MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Dicha comisión deberá entrar en funciones dentro de los 30 días siguientes a partir de su publicación y con ello se pondrá en marcha el Programa Nacional de Prevención del Delito anunciado por Enrique Peña Nieto el pasado 1 de diciembre, en su primer mensaje como presidente de México. Ese programa fue el primero de las 13 acciones de gobierno con las que, dijo, se logrará la transformación del país en los próximos seis años, y tendrá la finalidad de reconstruir el tejido social, atender a los adictos, recuperar los espacios públicos y crear proyectos productivos. La Comisión Intersecretarial, cuyo anuncio de creación se publicó hoy en el DOF, tendrá carácter permanente y su objetivo será coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en esa materia. Será presidida por la Secretaría de Gobernación (Segob), e integrada por las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Economía (SE), Comunicaciones y Transportes (SCT), Educación Pública (SEP), Salud (SS), Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SDATU). En el texto de acuerdo de creación se destaca: “La prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar nuestro entorno social y disminuir la violencia y la delincuencia en el país y para ello se requiere de la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, del sector social y de las organizaciones de la sociedad civil". Según el acuerdo, la Comisión sesionará por lo menos una vez al mes de manera ordinaria y de forma extraordinaria las veces que sea necesario. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, y en caso de empate, el presidente de la comisión tendrá voto de calidad. Señala además que la Comisión realizará las recomendaciones pertinentes para que las políticas, programas y acciones de prevención de la violencia y la delincuencia se orienten “de manera coordinada” a la construcción de una ciudadanía responsable, a la promoción de una cultura social de legalidad y tolerancia y la corresponsabilidad social. Asimismo, al mejoramiento del entorno social y el acceso a servicios básicos; la activación y apropiación sociales de los espacios públicos y la generación de oportunidades de desarrollo. Destaca también como rubros prioritarios el apoyo económico para la creación de empresas sociales, la atención prioritaria de grupos vulnerables y la orientación y formación educativas para combatir las causas psicosociales del delito. Entre las funciones de la Comisión estarán la de propiciar que el gasto que ejerzan las dependencias que la integran esté alineado a la planeación nacional en la materia y dar seguimiento a los apoyos económicos otorgados por el Gobierno federal a empresas sociales. También analizar la incidencia del gasto de sus políticas públicas; analizar la conveniencia de reorientar recursos hacia acciones que reduzcan los factores de riesgo; impulsar el establecimiento de esquemas de participación ciudadana y comunitaria, así como analizar el marco normativo aplicable y, en su caso, realizar las propuestas conducentes. La responsabilidad de la organización, ejecución, seguimiento y análisis de los asuntos que se sometan a consideración de la Comisión serán responsabilidad de un Secretario Ejecutivo que será nombrado por el presidente de la comisión. Tendrá también la facultad de proponer a la Comisión la creación de subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo y coordinar el desempeño de los mismos, e informar periódicamente al presidente de la Comisión de las actividades de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo.