MEXICO, D.F. (apro).- La remoción de siete "funcionarios menores" de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), anunciada hoy, no atiende la demanda hecha al presidente Enrique Peña Nieto de blindar contra el mal uso los programas sociales, sancionar a los responsables y de vigilar a los gobernadores, aclaró hoy el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero. "No es con la remoción de siete funcionarios menores como se nos pretenda dar por atendida nuestra demanda, sino a través de un conjunto de acciones del gobierno federal que blinde el mal uso de los programas sociales rumbo a las elecciones y que vigile y comprometa a los titulares de los gobiernos estatales", subrayó. Luego de que ayer envió una carta a Peña para denunciar a funcionarios federales de su gobierno y el de Veracruz, que, dijo, usan "una estructura para delinquir electoralmente utilizando los recursos, los padrones y los programas gubernamentales para obtener votos a favor de los candidatos del PRI", Madero precisó que no ha tenido respuesta. Sin embargo, reconoció que la Secretaría de Desarrollo Social anunció hoy la remoción de algunos de sus funcionarios en Veracruz. "Es importante recordar que si bien la denuncia penal presentada es contra el gobernador del estado, Javier Duarte, y 57 funcionarios públicos priistas, la demanda política es para impedir que esto se continúe haciendo en las 14 entidades en las que habrá elecciones este año y para que se erradiquen esas prácticas para siempre". En un comunicado emitido por el PAN, Madero expuso, en este sentido, que han demandado que se dejen de hacer movimientos de altas y bajas en los padrones de beneficiarios de los programas sociales y de salud hasta en tanto no se cuente con los mecanismos que aseguren la transparencia y la auditoría ciudadana de tales cambios. También se pide que se remueva a aquellos delegados federales recientemente nombrados por su perfil de operadores político-partidista, y que un órgano de transparencia ciudadana certifique la idoneidad para el puesto y su calidad ética para administrar los recursos económicos de los programas sociales y de salud. Además se solicita que la PGR integre con eficiencia y prontitud la averiguación previa y que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigue los movimientos de recursos de las cuentas de cheques y retiros en efectivo y se sancione penalmente a los presuntos responsables. "Demandamos se tomen todas las medidas necesarias para impedir que se repitan este tipo de prácticas ilegales dentro de las dependencias federales", dijo. Madero destacó que se debe proceder a separar de sus cargos a los otros funcionarios federales involucrados en la organización que ha sido descubierta y denunciada. "Además, que la Secretaría de Desarrollo Social proceda a presentar las denuncias ante la Procuraduría por el mal uso de recursos y facultades de los funcionarios involucrados". Finalizó: "Estaremos atentos y pendientes para la respuesta integral y satisfactoria a estos planteamientos, a fin de garantizar procesos electorales equitativos y justos"