“Estamos regresando a la barbarie”

Consultados por Proceso Jalisco, investigadores universitarios y activistas pro derechos humanos sostienen que el problema de las desapariciones forzadas en la entidad ya rebasó a las autoridades. De no atenderse, en un futuro no muy lejano los desplazamientos humanos pondrán en jaque al gobierno que hoy encabeza Jorge Aristóteles Sandoval. Varios de los entrevistados recuerdan aún las heridas provocadas por la guerra sucia de los setenta. Antes, los jóvenes desaparecían por motivos políticos, ahora no.

Son decenas los cartelones colocados en diversos municipios; son los testimonios de la angustia de los jaliscienses ante el aumento de las desapariciones en la entidad registradas en los meses recientes. Lo mismo se observan en avenida Chapultepec, en el centro de la capital tapatía que en las inmediaciones de la Escuela Normal de Jalisco o cerca de las oficinas de la Fiscalía General.

Los anuncios, que aluden a miles de personas de las que nada se sabe desde hace meses, son colocados por las familias afectadas, académicos, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que lo mismo buscan a adolescentes que a funcionarios, como el empresario Manuel Alcalá Delgado, alcalde de Totatiche –en la zona norte del estado– durante el trienio 2001-2003; fuentes extraoficiales indicaron que en ese caso se trató de un secuestro.

También están los expedientes de Cindy Nayely González Ramos, de 22 años, desaparecida el pasado 26 de abril en la zona Cruz del Sur; los siete secuestros en Jiquilpan, municipio de San Gabriel, a finales de 2012, y el extravío de las hijas de una mujer policía en Puerto Vallarta, quienes salieron de su casa el 7 de julio pasado.

En YouTube, María Guadalupe Aguilar ofrece su testimonio. Afirma que ya invirtió todo su patrimonio en la búsqueda de su hijo, Luis Arana Aguilar, ingeniero de 34 años que desapareció en Tonalá desde 2011. Dice que se puso a investigar el paradero de su vástago ante la ineptitud de las autoridades.

Desde el principio recurrió a Felipe Calderón, quien despachaba en Los Pinos; a Emilio González Márquez y a Tomás Coronado Olmos, cuando ambos tenían cargos públicos. Coronado, entonces procurador, le insinuó que su hijo estaba ligado con el hampa. Ella le exigió que si eso era cierto, lo detuviera “para saber dónde estaba preso”. Nunca encontró respuesta.

Los “desvanecidos”

 

Leticia Carrasco Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), relata que no sabe nada de su hermano Jorge Salvador desde 1977, época en la que muchos jóvenes se fueron a la guerrilla para confrontar al Estado.

Ella y María Guadalupe Aguilar dan testimonio de los excesos de la violencia; una recuerda la oprobiosa política de la guerra sucia de hace cuatro décadas; la otra enfatiza en los saldos del calderonismo que, según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), dejó como resultado en Jalisco 2 mil 300 desaparecidos.

Las desapariciones o secuestros son la herencia de las administraciones de Calderón Hinojosa y de González Márquez, comentan a Proceso Jalisco académicos y personas cercanas a los cuerpos de seguridad del estado.

Para Jesús Zamora García, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la peor época en Jalisco se registró hace cuatro décadas, cuando decenas de presuntos guerrilleros fueron “desvanecidos” por corporaciones federal y locales.

Especialista en movimientos sociales clandestinos, Zamora no desdeña la propuesta de crear una fiscalía especial, aunque le apuesta más a la organización social. Hoy, dice, la desaparición de personas supera a las autoridades y a la sociedad en su conjunto; advierte que de no atenderse la problemática se intensificarán los desplazamientos, como en Jilotlán de los Dolores, colindante con Michoacán.

Guadalupe Ramos Ponce, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Jalisco (Cladem), propone adecuar los protocolos de las instituciones estatales para la atención de denuncias sobre personas desaparecidas; que las autoridades respondan antes de transcurridas las primeras 72 horas de que se presentan las denuncias, pues ese tiempo es vital para los afectados.

A los civiles desaparecidos y a los guerrilleros “desvanecidos” durante la guerra contra el narco se suman los “extravíos” de personas, que se multiplicaron más de 40 veces, según datos divulgados por el Cepad el mes pasado y el análisis del contraste de lo ocurrido en la década de los setenta.

Según el reporte del Cepad 2012, existe un récord de más de 2 mil casos de privaciones ilegales de la libertad contra personas durante los últimos seis años. La cifra ubica a Jalisco en el tercer lugar nacional de secuestros, sólo debajo del Distrito Federal y del Estado de México.

En el apartado “¿Quiénes son los desa­parecidos en el sexenio de Calderón?”, el analista Carlos Francisco Castañeda de la Rosa menciona mil 175 casos en Jalisco e incluye datos de la periodista estadunidense Tracy Wilkinson, de Los Ángeles Times, quien entregó la lista de los desaparecidos al Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica, la organización civil que encabeza el investigador Sergio Aguayo Quezada.

Wilkinson obtuvo los datos de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) a finales del sexenio calderonista, comenta Castañeda. En la lista se habla de 20 mil 851 desaparecidos en seis años, de los cuales 40% son mujeres.

Por lo que atañe a Jalisco, la tercera parte de quienes fueron privados en forma ilegal de su libertad son estudiantes: 770. Asimismo se menciona a 338 empleados y a 271 trabajadores de intendencia de diferentes compañías. En el mismo grupo se contabilizan 101 albañiles y obreros, así como 43 empresarios, 36 profesionistas y nueve empleados de seguridad desaparecidos.

La mitad, aclara el reporte, son habitantes de municipios de la zona metropolitana (Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco).

Jesús Zamora García, del CIESAS, muestra su preocupación por la falta de información oficial. Recuerda que el fenómeno más parecido a lo que ahora se vive es el secuestro de personas ligadas a la guerrilla en la década de los setenta. “En esa época hubo decenas de desaparecidos. Algunos hablan de 50, otros de 100; lo cierto es que no se sabe cuántos fueron”.

Antes, añade, las desapariciones ocurrían por motivos políticos. Ahora no, pues la lucha contra el narco desatada por Calderón en su sexenio tiene un talante económico y de beneficio personal, lo que obliga a los analistas a dar otro enfoque a sus investigaciones:

“La actual realidad requiere de mucho trabajo y de acercamiento a las organizaciones civiles, a instituciones educativas, a grupos promotores de los derechos humanos, y trabajar en una estrategia común para conocer la problemática.”

Los nuevos desafíos

 

En los setenta se tenía la impresión de que todo podía resolverse, pero lo que ahora se vive demuestra que eso es erróneo. “La reflexión nos obliga a pensar a todos –comenta– en un asunto complejo de cómo estamos regresando a la barbarie, de cómo un sistema político neoliberal ha sido incapaz de responder a los desafíos sociales”.

Zamora insiste en que la guerra contra el narco derivó en un fenómeno que rebasó a las autoridades. “No se conoce qué tipo de estrategias tienen éstas para enfrentar ese gran problema. El Estado está superado en ese sentido, no así la sociedad civil, que empieza a dar respuesta a través de pequeños comités de defensa de presos o desaparecidos”, sostiene el investigador del CIESAS.

“Es irónico que un ciudadano común que de repente se ve ante este tipo de tragedias tiene que trabajar como investigador, como analista, y se ve obligado a detener su vida para buscar a su familiar, para atender este tipo de casos (que le afectan en familia), es un vacío que deja el Estado y que de alguna forma la sociedad se ve obligada a cubrir”.

Asegura que ante este panorama el trabajo de organismos intermedios, grupos ciudadanos y asociaciones civiles, coadyuvarán a dar luces al complejo panorama que ahora se vive con los desaparecidos.

Habla también del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia y de la promoción de la Ley General de Víctimas. “Vemos a particulares y a gente ligada a la academia o a las universidades haciendo un trabajo que el Estado ha dejado de hacer por su formación, surgido en la cultura del autoritarismo, que ahora resurge”.

Su colega Leticia Carrasco Gutiérrez, del Departamento de Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, dice que el actual fenómeno de los desaparecidos no tiene comparación con nada de lo que vivió el país hace décadas.

Recuerda que, en febrero de 1977, su hermano Jorge Salvador Carrasco, entonces de 19 años, y siete jóvenes de una brigada de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecieron. Ellos, dice, buscaban un país más justo, tenían un propósito político bien definido y tomaron las armas para enfrentar el establishment político.

En 2013, matiza, el problema es más grave. A pesar de la experiencia de la época de la lucha guerrillera, hoy la sociedad no está preparada para levantar como bandera la causa de los desaparecidos. E insiste en el desinterés de la población, pese a lo peligroso de la situación.

En la década de los setenta, reitera, perdió a su hermano por motivos políticos. Y resume: “Estamos en un tiempo en en el que lo primero que debemos entender es que podemos desaparecer en cualquier instante, y las autoridades se ven lentas; ya deberían estar investigando y la sociedad debería estar movilizada y protestando por lo que pasa a miles de familias en la entidad y en el país, pero no hay respuesta”.

En Jalisco, las desapariciones forzosas afectan a decenas de miles de familias, las destrozan, afirma la investigadora. “La cifra de 2 mil es muy alta. La desaparición de una sola persona ya es una gran tragedia; un caso o miles –debe entenderse– es sumamente grave; eso ya lo vivimos desde la década de los setenta. Estamos hablando de todo tipo de personas: mujeres, niños, jóvenes, adultos”.

Carrasco Gutiérrez es partidaria de que se cree una comisión de la verdad, aunque admite que la experiencia obtenida al respecto en la administración de Vicente Fox dejó un mal; no obstante debe explorarse una propuesta de solución entre autoridades y sociedad.

Falta por investigar en cuántas desapariciones estuvieron implicadas algunas instituciones y cuántas deben adjudicarse a los grupos del crimen organizado. Lo que percibimos, insiste, es una total ausencia del Estado para atender la problemática, para contener a la delincuencia.

Y remata: “Lo que ahora ocurre no tiene comparación con nada que se le parezca registrado en el pasado inmediato de México”.

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