MANAGUA, Nicaragua (proceso.com.mx).- Los abogados defensores de los 18 mexicanos que guardan prisión en Nicaragua, sentenciados a 30 años de prisión por los delitos de crimen organizado, tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero, no llegaron ante los magistrados de la Sala Penal Dos de Apelación de Managua a pedir una reducción de la pena, sino en busca de una absolución. Exigen que se emita un nuevo fallo de no culpabilidad a favor de sus clientes. José Ramón Rojas Urroz, líder del grupo de abogados defensores, demandó a los magistrados que admitan el recurso de apelación, que interpusieron el pasado 30 de enero, tras la sentencia del 14 del mismo mes, y emitan un nuevo fallo de no culpabilidad a favor de los 18 mexicanos que viajaban en vehículos identificados con los logotipos de Televisa. Además, una vez que se emita ese fallo de no culpabilidad, exigen que les devuelvan todos los bienes u objetos que fueron sujeto de decomiso. Entre estos, seis camionetas Van marca Chevrolet, equipadas con modernos equipos de televisión y de transmisión satelital, además de 9.2 millones de dólares que trasladaban en compartimentos ocultos. Rojas Urroz, al intervenir en la sesión que se celebró hoy en las nuevas instalaciones judiciales en Managua, explicó que su solicitud se basa en varios supuestos errores in judicando –vicios del juicio judicial— así como de vicios in procedendo. Entre estos mencionó que se obvió la aplicación del principio probatorio de la duda razonable y la admisión de prueba espuria. Sin embargo, este argumento fue rechazado por el representante del Ministerio Público, el fiscal Giscard Moraga. “Aquí no cabía con todo el elenco probatorio, no cabía otra decisión más, que a la que llegó el judicial”, refiriéndose a la sentencia del juez Edgard Altamirano, quien los encontró culpables y les impuso la pena máxima en Nicaragua, 30 años de prisión. “La sentencia reune todos los requisitos que exige la normativa procesal penal”, insistió Moraga. La audiencia arrancó a las 9:20 de la mañana y concluyó a las 6:00 de la tarde, en una maratónica sesión, que obligó a tres recesos. A la cita acudió el abogado mexicano José Pedro Solís Borjas, a quien presentaron como asistente del equipo defensor de los 18 mexicanos, y quien esperaban pudiera participar de forma activa en el proceso de Apelación. Sin embargo, fue impedido de participar en ese rol. Alatorre rompe en llantos Media hora antes que concluyera la maratónica audiencia de apelación, nueve de los mexicanos solicitaron ser escuchados y la primera en hacer uso de la palabra fue Raquel Alatorre Correa, identificada como líder del grupo de 18. Llorando, suplicó al magistrado Noel Napoleón Pereira, titular de la Sala Penal Dos de Apelación de Managua: “Ya no puedo seguir en Auxilio Judicial. Ya no puedo… Allí han sido violentados todos mis derechos. Todos. Todos mis derechos”. Con la voz entrecortada, la mexicana continuó: “Le pido por favor, le suplico, ordene mi traslado a un sistema penitenciario. No puedo seguir en Auxilio Judicial, me presionan demasiado. No sé por qué me dicen que soy peligrosa, que puede venir un helicóptero por mí, que puede venir un comando armado. Ordene que me saquen de allí y que el abogado mexicano pueda acceder a mí, es la única forma que tengo de saber de mi familia, tengo ocho meses sin saber de ellos”, insistió la mexicana, quien rompió en llanto en tres ocasiones durante las casi ocho horas que duró la audiencia. Con esa frase, Alatorre refutó a la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, la comisionada general Glenda Zavala, y a la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quienes tildaron a la mexicana de ser un elemento de “alta peligrosidad”, que no puede ser trasladada a la cárcel de mujeres, bautizada como “La Esperanza”, hasta que se construya un módulo de alta seguridad en la denominada “Cárcel Modelo”, donde están el resto de sus compañeros. Alatorre, vestida de camiseta azul y de bluejeans, aseguró que está muy mal emocionalmente y que desde el 20 de agosto que fue detenida por la Policía Nacional, procedente de territorio hondureño, “han sido violentados todos mis derechos”. El magistrado Pereira, titular de la Sala Penal Dos de Apelación, aseguró que harán “todo lo que corresponde en derecho”, y agregó que giró un oficio para que pueda reunirse con su abogado defensor, Ramón Rojas Urroz, quien ha insistido en que no puede reunirse con ella. Otras denuncias Después de la denuncia de Alatorre, quien se presume que venía entrando y saliendo del país en los últimos cinco años, utilizando la fachada de Televisa, vinieron las denuncias de ocho de sus compañeros. “Nos dejaron en un cuarto 2x3 a 17 personas, con un escritorio bloqueando la puerta, dos policías arriba y un militar. Teníamos muchas ganas de ir al baño y hasta el siguiente día nos dejaron. Cuando llegamos a El Chipote nos metieron como animales en una celda oscura”, relató Salvador Guardado Núñez. Por su parte, Cecilio Torres Gutiérrez aseguró que los golpes que le propinaron, le ocasionaron problemas de visión en su ojo derecho, y señaló a un oficial del Sistema Penitenciario presente en la audiencia de ser quien los golpeó cuando llegaron a La Modelo, prisión ubicada a unos 25 kilómetros de Managua. Mientras los mexicanos denunciaban a las autoridades policiales y penitenciarias, el cónsul de ese país, Germán Murguía, quien ha estado presente en todas las audiencias, grababa un video con su celular, pero un agente de seguridad del Complejo Judicial le solicitó que no siguiera haciéndolo. El diplomático aceptó cumplir con la orden. De acuerdo con las leyes nicaragüenses, los magistrados de Apelaciones tienen 15 días para emitir un nuevo fallo, sin embargo, por tratarse de un juicio complejo, podrían emitirlo hasta en un mes, ya sea confirmando, modificando o anulando la sentencia del juez Altamirano, en la cual ordena que pasen en prisión 30 años y sean liberados en el año 2042.