicionales; son más puestos a repartir entre los suyos y, por cierto, puestos con salarios muy jugosos. En el caso de los consejeros de Pemex el reparto fue abierto y descarado: Cada uno de los partidos puso a su consejero y lo mismo sucede en casi todos los órganos electorales de las entidades federativas. En el caso del Distrito Federal, el jefe de Gobierno llegó al descaro de colocar a una exempleada suya. Y los legisladores ya están ansiosos por repartirse las posiciones de los comisionados del IFAI y de la Comisión Anticorrupción. Más puestos y presupuesto para repartir, sin importar la funcionalidad de las instituciones. Antes de preocuparse por llenar el hueco que deja García Ramírez, los legisladores deben ocuparse de diseñar un procedimiento que acabe con las cuotas partidistas y asegure la autonomía del órgano electoral. Las reformas constitucional y legal de 2007 y 2008 únicamente se ocuparon de cambiar a los integrantes del consejo, pero ignoraron la verdadera causa del problema. Es urgente atenderlo antes de que sepulte la ya muy deteriorada credibilidad de la autoridad electoral y sus ondas expansivas alcancen a órganos autónomos que todavía ni se crean.