MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El 2 de abril el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) por su papel en “garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”. Sin embargo, durante la administración de Duarte, Veracruz se ha convertido en uno de los diez lugares más peligrosos para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras. El premio ha causado asombro e indignación entre el gremio periodístico del país. Recientemente, un grupo de periodistas iniciaron una página en Facebook y el hashtag #ChayoPremio en Twitter para repudiar el premio. Hasta el momento, los periódicos Notiver y Diario de Juárez negaron pertenecer a la AME y se deslindaron de dicho reconocimiento. En el siguiente texto elaborado para el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Daniela Pastrana, periodista independiente y directora ejecutiva de la Red de Periodistas de a Pie, detalla el deterioro de la libertad de prensa en Veracruz en los últimos años, las carencias del gobierno de Duarte en garantizar protecciones a los periodistas, y cómo han reaccionado los reporteros del estado al premio. * * * * En los últimos dos años, Veracruz ha registrado todas las modalidades de ataques graves a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. Desde el 1 de diciembre de 2010, cuando Javier Duarte rindió protesta como gobernador del estado, han sido asesinados nueve periodistas, otros dos – al menos – están desaparecidos, una veintena se vio forzada a abandonar el estado o a dejar el periodismo por las amenazas a su vida, un diario fue incendiado, y prácticamente todas las semanas, una nueva agresión se suma a las listas de ataques que acumulan las organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Los periodistas viven con miedo y desesperanza. - Nos queda claro que muchos crímenes van a quedar impunes, que sus memorias quedaron ensuciadas, que no veremos justicia y que la impunidad prevalecerá. Hemos perdido la esperanza en una actuación decorosa del gobierno hacia nosotros- dice una joven periodista de Xalapa. -¿De plano no esperan nada?- me atrevo a preguntar. - Nuestra cotidianidad fue alterada y nada lo restablecerá. Yo al menos (quisiera) que nos dejen en paz, que no se presuma un premio absurdo, porque nosotros aún tenemos pesadillas, aún volteamos a dejar pasar al de atrás cuando alguien en la banqueta de una calle nos alcanza, porque hay gente que está lejos, exiliada, o que ya no es periodista pero que nunca dejó el estado para no alejarse de su familia. El premio del que habla es el que el 2 de abril entregaron los empresarios de 100 diarios regionales agrupados en la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos al gobernador Duarte por su “apoyo” a la libertad de expresión, y que ha causado estupor entre colegas de todo el país. En Twitter lo bautizaron como el “chayopremio”, en referencia a la forma en la que se le llama entre el gremio al cochupo, el pago que se da por una nota a modo, oficial. En medio del horror, el gobierno de Veracruz – el tercer estado más poblado del país y uno de los nueve que no han conocido la alternancia política en ocho décadas- - ha intentado mejorar su imagen de la única forma que conocen los políticos veracruzanos: repartiendo dinero para que “se hable bien” y dando de palos a los que se oponen. El mejor ejemplo de cómo “opera” ocurrió hace unas semanas, cuando el propio gobernador Duarte descalificó a Félix Márquez, un joven fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, quien luego de un mes de trabajo capturó imágenes de un grupo de autodefensa en el municipio de Tlalixcoyan, en la región del Sotavento. En un evento público, Duarte sostuvo la acusación que el día anterior había hecho su secretario de gobierno sobre la presunta falsedad de las fotografías. “Tienen el mismo efecto de tomar una foto de tres personas disfrazadas de Batman, Blue Demon y Mujer Maravilla”, dijo el mandatario. El jefe de la policía, Arturo Bermúdez, fue más lejos y señaló que el fotorreportero debería estar en la cárcel por pagar a la gente para posar en las fotos. “En Veracruz no hay autodefensas”, insistieron los tres funcionarios, a pesar de los testimonios de otros reporteros que también documentaron su existencia. La declaración de Bermúdez provocó un escándalo nacional, que lo obligó a disculparse con el fotógrafo. La vocera del gobierno, Gina Domínguez, lo invitó a tomar un café con el jefe policiaco para aclarar la situación. “Querían una foto”, confió un funcionario de su oficina. Pero Márquez rechazó la invitación y salió unos días del estado para preparar una defensa legal. Al día siguiente, Bermúdez convocó a los periodistas de Xalapa a un desayuno para mandar el mensaje de reconciliación con el gremio. En la Academia de Policía, donde fue la reunión, hubo rifas y regalos para los periodistas. Ese ha sido el sello de la administración de Javier Duarte, quien en septiembre de 2011, luego de encarcelar más de un mes a dos tuiteros que difundieron rumores sobre ataques a escuelas, promovió una reforma penal para sancionar a quienes difundan información que provoque “perturbación del orden público”. Duarte compró la franquicia del Hay Festival para Xalapa y para la edición de 2012 invitó a famosos periodistas internacionales. Ha gastado dinero en “talleres de seguridad” y regalos para periodistas. Pero la oficina de Comunicación Social mantiene una política de control sobre los medios a través de las pautas publicitarias y su vocera habla a las redacciones, marca la agenda, demanda cambios de reporteros. Entre mayo y junio de 2012, tras los asesinatos de cuatro colegas, una docena de reporteros salió huyendo del estado. Era el segundo éxodo de periodistas producido por la violencia y había tensión política por la cercana elección presidencial. El gobierno de Duarte ofreció a varios reporteros amenazados pagar su estancia fuera del estado “hasta que pasaran las elecciones”. Y el 7 de junio, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, en una ceremonia en la que se rifaron, entre otros regalos, 5 automóviles y 10 becas para viajar una semana con todos los gastos pagados a España para tomar un curso. “En el contexto del peor año para la prensa en Veracruz, con el asesinato de ocho comunicadores, entre ellos el de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, el gobierno veracruzano echó la casa por la ventana para agasajar a la prensa este jueves en Boca del Río”, reportó el portal Plumas libres, uno de los pocos medios críticos. Su nota aclara que Duarte departió con directores de medios y reporteros de distintos municipios que fueron trasladados a la capital y hospedados en hoteles de lujo con cargo al erario. La Comisión se formalizó en diciembre de 2012, como un órgano “autónomo” y con un presupuesto asignado de 15 millones de pesos. Está integrada por dos académicas de la Universidad Veracruzana, como presidenta y secretaria ejecutiva, y ocho comisionados: cinco son propietarios o directivos de poderosos medios regionales, dos son líderes de organizaciones afines al gobierno y solo uno, Jorge Morales, es un periodista respetado (al menos hasta antes de entrar al organismo) que ha intentado transparentar los gastos del organismo, y para enojo de muchos colegas, reveló que sólo el 5.2 por ciento de los recursos están asignados a la protección de periodistas, mientras que el resto es para salarios y gastos operativos. Los periodistas de Veracruz no confían en el órgano “autónomo”, en cambio, el gobernador fue aplaudido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y premiado por la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, que agrupa a un centenar de los principales periódicos regionales del país, incluidos siete diarios veracruzanos: El Dictamen, El Mundo de Córdoba, El Mundo de Orizaba, la Opinión de Poza Rica, Imagen de Veracruz, Notiver y AZ de Xalapa. Todos han tenido algún periodista amenazado, que está desaparecido, que fue asesinado, o forzado al exilio. --¿Qué siento? Coraje, indignación e impotencia--, confía una veterana periodista. Es un gobierno que arrastra asesinatos de compañeros y no es posible que empresarios se presten a legitimar que existe libertad de expresión en Veracruz cuando no la hay. No sólo en los temas de inseguridad, que ya no se reflejan en los medios de comunicación, sino en cuestiones de transparencia, en cualquier tema su estrategia es hablar a las redacciones para que no se publique tal o cual cosa. Un colega más joven asegura que el premio abrió una herida que no termina de cerrar. --¿Para quién es este premio? ¿Qué quiere decirnos? ¿Que nuestras propias casas editoriales están con él? Este premio trae al presente un dolor, un luto que aún no se nos pasa. A nuestros compañeros no los hemos olvidado. Tampoco olvidamos que antes de buscar justicia, el gobierno los acusó y los culpó… Yo no sé si alguno se contaminó, pero si así fuera no se contaminó en el desierto, sino en una oficina de gobierno. Sólo que los muertos los pusimos nosotros. Veracruz es una de las regiones más asoladas por la violencia que produjo la extensión del poderío y redes de Los Zetas en la franja oriente del país durante los últimos 6 años. Las fuerzas federales de seguridad que llegaron en 2011 se convirtieron en un factor más de riesgo para los periodistas, que se suma a la precariedad laboral y a las amenazas de grupos criminales. El sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira es de 5 mil pesos mensuales (400 dólares), pero fuera del puerto o de la capital los salarios pueden bajar a la mitad. Muy pocos tienen prestaciones y algunos ni siquiera tienen días de descanso. Durante meses, los directivos ignoraron situaciones que se fueron instalando en todas las redacciones: llamadas de criminales para ordenar la agenda, citas, “castigos” a los que no cumplen. A eso se agregó un elemento extra: la impunidad y una relación entre autoridades y grupos criminales que es cada vez más evidente y que impide a los periodistas identificar plenamente el origen de las agresiones. Para el gobierno de Duarte, los asesinatos de los periodistas están resueltos. A los jefes de Notiver, Milo Vela y Yolanda Ordaz, la Procuraduría de Justicia Estatal los acusó de trabajar para la mafia, basada en un interrogatorio extrajudicial en el que se mencionan sus nombres. A los fotorreporteros Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, asesinados el 3 de mayo de 2012, los acusó de haber participado en el homicidio de sus colegas, con base en una extraña declaración de uno de sus posibles victimarios (según las autoridades, el hombre dijo que los mataron porque ellos habían matado a otros periodistas). En el asesinato de Víctor Manuel Báez Chino, las autoridades culparon a dos personas que, según la versión oficial, formaban parte de una célula de Los Zetas, pero que no pudieron defenderse porque también fueron asesinadas. Y en el caso de Regina Martínez, la Procuraduría acusó del asesinato a un hombre seropositivo y analfabeto que ante el juez declaró que había sido torturado para declararse culpable. Además, desde el inicio de las investigaciones, las autoridades hostigaron a los amigos de la periodista con preguntas sobre su vida personal, no sobre sus investigaciones periodísticas. “Lo que está claro es que en ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por la revista Proceso para seguir las pesquisas. Su rechazo a las investigaciones refleja el sentimiento de muchos reporteros veracruzanos. --El premio a Duarte, es una burla doble— comenta un reportero del puerto. De las autoridades, que no tienen el más mínimo interés de mejorar la situación y pretenden simular que todo está bien en Veracruz, cuando no es así, y de los dueños de los medios, que en lugar de ofrecer un mejor salario a sus trabajadores, prefieren dar estos reconocimientos que sólo generan incertidumbre entre los periodistas por el grado de impunidad en el que estamos viviendo. Los periodistas que ya no están El 8 de marzo de 2011 desapareció Noel López Olguín, reportero de Acayucan. Su cuerpo fue hallado dos meses después en una fosa clandestina. En su columna “Con pluma de plomo” escribía sobre narcotraficantes y corrupción de funcionarios públicos. El 20 de junio, hombres armados asesinaron en su casa a Miguel Ángel López Velasco, subdirector de Notiver, el diario de mayor circulación en el puerto de Veracruz. Milo Vela (el pseudónimo con el que escribía) fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solana y su hijo menor, Misael, fotorreportero. Su lugar en el diario fue ocupado por Yolanda Ordaz, quien desapareció el 24 de julio y su cuerpo fue localizado dos días después con señales de tortura. Después de eso, al menos 14 periodistas huyeron del estado. El 17 de septiembre, Gabriel Manuel Fonseca Hernández, reportero policiaco de 20 años, fue secuestrado en Acayucan, en compañía de un amigo. No se ha vuelto a saber de él. El 6 de noviembre, tres hombres incendiaron el edificio del periódico El Buen Tono, en Córdoba. Al menos cinco reporteros y trabajadores del diario ya no regresaron a trabajar. El 28 de abril de 2012, Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fue estrangulada en el baño de su casa en Xalapa. Era una periodista reconocida por su profesionalismo, vivía en la capital – que hasta entonces parecía intocable – y no cubría la fuente policiaca. El 3 de mayo, fueron localizados en un canal de drenaje del puerto, y adentro de bolsas de plástico, los cuerpos mutilados de tres fotógrafos: Gabriel Huge, de Notiver, Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews, y Esteban Rodríguez, excolaborador del diario AZ. Con ellos estaba el cuerpo de Irasema Becerra, trabajadora del área de publicidad del diario El Dictamen. Sus compañeros de trabajo recibieron la orden de no asistir al funeral. El 13 de junio, Víctor Manuel Báez Chino, editor de la sección policiaca de Milenio Xalapa y de la página web Reporteros Policiacos, fue secuestrado y asesinado al salir de su oficina. Junto a su cuerpo quedó un mensaje del grupo criminal, según las versiones filtradas a la prensa. El 25 de julio la esposa de Miguel Morales Estrada, fotógrafo policiaco del Diario de Poza Rica denunció su desaparición. Él había avisado a los directores que necesitaba salir de la ciudad por “problemas personales” desde el 19 de julio y desde entonces nadie volvió a saber de él.