MÉXICO, D.F. (apro).- Un comunicado emitido poco antes de la medianoche de ayer por el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Raúl González Pérez, abrió la puerta a una salida negociada del conflicto en la UNAM, luego de 12 días de que la Rectoría estuvo en manos de un grupo de encapuchados. En el documento las autoridades universitarias convocaron a una mesa de diálogo para el próximo jueves 9 a las 13:00 horas con un tema único: la reforma al proceso de actualización del plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). La invitación fue aceptada por los encapuchados que, desde la madrugada de este miércoles, comenzaron a abandonar la sede del rector José Narro Robles, quien puso una sola condición: un diálogo sin máscaras. “Entiendo que tenemos que ver hacia adelante, y si lo que se ha pedido es diálogo, lo habrá, pero de universitarios, entre gente identificada, donde prevalezca el argumento, la información y el más amplio debate de los asuntos que preocupan, en este caso, respecto del plan de estudios del CCH”, subrayó. En rueda de prensa leyó un breve comunicado en el que afirmó que nunca se ha judicializado ni criminalizado la protesta. Lo único que han hecho las autoridades universitarias, dijo, es “denunciar la violencia”. Narro Robles aseguró que la Rectoría a su cargo ha actuado con apego a la normatividad y los principios de la Universidad y, al mismo tiempo, agotó las vías institucionales “con el uso de la inteligencia y prudencia para evitar situaciones más complejas”. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal se mantuvo al margen de la situación, a petición del propio Narro Robles. No obstante, aclaró que siempre mantuvo diálogo con el rector de la UNAM y “siempre estuve presto a la colaboración y apoyo, y lo que me pidió él (Narro) fue dejar que los universitarios pudieran dirimir y resolver este problema”, dijo en entrevista. Respecto de las acciones legales en contra de quienes tomaron la torre de Rectoría, se limitó a decir que “habrá que dejar que la UNAM haga lo que corresponde”, pero advirtió que la investigación sigue su curso. En el comunicado que emitió el abogado general la noche del martes, señaló que los estudiantes que fueron expulsados por el Tribunal Universitario tienen garantizados sus derechos para interponer los recursos que la legislación universitaria prevé, así como los legales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Sobre ese particular, los encapuchados no fijaron postura alguna. De hecho, en el comunicado que leyeron esta mañana, al retirarse de la rectoría, aclararon que el motivo de la toma fue la imposición de la reforma de los 12 puntos y la negativa de las autoridades para darles solución y no la expulsión de cinco de sus compañeros. Alrededor de las 7:45 horas, una docena de jóvenes, la mitad de ellos mujeres, salieron de la torre y empezaron a levantar su campamento, las mantas y demás objetos que utilizaron durante los 12 días de ocupación. Con el rostro cubierto, como han permanecido estos días, sacaron sus cosas, saltaron una reja y se acercaron a los representantes de los medios de comunicación que aguardaban una respuesta al ofrecimiento de la Rectoría. Ante cámaras y micrófonos reiteraron que sus demandas son “legítimas” y exhortaron a la comunidad universitaria a dar seguimiento a las mesas de diálogo que se instalarán el próximo jueves 9. Un par de horas después de entregar el edificio, acompañados por un centenar de jóvenes encapuchados, se incorporaron a la movilización por el Día del Trabajo, con el contingente del Frente Oriente. Entre las consignas que lanzaron reiteraron su apoyo a los maestros de Guerrero y advirtieron que continuarán su lucha por una universidad “libre y popular”.