CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, anunció sanciones administrativas y penales en contra de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), debido a que desde hace más de dos semanas iniciaron un paro laboral y mantienen tomadas las sedes del Poder Ejecutivo y Legislativo, en protesta contra la aprobación de la reforma educativa. Fuentes oficiales informaron a Apro que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) consignó dos averiguaciones previas ante el Juzgado Tercero en Materia Penal de Primera Instancia, en las que se solicitan órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes del movimiento magisterial. El recién designado subprocurador de Justicia, Victoriano Sánchez Carvajal, fue el encargado de llevar las indagatorias al juzgado local, ubicado en las inmediaciones de la cárcel capitalina, señalaron las mismas fuentes. Por separado, el dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, anunció la radicalización del movimiento, al informar que no liberarán los edificios públicos y que realizarán una marcha el próximo lunes 11 en el puerto de Acapulco. Juárez Ocampo dijo que tienen conocimiento de que la acción penal va dirigida contra 17 miembros de la dirigencia estatal, y responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a su secretario de Gobierno, Humberto Salgado, de la “acción represiva que orquesta” el gobierno estatal en contra del magisterio disidente. En conferencia de prensa, realizada en la sede del magisterio disidente en esta capital, señaló que el gobierno estatal decidió “romper el dialogo” porque los mentores decidieron mantener la toma de edificios públicos y el paro laboral. Recordó que el miércoles 6 –después de 10 días de que iniciaron el paro laboral y tomaron las sedes del Ejecutivo y el Legislativo en esta capital– Aguirre Rivero aceptó reunirse con los integrantes de una comisión del movimiento magisterial en Acapulco, donde acordaron que este viernes se realizaría un segundo encuentro para instalar mesas de negociación y avanzar en la posible solución del conflicto. No obstante, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, anunció el rompimiento del diálogo con el magisterio disidente, a través de una declaración difundida por el periódico El Sur en su edición de este viernes. El funcionario estatal, a quien se acusa de haber ordenado el fallido desalojo de normalistas el 12 de diciembre de 2011, donde dos estudiantes fueron asesinados a tiros, advirtió: “El gobierno estatal suspende el diálogo con los maestros de la CETEG. No se pagará a los que no han cumplido con sus clases y hay órdenes de aprehensión porque ya fueron ratificadas las denuncias penales en su contra”. La postura de Salgado Gómez fue respaldada por la titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Silvia Romero Suárez, quien calificó de radicales a los maestros disidentes. Entrevistada en un restaurante al sur de esta capital, donde conversaba con el exdiputado local de Nueva Alianza y exdirigente de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Calixto Díaz –cercano a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo–, Romero Suárez dijo que en la reunión del miércoles 6 el gobernador pidió al magisterio disidente que liberara los edificios públicos que se mantienen tomados, porque están afectando trámites y servicios administrativos. “El magisterio disidente respondió que no hay disposición para liberar los inmuebles y, lo que es peor, anunciaron una movilización para el lunes en Acapulco”, reprochó la funcionaria estatal. Por ello, consideró que el gobierno estatal debe mostrar “una postura más firme”, y reconoció que la dependencia a su cargo ya integra procesos administrativos en contra de los paristas. Romero Suárez manifestó que a pesar de que el secretario de Gobierno anunció la suspensión del diálogo con los miembros de la CETEG, se seguirán tendiendo puentes de comunicación con los inconformes. Añadió que ambas partes deben mostrar voluntad para destrabar el conflicto que tiene paralizada la administración central del gobierno estatal y las actividades del Congreso local. Luego de señalar que los cetegistas pueden incluir sus propuestas en las leyes reglamentarias “sin tener que secuestrar” al gobierno estatal, detalló que de las cuatro entidades que mantienen protestas por la aprobación de la reforma laboral y educativa, sólo en Guerrero existe un paro laboral y la toma de sedes gubernamentales. En este sentido, dijo, mil 200 planteles permanecen cerrados desde el 25 de febrero, en una acción en la que participan 10 mil trabajadores de la educación y que afecta a más de 168 mil estudiantes de nivel básico. De su lado, el dirigente de la CETEG expresó que de los más de 10 mil centros educativos que existen en la entidad, cerca de 6 mil 500 permanecen cerrados. Además, Juárez Ocampo rechazó que la liberación de los edificios públicos haya sido un acuerdo pactado con el gobernador, y consideró que las autoridades estatales sólo están tratando de justificar “su vocación represiva”. Advirtió que no aceptarán condicionantes para restablecer el diálogo con las autoridades educativas, y criticó que Ángel Aguirre Rivero haya designado al senador perredista Sofío Ramírez –considerado el delfín del Ejecutivo– como enlace entre el gobierno estatal y la CETEG. “Es parte del juego político perverso de Aguirre, que demuestra desinterés, actitud que ha asumido para la solución de conflictos. En lugar de optar por los canales formales de comunicación, el Ejecutivo designa a un coadyuvante que actúa por consigna”, expresó el dirigente cetegista. Las autoridades estatales, alertó, están mostrando los mismos signos de omisión e indolencia que se presentaron en el caso Ayotzinapa, donde la falta de atención a demandas de normalistas desencadenó el asesinato de dos estudiantes durante el desalojo violento realizado por policías federales y estatales. Por ello, dijo, los cetegistas que mantienen tomadas las sedes del Poder Ejecutivo y Legislativo se encuentran en alerta general ante la posibilidad de un desalojo. Entre las demandas generales planteadas por el magisterio disidente al gobierno estatal destacan: garantizar la gratuidad de la educación en la entidad, respeto a los derechos laborales del magisterio, revisar el tema de la evaluación educativa y garantizar plazas de base.