MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hasta hace poco pensaba que el crimen organizado y el narcotráfico eran el principal problema de seguridad e ingobernabilidad en Michoacán. Hoy, tras reunirme con víctimas de desaparición forzada en Morelia y verificar los documentos de los que tengo copia, me queda la convicción de que existe crimen de Estado, por orden u omisión del gobernador interino Jesús Reyna, como también pasó con Leonel Godoy en otra modalidad, aunque en este caso sin visible relación con el crimen organizado. Me quedé sin palabras al ver niños huérfanos, viudas e hijas a quienes une un lazo común: el agravio del Estado contra su integridad personal y la de los suyos. ¿Qué decir cuando las fuerzas del orden a las que paga la sociedad para garantizar la seguridad son los autores de torturas, muertes, desapariciones, amenazas sin que pase nada? De la cúspide a la base, la comisión de delitos está viva. Revisemos sólo dos casos emblemáticos de lo señalado. Primero. Laura Orozco Medina, ahora una joven abogada, habitante de Nuevo Zirosto, perteneciente al municipio de Uruapan, tenía hasta hace algunos años el sueño de ayudar a su padre en los negocios. Actualmente lo hace en circunstancias muy distintas. Al hablar con ella, me sorprenden su aplomo y su deseo de continuar una cruzada para pedir justicia porque las fuerzas del orden, incluidos militares, policías ministeriales y municipales, así como agentes del Ministerio Público, le quitaron de tajo todos sus sueños. El 20 de diciembre del 2007, un grupo de militares acompañados de policías ministeriales, sin orden de cateo ni de aprehensión, intentaron extorsionar a su padre. Al no ceder, le robaron la casa, le sustrajeron un auto y se llevaron a José Iván Orozco Medina –hermano de Laura–, a quien trasladaron al retén militar ubicado entre Peribán y Copetiro, le tomaron unas fotos y lo dejaron ir para regresar por él acusándolo de portación de armas exclusivas del Ejército y drogas. Cinco años después, el licenciado Marcelino Ángel Ramírez, juez octavo de Distrito, otorgó a José Iván la libertad absolutoria, conforme al oficio 2604, expediente 32725/2007. Esto pone de manifiesto que le fueron “sembradas” las drogas y las armas, con lo que de entrada perdió cinco años de su vida. La insistencia en exigir justicia ante las autoridades competentes provocó la desaparición forzada del padre de Laura, Leonel Orozco Ortiz, así como de Leonel Orozco Medina y Moisés Orozco Medina, cuyo paradero aún se desconoce. La carta enviada al procurador del estado, Plácido Torres Medina, y las solicitudes de audiencia, jamás fueron respondidas. Hoy Laura, como abogada, ayuda a buscar a su padre y a sus hermanos. Para mayor desgracia, sus tierras, que habían permanecido en custodia de sus tíos, les fueron quitadas, aprovechando que en estas zonas no se acostumbra inscribir los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, de modo que la compraventa se hace a través de contratos privados, lo que genera que muchas propiedades estén en la incertidumbre jurídica. La distinguida jurista Susana Thalía Pedroza de la Llave, entonces segunda visitadora de la CNDH, emitió la recomendación CNDH/2/2008/217/Q dirigida al gobernador Leonel Godoy. Jamás obtuvo respuesta, y tampoco ha dicho nada Jesús Reyna. A raíz de esa misma recomendación, la Sedena abrió la averiguación previa 21ZM/35/2008/ESP. ¿No son suficientes cinco años para que el procurador de Justicia Militar, general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, haya tenido avances y hechos públicos para demostrar que la justicia militar actúa? Fragmento del análisis que se publica en la edición 1906 de la revista Proceso, ya en circulación. evillanueva99@yahoo.com @evillanuevamx www.ernestovillanueva.blogspot.com