VALPARAÍSO (apro).- El aval de la Cámara de Diputados a una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, supone una histórica derrota del sistema privado de educación chileno, debido a que la principal imputación en contra del funcionario es haber faltado a la probidad por no ejercer su papel de fiscalizador, debido a que permitió el lucro en las universidades, un hecho que está prohibido por la Ley de Educación Superior de 1981. Los parlamentarios acusadores desestimaron la defensa del ministro que hizo el abogado Enrique Barros, quien ante el pleno de los diputados afirmó que las infracciones que se atribuyen al ministro Beyer no son efectivas, “pero aunque lo fuesen –agregó–, no pertenecen al conjunto de graves ilícitos que de los inicios de la República han justificado la acusación constitucional”. El texto acusatorio fue aprobado en el Congreso Nacional por 58 votos contra 56, en votación registrada el pasado jueves 4. Como consecuencia de esa decisión, Beyer quedó inmediatamente suspendido de su cargo y con la prohibición de salir de Chile. La acusación constitucional será votada finalmente por el Senado, que constituido en jurado deberá definir por simple mayoría –en una sesión que se realizará entre el 15 y el 17 de abril– si el ministro de Educación es culpable o no de los cargos levantados por los diputados. De aprobarse la acusación, Beyer será destituido y no podrá  ejercer ninguna función pública, sea o no de  elección popular, en los próximos cinco años. En el gobierno, el ánimo tras la votación era de funeral. El presidente Sebastián Piñera acogió a Beyer en La Moneda. “Créame que este presidente y todo el país está muy agradecido por la labor que usted está llevando en el Ministerio de Educación”, le dijo. Añadió: “Si algún ministro ha luchado por transparentar, por combatir el lucro, por fiscalizar las instituciones de educación superior, ha sido usted”. La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, fue más allá: "Esta politiquería que hemos visto es del peor nivel, es una de las bajezas más grandes que se pueda dar dentro de la clase política". Según Pérez, Beyer fue el "único ministro que ha controlado el lucro, que ha fiscalizado, que ha sido responsable con la calidad de la educación de miles de chilenos". El gobierno cree que la acusación será aprobada en el Senado y que pronto deberá comenzar la búsqueda del cuarto ministro de Educación de la administración de Piñera. Hastío con el modelo La acusación constitucional fue presentada el pasado 20 de marzo por los diputados de oposición Sergio Aguiló, de Izquierda Ciudadana; el comunista Hugo Gutiérrez; los socialistas Fidel Espinoza y Manuel Monsalve; los democratacristianos Ricardo Rincón y Gabriel Silver; el radical Carlos Abel Jarpa, y la independiente Alejandra Sepúlveda. En entrevista con Apro, la diputada Sepúlveda –encargada de fundamentar la acusación en nombre de los diputados de oposición– expresó que se llegó a esa instancia “después de agotar todas los caminos sin haber sido escuchados”. Sepúlveda presidió la Comisión Especial que estudió el lucro en la educación superior, ente que sesionó en el primer semestre de 2012. La conclusión principal de dicha comisión fue que al menos siete universidades privadas han vulnerado la ley que prohíbe el lucro en educación, e hicieron eso amparándose en subterfugios legales como el uso de sociedades relacionadas que arriendan a muy altos precios la infraestructura a las universidades, pagando altos sueldos a los directivos, y mediante una desmedida alza de los aranceles. Las conclusiones contenidas en ese informe fueron desestimadas por Beyer. De acuerdo con Sepúlveda, el gobierno actuó con soberbia en la materia. “Por esa falta de interés en escuchar a los parlamentarios y a los distintos denunciantes, hoy estamos donde estamos con un ministro suspendido y con un proceso ya en el Senado de la República”, puntualizó. La legisladora –que representa a la provincia de Colchagua– recalcó que Beyer se desentendió de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación para con los afectados por el cierre de la Universidad del Mar. Aludió al hecho de que el ministro, tras constatar la crisis institucional de esa universidad privada, le revocó en diciembre pasado la personalidad jurídica sin ofrecer una solución efectiva a estudiantes, académicos y universitarios, quienes pedían la estatización del plantel. El derrumbe de esa universidad y la atención mediática que provocó, mostró con nitidez cómo lucran los empresarios de la educación y los abusos que de ello se derivan. Además, sus estudiantes, que mantienen tomados sus planteles y realizan cotidianas protestas, se han convertido en los motores de esta acusación contra Beyer, encontrando respaldo en amplios sectores sociales que se han solidarizado con su drama. Beyer planteó en su defensa que no disponía de facultades para fiscalizar el lucro. La diputada Reyes sostuvo que tal argumento es falso: “El propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, le expresó a través de un oficio y personalmente en la Cámara de Diputados que disponía de todas las herramientas para poder fiscalizar”. La parlamentaria independiente concluyó que la aprobación de la acusación constitucional refleja “una importante toma de conciencia de la población respecto de las deficiencias del modelo económico y social que se ha ido consolidando y que no podemos compartir”. Alegría estudiantil Entre los referentes estudiantiles había júbilo tras la votación. A través de Twitter, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) Gabriel Boric expresó apropósito de esta decisión que "el movimiento estudiantil ha logrado que el lucro en educación ya no sea tolerable. Vamos avanzando". La gran mayoría de los analistas coincidió en que la aprobación de esta acusación sólo se puede entender por la presión de la calle y en consideración de las elecciones generales de noviembre próximo. En 2011 millones de jóvenes y sus familias protestaron pidiendo educación gratuita y el fin del lucro, demanda que es apoyada por una amplia mayoría de la población. Según expresó el moderado diario electrónico El Mostrador, en un editorial publicado el viernes 5, titulado Ganó la calle, “la destitución de Beyer es una derrota de los fundamentos del modelo educativo chileno. Una especie de acción retardada pero exitosa de las masivas movilizaciones de los estudiantes que maduraron entre los años 2011 y 2012, pero que ya se arrastraban desde la época de Bachelet.” Cabe señalar que los principales referentes estudiantiles presionaron duramente a los parlamentarios opositores con la finalidad de que no se ausentasen de la votación. Otro de los dirigentes más relevantes de las movilizaciones estudiantiles de 2011, Giorgio Jackson, apuró a dos diputados de la Concertación por la Democracia, Fernando Meza y Cristián Campos, tras conocerse que se ausentarían el día clave. En su cuenta de Twitter Jackson preguntó: “¿será cierto que @diputadomeza y @diputadocampos, ambos de oposición, estarían presentando licencias médicas para no votar acusación a Beyer?”. Ante la presión, estos parlamentarios cambiaron sus horas médicas para no ausentarse de la importante votación.