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El desastre mexicano pone a dudar al relator Heyns

Si bien en las últimas décadas México ha intentado presentarse como promotor de los derechos humanos, la realidad actual lo confronta, habida cuenta de la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales y agresiones a periodistas que se escenifican en su territorio. El relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, dice a Proceso­ que un año es suficiente para saber si el camino que tome el gobierno de Enrique Peña Nieto es el correcto para aminorar la violencia en México.

 

Cauteloso ante las cifras y promesas del gobierno federal, el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, considera que un año es suficiente para saber si la política de seguridad que adopte el presidente Enrique Peña Nieto será efectiva para disminuir “la tasa alarmante de asesinatos” que hoy coloca a México en “el radar de los derechos humanos”.

Y aun cuando en las últimas décadas México ha mantenido un papel relevante como promotor de derechos humanos, dice, en los años recientes se ha caracterizado también por la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales y las agresiones a periodistas.

Heyns, quien ocupa el cargo desde agosto de 2010, sostiene que prevalece la expectativa sobre la forma en que Peña Nieto va a “remover las tasas de violencia” que arrastra el país desde los tiempos de la “guerra sucia”, pero sobre todo después de 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Entrevistado por Proceso el jueves 2 al término de su visita oficial, minutos después de rendir un informe preliminar de una gira de trabajo que inició el 22 de abril e incluyó visitas a Chihuahua, Guerrero y Nuevo León, Heyns resume:

“Mi visita se produce en un momento muy oportuno, en un momento de transición, pues hay tantos cambios institucionales, tantos cambios jurídicos bajo el nuevo gobierno; incluso ha cambiado la retórica, lo que es importante.”

Con base en la información proporcionada por el gobierno federal, el reporte preliminar consigna que durante el sexenio de Calderón se cometieron 102 mil 696 homicidios dolosos. “Según el gobierno a lo máximo 70 mil de ellos fueron asesinatos relacionados con las drogas. A esto se le une una impunidad sistemática y endémica. Sólo entre 1 y 2% de los delitos, incluyendo los homicidios, llegan a ser condenados”, indica el documento.

Con este precedente, insiste Heyns, oriundo de Sudáfrica, durante la entrevista realizada en el jardín de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México, un año es suficiente para saber si el camino que tome el gobierno de Peña Nieto es el correcto para aminorar la violencia.

“Como orientación muy general diría que podríamos esperar un año antes de empezar a encontrar soluciones, pero más importante que las cifras es percibir un consenso o bien un grado de reconocimiento general de que el país avanza en sentido adecuado”, apunta.

Aunque matiza: para que las opiniones sean consideradas válidas, deben ser no sólo de los políticos, sino también de las organizaciones no gubernamentales y de las comisiones de derechos humanos; y si los periodistas también lo dicen, “entonces podremos afirmar que sí están cumpliendo las políticas”.

Por eso, tras confrontar las estadísticas en sus encuentros con funcionarios y con activistas sociales, dice que prefiere ser “muy cauteloso” y “no darle demasiada credibilidad a este aparente descenso de las cifras” provenientes “de versiones centralizadas”. La excepción es Nuevo León, donde observó que sí había coincidencia en la disminución de la tasa de criminalidad.

 

Las recomendaciones

 

Catedrático de las universidades de derecho en Washington y Oxford, Heyns advierte que la mejor estrategia para transformar un escenario de violencia no es negar su existencia. “Si todos se ponen de acuerdo para decir que las cosas van bien, que van mejor –con la idea de instaurar un ambiente más positivo–, es peligroso aceptar (esta situación) con demasiada alegría”, reflexiona.

Alerta también sobre la crisis que atraviesa la prensa mexicana y la preo­cupación en el ámbito internacional. En relación con el asesinato de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez, el relator lamenta que en algunas entidades no pueda ejercerse el periodismo impreso y electrónico ni en los medios digitales.

Y aunque considera que las reformas hacia la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y los mecanismos de protección son positivas, considera que “deben reforzarse”. Dice que la instrumentación de un sistema de justicia y la lucha contra la impunidad no serán inmediatas, por lo que recomienda combinar medidas de protección de corto plazo con políticas de largo plazo.

“Cuando algún policía es atacado –comenta Heyns–, sus compañeros se comunican por radio y dicen: ‘Hay un policía agredido, hay que protegerlo’; y así lo hacen porque el sistema de protección depende de ellos. Pero el sistema democrático depende también de los periodistas, por lo cual debe existir ese mismo nivel de preocupación y de compromiso.”

Mientras helicópteros sobrevuelan la zona de Polanco, cerca del Hotel Presidente, donde se alojó el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, la reportera pregunta a Heyns sobre la responsabilidad que tiene el gobierno del país más poderoso en el escenario de muerte y violencia que priva en México, incluido el martirio que representa para los migrantes centroa­mericanos atravesar el país en busca del “sueño americano”.

Medita antes de responder. Luego expone: “Sería muy difícil ubicar una responsabilidad concreta. Creo que hay una responsabilidad compartida dada la ubicación geográfica de México, situado entre los productores y los consumidores de droga; por el tránsito de droga; por tránsito de migrantes que tienen por destino Estados Unidos, y dado el elevado porcentaje de armas que entra a México”.

Tras señalar que en la tragedia humanitaria que viven los migrantes también tienen responsabilidad sus países de origen, Heyns apunta que dado que su visita “es a México y no a Estados Unidos”, el llamado al gobierno mexicano es que “extienda la mano más allá de las fronteras y recabe toda la asistencia técnica que pueda, porque si tuviera mayor capacidad técnica no tendría que recurrir a la fuerza a tal medida. Sí existe una responsabilidad compartida, tanto para Estados Unidos como para la comunidad internacional”.

Heyns visita México 14 años después de que lo hiciera la primera relatora especial, Asma Jahangir, y cinco después de que el relator Philip Alston solicitara entrar al país.

En 2008, Alston ya contaba con información del incremento preocupante de decesos derivados de la “guerra contra el narcotráfico” lanzada por Felipe Calderón. En una entrevista con el reportero Jorge Carrasco, en enero de 2010, Alston comentó que aun cuando pidió a funcionarios de Calderón recorrer el país, le contestaron que estarían “muy ocupados” en la elaboración de informes para los organismos internacionales.

Alston explicó a Carrasco que la cancillería le propuso visitar México en 2011, cuando él ya no fuera relator. El 30 de octubre la dependencia emitió un comunicado en el que manifestaba “el deseo del gobierno de México de trabajar con el nuevo relator que sustituirá al señor Alston en 2010” (Proceso 1733).

Heyns aclara a la reportera que su visita había sido programada precisamente para 2011, pero fue suspendida tras la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake, en un accidente aéreo en noviembre de ese año.

Heyns tuvo reuniones con más de 120 funcionarios federales y de los estados de Guerrero, Chihuahua y Nuevo León, así como con decenas de miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, familiares de víctimas y algunas personas agraviadas.

Y aun cuando admite que durante el gobierno de Calderón se registraron cambios importantes en materia de derechos humanos –las reformas constitucionales en materia de justicia penal en 2008 y de derechos humanos en 2011–, resalta también la “escalada de violencia” en México, que coincidió con el despliegue de tropas para combatir al narcotráfico.

“Cuando el Ejército tiene un poder para operar sin trabas, y hay muy pocos mecanismos de rendición de cuentas, o si esa rendición de cuentas se deja en manos del Ejército, se produce una situación en la que el gobierno asume una posición de refuerzo de la fuerza militar y las bandas armadas también refuerzan su capacidad; entonces se produce una escalada de violencia.

“Creo que no es la política adecuada, menos aun cuando se busca reducir el número de muertes. Si se quiere estabilizar la sociedad –subraya Heyns– se debe desincentivar el uso de la fuerza, y esto implica que el gobierno también use una fuerza restringida.”

–¿Era previsible que ocurriera esta tragedia al sacar al Ejército a las calles?

–Mi propio país (Sudáfrica) es un ejemplo de que era previsible. En general una política que se enmarca en la palabra “guerra” en materia de seguridad –sea contra el narcotráfico, el terrorismo o el narcomenudeo– es un planteamiento conceptual que favorece este ambiente de violencia. Es una política que resulta muy atractiva cuando se buscan resultados de corto plazo, pero sin tomar en cuenta que se puede corromper al Ejército al sacarlo a la calle y que era muy posible que se incrementaran las violaciones a derechos humanos.

 

Los nuevos cambios

 

Ante el riesgo de que la política de militarización de la seguridad pública se mantenga, el relator advierte que durante las conversaciones con funcionarios de alto nivel de las secretarías de Defensa Nacional y Marina, ellos le expresaron que “no quieren desempeñar el papel de la policía, que quieren estar en sus cuarteles, que tenían la sensación de que nadie más estaba en disposición de realizar esta labor y tenían que intervenir. Han dicho que desean desempeñar un papel militar, defender al país de agresiones externas”.

Heyns asegura que durante los encuentros con funcionarios de la Marina, la Defensa, la Secretaría de Gobernación y legisladores federales éstos le comentaron que el Código de Justicia Militar va a ser reformado.

En su reporte preliminar, Heyns recomienda al gobierno de Peña Nieto que admita la visita oficial del argentino Juan Méndez, el relator contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, quien en su informe presentado el 1 de febrero ante el 22 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU notificó que había solicitado al gobierno actual recorrer México.

Asimismo, considera necesaria la evaluación de su colega argentino, pues durante su reciente visita encontró varios testimonios de casos judiciales sostenidos en confesiones obtenidas bajo tortura.

Uno de los casos que más le impactaron, dice, fue el de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero, a quienes se les torturó para obligarlos a que admitieran que “habían usado armas contra la policía”.

Según él, las muertes de dos normalistas –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– le impactaron “por la injusticia” que se cometió con ellos. “Me parece que hubo un uso de la fuerza tan desbordante de la Policía Federal y local contra jóvenes que no portaban armas”.

La reportera la pregunta a Heyns su opinión sobre el regreso del PRI al poder, el partido que gobernaba aún en el año 2000 y que heredó un largo historial de crímenes de lesa humanidad a los dos gobiernos del PAN, que todavía siguen en la impunidad.

“No creo que las nuevas leyes, las nuevas instituciones, los mecanismos para apoyar a los defensores de derechos humanos y a los periodistas estén vinculados a un partido concreto”, contesta el experto sudafricano.

E insiste: “Se está produciendo un cambio en distintos niveles y el discurso del gobierno en términos de situar los derechos humanos en un lugar prioritario, destacar la necesidad de que el Ejército vuelva a sus cuarteles, da un nuevo aliento. Yo situaría mis expectativas en las instituciones, pues es esta combinación de instituciones y nuevo gobierno lo que puede cambiar las cosas”.

Con 31 recomendaciones, el informe preliminar elaborado por Christof Heyns será ampliado y presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2014. Para 2016, el especialista presentará un nuevo reporte sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

Entre los temas abordados por el relator destacan el procesamiento de los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”; la creación de un corredor seguro para migrantes indocumentados; abatir la impunidad; crear protocolos del uso de la fuerza para Fuerzas Armadas y cuerpos policiacos; modificar el Código de Justicia Militar, y reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada.

También propone estandarizar el delito de feminicidio en la legislación penal de las 32 entidades; adoptar medidas para proteger a los menores en operativos de seguridad pública; dar garantías de seguridad a la población Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT); abolir la estigmatización de las víctimas, y la implementación de la Ley General de Víctimas.

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