MÉXICO, D.F. (apro).- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió, después de siete años de litigio, que el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia –en el exilio en Canadá–, debe repartir los 54 millones 84 mil 470 dólares del fideicomiso creado entre el gremio y la concesionaria Grupo México, a favor de los trabajadores sindicalizados que trabajaron en la extinta Minera Cananea. La decisión responde a las demandas presentadas por mineros desconocidos por este sindicato que exigieron la entrega de ese dinero, que quedó bajo el control de la dirigencia desde marzo de 2005, y acusaron a Gómez Urrutia de fraude. De acuerdo con el laudo dictado por la Junta Especial 10 de la JFCA, “se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana a hacer efectivo, a favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de la cantidad de 54 millones 84 mil 479 dólares que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005, pagadera en moneda de curso legal”, apuntó. La resolución se refiere a 800 mineros, pero señaló que debe haber un incidente de liquidación para conocer el total de afiliados de la Sección 65 que laboraron en Cananea en 1990. Este pago incluye intereses acumulados por la inversión de este capital. El laudo fue dictado el pasado 26 de octubre pero no se había dado a conocer. Los mineros fueron notificados a finales de enero; a la fecha el sindicato no ha manifestado una posición oficial. El gremio todavía tiene un recurso legal por agotar: el amparo. En 1990 Grupo México compró Mexicana de Cananea, que estaba en suspensión de pagos, y se comprometió con el sindicato a crear el fideicomiso. Pasaron 14 años hasta que en octubre de 2004 lograron un acuerdo por 55 millones de dólares depositados en el Banco Scotiabank y el sindicato tendría una participación de 5% en la explotación de la mina. Se presentaron demandas en diversas entidades del norte hasta que Gómez Urrutia consiguió un amparo porque se giraron órdenes de aprehensión en su contra; eso lo motivó a autoexiliarse en Vancouver, Canadá. En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se habían iniciado en la Fiscalía Central en Investigación para Delitos Financieros, tres distintas averiguaciones: FDF/T/T1/854/07-11,  FDF/T/T3/794/08-10 y FDF/T3/884/06-12. Las tres averiguaciones previas concluyeron con resoluciones de no ejercicio de la acción penal, pero siguió en pie la demanda administrativa en la JFCA, la cual ya se resolvió.