La impune cadena de universitarios ejecutados en Nuevo León

jueves, 21 de febrero de 2013 · 18:05
MONTERREY, N.L. (apro).- La ejecución de César Emilio Méndez Carrizales, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), prolonga la racha de alumnos ejecutados en años recientes en la entidad. Del 2010 a la fecha han sido víctimas de la violencia por lo menos 12 jóvenes que acudían a alguna de las instituciones educativas del estado. Méndez Carrizales, de 20 años, quien asistía a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), fue secuestrado el martes por la noche cerca de su casa, en el municipio de Apodaca. La mañana del miércoles su cadáver fue encontrado con un balazo en la cabeza en la avenida Raúl Salinas y Libramiento Noroeste, en Escobedo, 20 kilómetros al norte de la capital. El mes pasado hubo otra tragedia que afectó a la comunidad académica local: El 12 de enero, Adrián Javier González Villarreal, de 20 años, también estudiante de la FIME, fue asesinado “por error” por policías municipales de Santa Catarina que lo habrían confundido con un pistolero en una persecución de madrugada. En el incidente fue herida de bala su novia Gladys Soto, estudiante de Comunicación de la UANL que lo acompañaba. Ella fue reportada fuera de peligro. Dos policías, exmilitares, fueron consignados por el crimen y actualmente enfrentan en prisión un proceso por homicidio calificado. El 13 de marzo del 2012, fue asesinado afuera de su casa en la colonia Burócratas Municipales, de esta capital, Gerardo Hiram Meza, cuando un grupo de personas pretendió robarle una computadora portátil. El joven, estudiante universitario de arquitectura, era hijo de un agente ministerial. El 7 de marzo fue asesinado a balazos en calles de San Nicolás, José Fidencio García Neri, estudiante de sociología de la máxima casa de estudios de la entidad, mientras hacía trabajo social en la calle. Más tragedias se registraron en el 2011: El 20 agosto de ese año, Diego Monsiváis, estudiante de esa misma facultad, fue asesinado a balazos por hombres que se metieron a su casa, en la comunidad de El Barrial, en Santiago, 20 kilómetros al sur de Monterrey. Gabriela Pineda falleció el 5 de abril cuando fue atropellada por una patrulla de la Policía de Monterrey que huía de pistoleros que le disparaban. El accidente ocurrió en el exterior de la Facultad de Psicología de la UANL, donde cursaba el noveno semestre. El 10 de marzo de ese año, Raúl Villarreal fue alcanzado por balas que sicarios dispararon contra otra persona, en la calzada Madero de esta ciudad. El joven cursaba la carrera de arquitectura. La madrugada del 11 de enero del 2011, Roy Rivera Hidalgo, de 20 años, estudiante de filosofía y letras, de la Universidad de Nuevo León, fue secuestrado de su casa en San Nicolás. Se lo llevaron hombres armados en presencia de su madre y su hermano. Desde entonces está desaparecido. El 2010 también tiñó de rojo a la comunidad académica de Nuevo León. Lucila Quintanilla, alumna de artes visuales de la UANL, cayó abatida por pistoleros que le dispararon a un celador en la avenida Morelos, al que perseguían por esa vía, el 6 de octubre del 2010. Víctor Castro Santillán era un estudiante de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México que estaba en la UANL en intercambio académico. El 20 de abril del 2010 fue asesinado a golpes en el exterior del campus central de la institución nuevoleonese, en San Nicolás, por hombres que fueron pagados por un compañero de aula, Marcelo Laguarda Dávila. El móvil fueron los celos, pues la víctima salía con una chica de origen francés, quien aparentemente tenía una relación con su victimario, mismo que fue detenido y sentenciado a 43 años de prisión. El caso más sonado de muertes de estudiantes es el de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, acribillados por soldados en el interior del campus central del Tecnológico de Monterrey, la madrugada del 19 de marzo del 2010. Hasta ahora el juicio de los responsables ha sido opaco. Desconocen sus detalles los familiares y los académicos de la institución que han pedido que sea abierto el proceso.

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