MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpondrá una denuncia penal y administrativa en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal en la pasada administración, Genaro García Luna; el exdirector de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, y 20 mandos y exmandos policiacos más por su probable responsabilidad en delitos y faltas administrativas cometidas durante la detención de Florence Cassez, en diciembre de 2005, y que a la postre fueron determinantes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara en enero pasado a la ciudadana francesa. En conferencia de prensa, el titular del organismo, Raúl Plascencia, presentó este miércoles un informe especial sobre el caso en el que documenta una serie de irregularidades cometidas por los entonces funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). Pese a que en el informe no se enuncian los nombres de los presuntos implicados, en la relación que presentará el ombudsman a la PGR es posible identificar a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como al extitular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, Luis Cárdenas Palomino. En la relación también se incluye a dos directores, de Investigación Policial y Operaciones Especiales, 15 agentes operativos y dos agentes del Ministerio Público. Entre las principales irregularidades detectadas por la CNDH en el caso, destacan “omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia, negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso” en agravio de las víctimas del delito. Todas esas irregularidades, consideró Plascencia Villanueva, podrían traducirse en delitos como abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y ejercicio indebido del servicio público. Al puntualizar que Cassez fue puesta en libertad porque su proceso judicial fue “pervertido” por la actuación de esos exfuncionarios –y “no por ser inocente” –, el ombudsman demandó que la PGR repare el daño integralmente y proporcione medidas cautelares a las víctimas de la banda de Los Zodiaco, a la que supuestamente pertenecía la francesa. Para Plascencia “la impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana”. Frente al polémico caso que mantuvo poco más de siete años en la cárcel a Cassez, abundó, lo menos que deben hacer las autoridades es “profundizar las investigaciones para fincar responsabilidades contra los servidores públicos que pervirtieron el proceso, agraviando así no sólo a las partes, sino a las instituciones, a la sociedad y al Estado mexicano”. El informe, de 35 cuartillas, se basó en el análisis minucioso de la sentencia dictada por la SCJN el 23 de enero de este año; de quejas presentadas por las víctimas de secuestro y la expuesta por un reportero que cubrió el evento en el que supuestamente se detuvo a Cassez, así como en videos de las transmisiones televisivas relativas al caso. Esos testimonios permitieron a la CNDH concluir que la serie de irregularidades cometidas “vició el procedimiento penal respectivo, trascendiendo en su resultado y agraviando en última instancia a las víctimas del delito”. Esa actuación, advierte la CNDH, provocó que “se vulneraran los derechos a la notificación, contacto y asistencia consular, a la puesta a disposición inmediata de la detenida ante el Ministerio Público, y a la presunción de inocencia en perjuicio de la señora Cassez”. En el análisis se consideró de relevancia las declaraciones que García Luna dio en una entrevista televisiva del 5 de febrero de 2006 y una rueda de prensa cinco días después, en las que reconoció que a petición de representantes de medios de comunicación la AFI escenificó un montaje de la supuesta detención de secuestradores y de la liberación de víctimas el 9 de diciembre de 2005 en El Rancho las Chinitas, localizado en Morelos. Al señalar que hubo declaraciones contradictorias sobre el montaje entregadas a la CNDH por parte de García Luna y sus subalternos, el organismo puntualiza que las irregularidades que permitieron después de más de siete años que Cassez fuera liberada por una sentencia de la SCJN propiciaron que “las víctimas vieran obstaculizado su derecho al acceso a la justicia, y a recibir una adecuada reparación del daño”. En el reporte, la CNDH retoma una de las conclusiones de la SCJN sobre la “escenificación ajena a la realidad” de la detención de Cassez, que significó también una violación al derecho a la verdad, “el cual a través de la citada simulación tuvo como consecuencia que se vulnerara en agravio de la sociedad en general los derechos a la información y a la verdad”. La CNDH resaltó que es preocupante que hasta ahora no se hubiera esclarecido el tema del montaje y de los entonces funcionarios implicados en el mismo, a pesar de que en febrero de 2006 se abriera un expediente en la Visitaduría General de la PGR y en mayo de ese mismo año se iniciara una averiguación previa en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual se turnó más tarde a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra Periodistas. Esclarecer los hechos, concluye el ombudsman en el reporte, “tendría el efecto de que, por una parte, la sociedad acceda a la verdad y obtenga información veraz de lo que sucedió; y por otra que las víctimas de delito tengan acceso a la justicia y se les repare el daño que les fue causado, y de que los agravios cometidos en su contra no serán olvidados con el compromiso de que no se vuelvan a repetir”.