MÉXICO, D.F. (apro).- Un tribunal federal declaró infundadas dos quejas del Gobierno del Distrito Federal sobre el caso de la expropiación del predio El Encino, con lo cual, ratificó la multa de casi 94 millones de pesos que le ordenó pagar un juez federal a la inmobiliaria Promotora Internacional Santa Fe. A finales del año pasado, el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, impugnó el fallo del juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, quien le ordenó pagar 93 millones 944 mil pesos a la mencionada empresa por la expropiación decretada en el 2000 por la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles. Promotora Internacional promovió un recurso similar por desacuerdo en el monto fijado. El resolutivo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pone fin a más de 12 años de un litigio que, en agosto de 2005, derivó en el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, acto que fue considerado por el tabasqueño como un recurso de Vicente Fox para bloquear sus aspiraciones presidenciales. En agosto del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el predio no podía ser devuelto a sus propietarios, debido a que ello afectaría los vecinos de 10 colonias ubicadas en las inmediaciones. El Gobierno del Distrito Federal tendrá de plazo 24 horas pagar cubrir el monto ordenado por el Tribunal, después de que sea comunicado oficialmente del resolutivo. En octubre de 2012, el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, inauguró la prolongación de las avenidas Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga, que fueron el motivo de la expropiación del predio en Santa Fe hace 13 años. En esa fecha, luego de un recorrido por esas vialidades, Ebrard destacó que la obra permitirá conectar la zona de corporativos con lo que será el nuevo campus Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como a un hospital particular. “Es un caso clásico de contraposición del interés privado en contra del interés general. En pocas palabras, se buscaba impedir que se pudiera construir esta vialidad por intereses muy específicos, económicos en particular. “Dio pie, como ustedes recordarán, a todo un proceso legal que se usó como pretexto en contra de mi antecesor, el licenciado López Obrador, para destituirlo e instaurar incluso un juicio político”, refirió en esa ocasión. Por su parte, la entonces Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, destacó que el proceso judicial que fue resuelto el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del GDF sentó un precedente, porque originó la modificación a la Ley de Expropiación que protege en mayor medida el interés público sobre el interés privado en el caso de construcción de vialidades. “Creo que El Encino ya rindió sus frutos, porque gracias a él se provocó una reforma a la Ley de Expropiación, que nos permitió tener otro esquema jurídico para la Línea 12 del Metro, para la Supervía, para muchas carreteras del país”, puntualizó.