TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este miércoles el reconocimiento de inocencia a los últimos seis indígenas acusados de participar en la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Pese a que Rafael Luna Vázquez, José Pérez Pérez, Manuel Luna Vázquez, Nicolás Hernández Pérez, Pablo Hernández Pérez y Alonso Jiménez Entzin ya habían sido favorecidos con un amparo para efectos en 2009, en esta ocasión los ministros consideraron que el reconocimiento de inocencia no era la vía idónea para obtener su libertad. En la sentencia, elaborada por la ministra Olga Sánchez Cordero, se estableció que en agosto de aquel año la SCJN ordenó excluir las pruebas ilícitas –como el álbum fotográfico utilizado por el Ministerio Público federal para que los testigos reconocieran a los agresores–, a fin de que un tribunal federal repusiera el procedimiento y tomara en cuenta únicamente pruebas obtenidas legalmente por la autoridad. En ese contexto, un tribunal colegiado les redujo la sentencia de 36 años de prisión a 18 años de cárcel, al eliminar los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pero dejó vigentes los de lesiones calificadas y homicidio calificado Los quejosos se inconformaron con la decisión y solicitaron el reconocimiento de inocencia de la SCJN, que fue desechado en la sesión de este miércoles. No obstante, los ministros resolvieron que los quejosos tienen la posibilidad aún de presentar un juicio de amparo directo una vez que se dicte la sentencia definitiva en su contra. Indígenas liberados exigen apoyo Por otra parte, los indígenas que ya fueron liberados exigieron al gobierno estatal que cumpla con los apoyos que les ofrecieron para reubicarlos y empezar una nueva vida, tomando en cuenta que no pueden retornar a sus comunidades de origen, en el municipio de Chenalhó. Lorenzo Ruiz Vázquez, originario de Miguel Utrilla (Los Chorros), quien en agosto de 2009 quedó en libertad, junto con otros 19 indígenas tzotziles, señaló que ya están cansados de vivir hacinados en una misma casa localizada en esta capital, por lo que urgió al gobierno de Manuel Velasco que les acondicione las viviendas adquiridas en el municipio de Acala. En conferencia de prensa, Ruiz Vázquez, quien estuvo preso por más de 12 años, indicó que él su cónyuge viven en una casa con otras 14 familias. La vivienda, dijo, fue rentada por el gobierno en 25 mil pesos mientras asignan a cada familia un espacio donde vivir. El exreo, acusado de participar en la masacre de Acteal, manifestó que en estos casi cuatro años ha recibido un pago semanal de poco más de mil pesos por parte del gobierno estatal, pero como no les alcanza han optado por salir a vender hamacas y bolsas que ellos mismos elaboran. Otros más, añadió, se han dedicado a vender chicles y cigarros en las calles de la capital. Señaló que cuando salieron de prisión, el gobierno del estado se comprometió a proveerlos de todo lo necesario para que rehicieran su vida en otra región de Chiapas, pues el regreso a sus comunidades de origen, en Chenalhó, podría generar nuevos conflictos. No obstante, subrayó, hasta ahora el gobierno no les ha cumplido. Ruiz Vázquez detalló que el predio El Potrillo, localizado en Acala, lo adquirió el gobierno para que lo habitaran 18 indígenas liberados y sus familias, y Palo Seco, en Villaflores, es para otras 23 familias. A los otros 28 liberados, agregó, no les han conseguido un espacio. Todos los que salieron de la cárcel, dijo, están cansados de vivir deambulando fuera de sus comunidades, y hasta ahora no tienen ninguna certeza del lugar que habitarán con sus familias. Miguel Luna Pérez, otro de los liberados por el caso Acteal, puntualizó que no quiere vivir fuera de la capital, pues tanto él como su padre, de 76 años, están enfermos de bronquitis asmática y necesitan un hospital cerca para ser atendidos en caso de emergencia.