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Ni perdón ni arreglo “amistoso”

Ante las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San Salvador Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en cambio, es necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante organismos internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación,  encabezados por Lía Limón y Manuel Gómez Robledo,  fracasaron en su intento de desactivar la denuncia que 11 mujeres presentaron ante ese organismo de justicia internacional en contra del Estado mexicano por las vejaciones que sufrieron a manos de la policía en mayo de 2006

En su primera participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en su intento por evitar la difusión internacional del fantasma de la represión policiaca desatada en San Salvador Atenco que lo persiguió durante su gestión como gobernador del Estado de México y como candidato a la Presidencia.

Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta:

“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia.”

En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano.

Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.

En  su  discurso,  Limón  se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca.

Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”.

La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”.

La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia.

 

Disimulo

 

En México, Andrés Díaz Fernández, miembro del equipo de defensa del Centro Prodh, comenta en entrevista con Proceso: “La solución amistosa era la última carta que podía jugar el Estado para evitar llegar a la Corte, y que a su vez el caso fuera ventilado en todo el mundo; es claro que lo que se pretendía con esa propuesta era bajar el perfil a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco”.

El litigante confirma que por decisión de las 11 víctimas acudirán ante la CoIDH en busca de una sentencia contra el Estado mexicano. “El caso de Atenco seguirá en la agenda pública los dos o tres próximos años, depende de la carga de trabajo que tenga, primero la CIDH para procesar el informe de fondo, y después el litigio propiamente”.

Aclara que la negativa de las mujeres a aceptar la solución amistosa no radica en que el actual titular del Ejecutivo fue gobernador del Estado de México y que haya desconfianza.

“Si bien es cierto que Peña Nieto dijo claramente que se asumía como responsable de los hechos de San Salvador Atenco en mayo del año pasado en un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, en la Corte se analiza la responsabilidad de las instituciones del Estado y al Estado mismo como responsables de violaciones a derechos humanos, y no se personalizan los señalamientos”, apunta.

El pasado 11 de mayo, ante reclamos de estudiantes de la Ibero por la represión en Atenco del 3 y 4 de mayo en la que participaron 700 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 800 policías del Estado de México, y fueron detenidas más de 200 personas, Peña Nieto sostuvo que el operativo fue ordenado “personalmente” por él, “para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.

De gira por Nueva York y Toronto, en conferencia de prensa el 16 de junio de 2006, según medios de comunicación, Peña Nieto se refirió así a las denuncias por los abusos cometidos en Atenco: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres. En el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato, porque así lo dicen las normas de esos grupos, o los manuales de los radicales”.

Aun con esa confesión de parte, el abogado Díaz Fernández insiste en que “ha sido el Estado el que ha violado el derecho de acceso a verdad y justicia de las compañeras, no personalizamos, además de que en estos 100 días no vemos señales de un verdadero cambio. La plantilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (dependencia que legalmente litiga los casos) no ha cambiado; permanecen los mismos funcionarios del sexenio anterior y no hay razón para pensar que ahora sí habrá acceso a la justicia”.

Norma Jiménez, otra de las peticionarias, entrevistada en la Ciudad de México, apunta que desde que las 11 mujeres decidieron recurrir al sistema interamericano su propósito “fue llegar a la Corte porque el objetivo es que México reciba una sentencia ejemplar, no sólo para nosotros sino para que lo que nos pasó no vuelva a ocurrir”.

Denuncia que desde que se inició el proceso ante la CIDH, “muchas hemos recibido amenazas, telefónicas o por correo electrónico; buscan intimidarnos”.

Incluso sostiene que durante el sexenio de Felipe Calderón, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores las buscaban para tratar de llegar a acuerdos y desarticular el grupo.

“No han podido con nosotras. Estamos decididas a llegar hasta las últimas consecuencias, que todos los que nos agredieron y que nos obstaculizaron el acceso a la justicia sean castigados, que se llegue hasta donde se tenga que llegar”, dice.

Sin embargo, al igual que su abogado, insiste en que no pretenden personalizar su caso en la figura de Peña Nieto: “Si otro fuera el presidente, hubiéramos hecho lo mismo”.

 

El infierno

 

En su testimonio expuesto en la audiencia pública, Bárbara Italia Méndez Moreno narró a los comisionados de la CIDH la pesadilla que significó para ella la tortura sexual a la que fue sometida y la serie de agravios que sufrió, entre ellos el encarcelamiento y procesamiento judicial por un delito que no cometió.

Con voz firme y tranquila refirió: “Cuando subo al vehículo en el que me trasladarían los policías comienza el infierno para mí. Hay un olor a sangre muy penetrante y una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de una pila… los policías comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.

Durante 20 minutos que duró su exposición, señaló que durante el tiempo que estuvo dentro del camión escuchó gritos de otras mujeres que al igual que ellas eran abusadas sexualmente.

“Es muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María que gritaba que era de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que no podía respirar porque padecía asma… escuché repetidamente el nombre de Norma Jiménez, una chica que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No se cuánto tiempo habrá durado.”

La tragedia que inició la mañana del 4 de mayo de 2006 cuando policías federales ingresaron en forma violenta a la vivienda donde Italia se había refugiado junto con compañeros de la fundación Vida Nueva en México, en la que era voluntaria, no terminó con la violencia sexual y los golpes de toletes en su cuerpo hasta descalabrarla. Las humillaciones continuaron en el penal de Santiaguito.

En esa cárcel, médicos legistas le suturaron la herida de la cabeza sin anestesia y le negaron atención ginecológica, en tanto que los agentes del Ministerio Público no quisieron abrir una queja por tortura y abuso sexual ni proporcionarle la asistencia de un abogado.

Méndez Moreno fue procesada por ataques a las vías de comunicación y transporte. Obtuvo su libertad bajo caución el 15 de mayo de 2006 y quedó absuelta en abril de 2008.

De las secuelas de la tortura reveló a los comisionados: “El común denominador en mi vida es el miedo de que esto ocurra de nuevo, que le suceda a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas… me desbordo fácilmente. Ya no sirvo más”.

De los daños en ella y el resto de sus compañeras dijo: “Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas y el sello del estigma sigue estando. Dejamos de tener nombre: Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. El dolor es profundo. Van a cumplirse siete años y el dolor sigue ahí”.

En la audiencia las abogadas de CEJIL y el Centro Prodh, Alejandra Nuño y Stephanie Brewer, detallaron las fallas y omisiones del Estado, y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia.

Después de que en 2009 la PGR, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Trata de personas (Fevimtra), declinara su competencia de investigación a favor de la Procuraduría General de Justicia estatal, por considerar que ningún policía federal agredió a las mujeres, hasta ahora de los 2 mil 500 policías que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, el 17 de mayo de 2012 se libraron órdenes de aprehensión contra tres policías estatales, uno de ellos ya fallecido.

El último escrito entregado por el Estado mexicano a la CIDH está fechado el 25 de octubre de 2011; es decir, fue elaborado por funcionarios del gobierno calderonista y en él se responsabiliza a las peticionarias de “la falta de acceso a la justicia por no denunciar a tiempo”, según señaló Stehanie Brewer en Washington.

Luego de exponer su testimonio, la comisionada Rosa María Ortiz preguntó sobre las expectativas de justicia en México. La activista respondió: “Nosotros no hemos tenido oportunidad. No hemos encontrado en las instituciones del Estado voluntad política para atender este asunto, ni para que haya una investigación imparcial, seria. Hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia y ellos no han respondido. En el ámbito federal para nosotros fue una burla que haya declinado la competencia y piensen que vamos a considerar que va a haber justicia en el ámbito local.

“Por eso acudimos a la Comisión Interamericana porque creemos que tenemos esperanza de que haya justicia desde este espacio porque lo que nos han dejado ver las autoridades en México es que no tenemos ninguna esperanza de que haya justicia”, concluyó.

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