MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa por el caso Florence Cassez, la ciudadana francesa que fue liberada el pasado 23 de febrero luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se violó el debido proceso durante el juicio. En dicha averiguación se encuentran relacionados elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), como presuntos responsables de obstrucción de la justicia. El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la dependencia, Ricardo García Cervantes, informó que la averiguación previa está bajo su mando y que el fiscal encargado del caso valorará si cita a declarar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien estuvo a cargo de la AFI cuando ocurrieron los hechos. Entrevistado al término de su participación durante los trabajos para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, García Cervantes mencionó que la indagatoria se basa en la denuncia de hechos que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Detalló que la investigación a quienes violaron las garantías de Florence Cassez –liberada el pasado 23 de enero, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió un amparo– no sólo incluye a policías de la desaparecida AFI, sino también agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Precisó que será un juez federal quien en su momento determine si el delito por el que se les acusa ya prescribió. El 8 de diciembre de 2005, Florence Cassez y su novio, Israel Vallarta, fueron detenidos por elementos de la AFI, acusados de secuestro. La captura se realizó durante un operativo orquestado por la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular, Genaro García Luna, admitió posteriormente que se trató de un montaje para los medios de comunicación. En su informe, presentado el pasado 14 de marzo, implicó a 21 servidores públicos, entre ellos al propio Genaro García Luna, en la simulación del operativo en el que la extranjera fue presentada como capturada in fraganti , escenificado hace siete años para las cámaras de Televisa, así como otras “omisiones” de García Luna (quien luego fue nombrado secretario de Seguridad Pública), “viciaron el procedimiento penal respectivo, lo que trascendió en su resultado (la liberación de Cassez) y agravió a las víctimas (de los secuestros que se le imputaron)”. Al realizar esta “escenificación ajena a la realidad”, se abunda, los involucrados “omitieron desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”, todo lo cual puede ser “constitutivo de delito”. Dicho “montaje ajeno a la realidad”, con el que se representó la captura de una banda de presuntos plagiarios, entre los que se encontraba la ciudadana francesa, presentándose los hechos como si fueran verídicos, implicó, según el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, “un engaño a la sociedad”, además de que, al contaminar el proceso penal seguido contra los acusados, propiciando que a Cassez se le liberara “no por inocente, sino por violaciones al debido proceso”, las autoridades implicadas privaron a las víctimas de secuestro del derecho al acceso a la justicia y, por lo tanto, a la reparación del daño.