MÉXICO, D.F., (apro).- "México atraviesa un momento inédito de desgaste institucional. Veo a las instituciones debilitadas y en muchos casos incapaces de alcanzar lo que la Constitución les exige”, afirmó el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes. El único militante activo del Partido Acción Nacional integrado al gobierno priista, criticó también la guerra contra el narcotráfico lanzada por el expresidente Felipe Calderón que dejó poco más de 65 mil muertos: "Hay también un rompimiento del tejido social y también una debilidad de los derechos humanos, derivado de los índices de violencia que son inéditos en nuestro país. Vivimos los estragos de una política que se orientó unilateralmente a combatir a los grupos criminales sin una visión integral”. El país, dijo, necesita una justicia restaurativa. “El momento inédito que estamos viviendo, no tengo empacho en calificar que se trata de una grave crisis humanitaria si tomamos en cuenta por ejemplo, la dimensión de las desapariciones en México". Durante los trabajos para la integración del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, correspondientes a la mesa Los Derechos Humanos en el Nuevo Bloque de Constitucionalidad, García Cervantes, una y otra vez se mostró implacable al hacer el recuento de los daños que provocó la guerra de Calderón en su paso por la Presidencia. "La estructura formal de las dependencias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia fue transformada para únicamente servir al objetivo de combate a la criminalidad con resultados poco efectivos, creció el número de organizaciones delictivas; los índices delictivos aumentaron y se diversificaron; los homicidios dolosos crecieron y la desaparición de personas tuvieron un aumento alarmante". García Cervantes insistió en que hay instituciones que se encuentran claramente debilitadas y carentes de todas las capacidades que el momento demanda y sólo encontrarán la fuerza e impulso que hace falta en la participación de la sociedad, dijo ante integrantes de organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas. Ante esta realidad, explicó que la respuesta gubernamental ha incluido reformas a la Constitución para promover un mayor andamiaje para proteger los derechos humanos, para dotar de un nuevo sistema de justicia penal.