MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una semana después de que la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, diera a conocer la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en un intento de asesinato de al menos uno de los hermanos David y Ricardo Monreal, las preguntas y dudas son más que las certezas. Al menos hay dos aspectos que dilucidar en el caso: Uno, si la información que se obtuvo de las llamadas telefónicas se realizó previa autorización judicial o si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ya inició operaciones generalizadas de espionaje telefónico; y dos, si el intento de atentado efectivamente existió o todo es un montaje para vigilar de cerca a Ricardo Monreal y afectar directamente a la izquierda ajena al llamado Pacto por México. En el primero de los casos la información que proporcionó la subprocuradora el jueves 4 y las reconstrucciones que hicieron algunos medios de comunicación hacen pensar en un espionaje telefónico totalmente ilegal y violatorio de los derechos humanos y constitucionales, pues se habla de “…un escaneo habitual de llamadas telefónicas…” en el caso de 24 Horas; genéricamente “…en informes de inteligencia…”, Reforma; de “…manera fortuita…en un escaneo de rutina…”, en el caso del portal de Proceso y Ricardo Alemán señala en su columna en El Universal que “…se descubrió a partir del riguroso sistema de espionaje que el Cisen despliega en el Senado, entre muchos otros centros de poder”. Los medios dan versiones precisas de las conversaciones que se escucharon y que dieron pie a la investigación que permitió desactivar el supuesto atentado y hasta hoy la autoridad confirma que efectivamente se referían a las presuntas víctimas como “diputado R” y “senador D”, así que al menos esa parte de la información ha sido confirmada por las autoridades y, la otra, hasta hoy no ha sido oficialmente desmentida. El procurador Jesús Murillo Karam pretendió aclarar, sin mencionarlo directamente (en una entrevista telefónica con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula el jueves 11) que las intervenciones telefónicas se realizaron previa autorización judicial. De acuerdo con sus dichos la primera autorización (de la que dio el número) se expidió el 15 de febrero para investigar a una célula de la delincuencia organizada; en algún momento que no especificó apareció una llamada a un tercero, no involucrado en esta célula, en la que por primera vez se escuchó la posibilidad del atentado y se pidió una nueva orden que se expidió el 15 de marzo, es decir, un mes después. Este caso fue el que les permitió conocer toda la trama y desmontarla. En la primera hipótesis la lógica es que todos estamos bajo sospecha y por lo tanto hoy todas nuestras llamadas son monitoreadas “habitual” o “rutinariamente”, lo cual no es muy plausible; más bien hay que revisar la hipótesis de que se espía sistemática y cotidianamente a personajes específicos por motivos y con objetivos que hasta hoy no han sido aclarados. La versión que plantea el procurador Murillo Karam, que es en función de posibles vínculos con actos delictivos, no es muy congruente con los distintos tiempos y fechas que se han señalado a lo largo de esta semana y los criterios para solicitar las intervenciones, bajo las normas introducidas en el pasado sexenio ya en la paranoia generada por la creciente inseguridad, también parecen muy laxos y arbitrarios. Así que por una o por otra vía todo indica que hoy el Cisen opera un “riguroso sistema de espionaje telefónico” que casi nadie cuestiona ante su aparente éxito. Nuevamente el combate a la inseguridad es el pretexto ideal para violar la privacidad, la Constitución y los derechos humanos. Fragmento del análisis que se publica en la edición 1902 de la revista Proceso, ya en circulación.