Los hijos del expresidente Alberto Fujimori, Kenji y Keiko, están en aprietos: Pretenden que el gobierno peruano excarcele a su padre, de quien dicen que está gravemente enfermo, pero un caso recientemente descubierto de contrabando de drogas apunta a una empresa de la que Kenji –actual integrante del Congreso de Perú– es socio. El escándalo mina también la pretensión de Keiko de ser candidata presidencial dentro de tres años. Pero a estas alturas nadie se sorprende: El gobierno fujimorista tiene un largo historial de corrupción y de estrechas relaciones con los cárteles sudamericanos de la cocaína. LIMA (Proceso).- La noticia del hallazgo de un alijo de 100 kilos de cocaína en un almacén propiedad del congresista Kenji Fujimori llegó en el peor momento para el hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (quien gobernó Perú de 1990 a 2000), pues aquél y su hermana Keiko mantienen una campaña de presión para que el gobierno peruano indulte al exmandatario. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y sus hijos luchan por excarcelarlo aduciendo que el expresidente peruano está gravemente enfermo. Sin embargo un reporte médico oficial señala que no padece una enfermedad terminal. El caso de Kenji Fujimori desempolvó las viejas acusaciones de vinculación entre el narcotráfico y el fujimorismo. El pasado 28 de febrero agentes antidrogas de Panamá encontraron en el puerto Coco Solo, provincia de Colón, 28 kilos de cocaína escondidos en un contenedor que había salido del puerto del Callao, Perú, con destino a México. La policía panameña dio aviso a su contraparte peruana, que comenzó la búsqueda de otras exportaciones sospechosas. El 11 de marzo los agentes peruanos descubrieron otro contenedor listo para embarcarse a Manzanillo, Colima. El cargamento de 100 kilos de cocaína estaba oculto en un almacén de la compañía Limasa, propiedad de Kenji Fujimori. La empresa Limasa no era desconocida para las autoridades. José Begazo Ramos y Marco Ynaba Reyna la fundaron en 2009 luego de deshacerse de otra compañía que también administraba almacenes, Licsa, a la que desactivaron pues estuvo implicada en varios casos de narcotráfico. El 27 de octubre de 2005 la policía de Manzanillo descubrió mil 396 kilos de cocaína camuflada en un cargamento de condimentos que había salido del almacén de Licsa. El 2 de febrero de 2006 en el puerto alemán de Bremerhaven agentes antinarcóticos detectaron 325 kilos de droga en sacos de café que estuvieron almacenados en Licsa. El 25 de julio del mismo año, policías antinarcóticos de Valencia, España, hallaron 513 kilos de cocaína en una exportación de piñas peruanas. El cargamento estuvo previamente guardado en almacenes de esa empresa. Begazo e Ynaba crearon Limasa, pero esta vez incorporaron como socio a Kenji Fujimori. Si bien la fiscalía no pudo probar la complicidad de Begazo e Ynaba en los despachos de droga que salieron de Licsa y archivó el expediente que había abierto contra ellos, el hallazgo de cocaína en un almacén de la nueva compañía de los socios de Kenji Fujimori obligó a las autoridades a investigarlos otra vez. Los 100 kilos de droga encontrados en el almacén de Limasa complicarán el buscado indulto para el expresidente y pondrán en riesgo la carrera política de Kenji Fujimori y la ansiada candidatura presidencial de su hermana Keiko en 2016.   Empresa boyante   Kenji Fujimori reaccionó con el argumento de que le parecía “sospechoso” que la policía antidrogas descubriera cocaína en el almacén de una empresa de su propiedad “justamente cuando esperamos que el gobierno responda a la petición de indulto humanitario para mi padre, que se encuentra muy enfermo”. Lo que llamó la atención de la opinión pública fue que el hijo de Fujimori aceptara ser dueño de Limasa pues durante su campaña electoral, en 2011, dijo otra cosa. Cuando un ciudadano peruano busca un cargo público debe firmar una declaración bajo juramento ante el máximo tribunal –el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)–, donde informa sobre sus bienes e ingresos, estudios y antecedentes policiales y judiciales, entre otros rubros. En esa oportunidad Kenji Fujimori no registró que es accionista de Limasa. La prensa descubrió que había ocultado la propiedad. En respuesta, Fujimori alegó que había vendido sus acciones a su compañero de partido Miguel Ramírez, quien también era candidato. Ahora que se sabe del hallazgo de cocaína en los almacenes de Limasa, Fujimori tuvo que admitir que todavía es dueño de 21% de las acciones. Es decir que le mintió al JNE. Sin embargo Fujimori rechazó que lo investigaran y repitió el guión de que el operativo antidrogas en su empresa era una conspiración diseñada para dañar la campaña a favor del indulto de su padre. El expresidente del Congreso y diputado oficialista Daniel Abugattás cuestionó la afirmación de Kenji Fujimori. “No quiero adelantarme a acusar al congresista Fujimori, pero negarse a una investigación ante un caso tan grave como narcotráfico no lo beneficia de ninguna manera. Creo que para su propio bien, como para su partido y la política peruana, el caso tiene que aclararse y él debe ser el primero en pedir que se investigue”, dice Abugattás a Proceso. Uno de los motivos por los que las autoridades antidrogas investigaron a Limasa es el sorprendente incremento de su capital en un tiempo muy corto. Según el historial de la compañía –que consta en la Superintendencia de Registros Públicos–, comenzó sus actividades el 12 de agosto de 2009 con un capital de 14 mil dólares. Tres meses después, el 2 de noviembre del mismo año, los accionistas aumentaron el capital a 110 mil dólares. Luego de un año, el 30 de diciembre de 2010, lo elevaron a 381 mil 238 dólares. El 28 de junio de 2012 subió a 544 mil 626 y el 22 de noviembre de ese año ya era de 1 millón 100 mil dólares. De acuerdo con fuentes de la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Antidrogas, el paulatino incremento del capital de Limasa es suficiente motivo para emprender una investigación. “Si hablamos de personas que son propietarias de almacenes en los que en varias ocasiones se encontró droga, la lógica más elemental indica que amerita una revisión de sus bienes y rentas para comprobar si son lícitos”, dicen a Proceso fuentes policiales. Para el vocero de la bancada parlamentaria fujimorista, Julio Gagó Pérez, Fujimori no tiene ninguna responsabilidad por ser accionista de Limasa: “Es totalmente injusto investigarlo porque a Kenji Fujimori no se le ha encontrado ni droga ni nada. Él es accionista minoritario de Limasa, no tiene ningún cargo directivo, tampoco es el gerente general y mucho menos es el representante legal. Las empresas como Limasa sólo almacenan temporalmente los contenedores que llegan sellados, no pueden revisar su contenido. No se les puede responsabilizar por algo que desconocen”, explica a este semanario.   El hijo pródigo   Kenji Fujimori es un caso excepcional de empresario exitoso. Nacido el 19 de mayo de 1980, cuarto y último hijo del expresidente, se graduó como agrónomo por la Universidad Estatal de Kansas en 2004. En 2006 fundó la empresa de seguridad Mak Force con exmilitares que fueron parte del régimen de su padre. En 2009 se hizo accionista de Limasa. No ha declarado hasta el momento de dónde obtuvo el capital. En la declaración jurada que presentó ante el JNE dijo que obtenía como ingreso mensual 4 mil dólares. Sin embargo las autoridades tienen una pista sobre el posible origen del dinero que maneja Kenji Fujimori. Para financiar los estudios de Kenji en Kansas, en 1998 Alberto Fujimori vendió un inmueble y le giró a su hijo un cheque por 83 mil 687 dólares. Peritos de la Contraloría General de la República comprobaron que el hijo del expresidente en vez de destinar el dinero a su preparación académica lo depositó en una cuenta en la sucursal de Panamá del Banco do Brasil a nombre de su tío Víctor Aritomi Shinto, exembajador de Perú en Japón (1990-2000). Aritomi está prófugo. Los tribunales lo requieren para que responda por varias acusaciones de corrupción. Hasta ahora Kenji Fujimori no ha explicado por qué le entregó los fondos a su tío. Desde que se graduó en Estados Unidos en 2004 hasta su elección como congresista en 2011, Kenji Fujimori sólo ha trabajado en empresas de su propiedad, lo mismo que su hermana Keiko, también salpicada por escándalos de narcotráfico. En 2006, durante la campaña electoral en la que participó como candidata al Congreso, Keiko Fujimori recibió 10 mil dólares como donativo de las hermanas Ana y Mariana Martínez Moreno, hijas del empresario pesquero Eudocio Martínez Torres, en una de cuyas embarcaciones se encontró droga. En 2000 Martínez y sus hijas habían sido acusados de narcotráfico y encarcelados mientras esperaban juicio. Las hermanas Martínez recurrieron a Keiko por conducto de un amigo en común para denunciar que su padre era víctima de una extorsión de Vladimiro Montesinos (funcionario de seguridad de Alberto Fujimori). La hija del entonces presidente creyó la versión. Como lo ha reconocido la propia Keiko Fujimori, aun sin conocerlas personalmente intercedió por las hermanas Martínez ante su padre –cuando era presidente– para que las dejara en libertad. En 2000, poco antes de terminar su gobierno, Fujimori usó la figura del indulto para excarcelar a Ana y Mariana Martínez antes de que fueran juzgadas. En 2002 una comisión investigadora del Congreso concluyó que la acción de Fujimori fue ilegal. No debe sorprender que la sombra del narco persiga a los hijos del exmandatario Alberto Fujimori, si se tiene en cuenta que durante la década del régimen de éste las mafias penetraron hasta el Palacio de Gobierno. El 16 de agosto de 1996, extraditado de Colombia, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, declaró ante un tribunal que le pagaba 50 mil dólares mensuales al asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, para que lo dejara despachar vuelos de cocaína desde la localidad selvática de Campanila. Vaticano también dijo que cuando se negó a pagar un aumento de 100 mil dólares, Montesinos lo amenazó de muerte, por lo que tuvo que huir del país. La mayoría fujimorista que controlaba en ese momento el Congreso se negó a investigar a Montesinos, el jefe real de los servicios secretos. De haberlo hecho podría haber descubierto sus millonarias cuentas secretas en Suiza. En la misma ocasión Vaticano también acusó de recibir sobornos al número tres del régimen, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe del Ejército, el general Nicolás Hermoza Ríos, quien hoy purga condena por varios delitos de corrupción. El 1 de abril de 1999 la policía incautó 2.3 toneladas de cocaína de la organización Los Camellos, liderada por el panameño residente en Lima, Boris Foguel y Suengas. El narcotraficante escapó a su país, donde declaró a las autoridades que pagaba sobornos de 100 mil dólares a Montesinos para trasladar la cocaína en helicópteros del ejército y para franquearle la salida de contenedores de droga al exterior por el puerto del Callao. Perseguido por las acusaciones de vinculación con el narco, el 21 de agosto de 2000 Alberto Fujimori organizó una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno para anunciar una exitosa acción de inteligencia de su asesor Montesinos: La captura de una banda internacional de traficantes que había usado falsamente el nombre del ejército peruano para comprar 100 mil fusiles Kalashnikov a Jordania y desviarlos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las investigaciones posteriores revelaron que los organizadores del contrabando, los hermanos Luis y José Aybar, actuaron por órdenes de Montesinos. También se determinó que los Aybar vendieron cocaína para financiar la operación.