MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM) –con sede en Atizapán, Estado de México–denunció que de enero a febrero de este año se han registrado 47 desapariciones de mujeres en esa entidad, casos que asegura podrían estar vinculados con trata de personas. Emma Obrador, directora de AMAM, afirmó en entrevista que a través del seguimiento de información periodística detectaron esas 47 desapariciones, aunque al parecer diez de ellas ya fueron localizadas. Obrador indicó que, según notas de prensa, la mayoría de las mujeres desaparecidas son jóvenes de 15 a 30 años, lo que podría ser una señal de que son secuestradas para ser explotadas sexualmente o ser víctimas de violación. Sin embargo, señaló que hasta ahora no hay información oficial y no se sabe cómo se están atendiendo los casos. Por ello, la activista celebró el reciente acuerdo entre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y las consejeras sociales y consultivas de esa institución para reunirse en breve con el procurador mexiquense Miguel Ángel Contreras, con el fin de revisar la situación. Y es que el jueves 21 la nueva titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, se comprometió con las consejeras de esta institución, entre otras cosas, a revisar la situación del feminicidio en el Estado de México, ya que en su momento fue ella quien se opuso a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad. En ese entonces, Lorena Cruz argumentó que los 922 asesinatos documentados de 2005 a 2010 por organizaciones civiles eran una excusa para “golpear” políticamente al entonces gobernador, el priista Enrique Peña Nieto. No obstante, en esta ocasión la ahora presidenta del Inmujeres se comprometió a revisar la situación del feminicidio en esa entidad. En la reunión de trabajo realizada en Ixtapan de la Sal con las consejeras sociales y consultivas del Inmujeres, Cruz Sánchez –criticada por haber sido impuesta en el cargo por Peña Nieto, según feministas, académicas y grupos civiles– se comprometió a darle voz a las organizaciones expertas en equidad de género. La consejera social Natalia Reyes Andrade señaló que uno de los acuerdos de la reunión es concertar una entrevista con el procurador mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, para revisar la situación del feminicidio en la entidad. Emma Obrador destacó que ese eventual encuentro es importante para que las autoridades informen cómo están investigando y qué han hecho para localizar a las desaparecidas. Patricia Prado Hernández, presidenta de la Fundación Camino a Casa y actual consejera del Inmujeres, consideró que los funcionarios mexiquenses encargados del esclarecimiento de los crímenes deben dar a conocer las líneas de investigación que se llevan a cabo. La consejera precisó que una de las principales líneas de investigación debe ir enfocada a identificar si las desapariciones están ligadas con la trata de personas con fines de explotación sexual. Lo anterior, debido a que organizaciones civiles que dan seguimiento a los casos, así como asistencia a las familias de las desaparecidas, tienen conocimiento de que los padres no reciben llamadas posteriores a la desaparición, en las que se les exige dinero por el rescate, lo que indicaría que los casos no están relacionados con extorsiones. Patricia Prado también informó que desde la Fundación Camino a Casa han tenido conocimiento de casos en los que las jóvenes –que si bien salieron por cuenta propia de sus hogares– primero fueron contactadas a través de redes sociales por algún desconocido, quien “las enamoró o les ofreció algún tipo de empleo”, para después ser explotadas sexualmente. La activista agregó que durante la reunión –prevista para después del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer– se solicitará a los funcionarios que definan las medidas para impedir que el número de jóvenes desaparecidas vaya en aumento. Por separado, Emma Obrador señaló que sería idóneo que también estuviera presente el gobernador Eruviel Ávila para que revise las condiciones que padecen las mujeres que viven en municipios “dormitorio” o con altos índices de población migrante, como Tultitlán.