MÉXICO, D.F. (apro).- “Criminalizar el fenómeno migratorio invita a los criminales a entrar en él”, sentenció hoy Marta Sánchez, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano durante la conferencia Reforma migratoria: ¿qué sigue?, organizada por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM). Hace una semana, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, anunció la creación de la Unidad de Inteligencia del organismo para detectar y desarticular bandas de secuestradores y traficantes de personas. Una de las estrategias, se jactó el funcionario, consiste en infiltrar agentes del INM en los grupos de migrantes para detectar a las bandas de criminales que los extorsionan a lo largo de su travesía desde Centroamérica y hasta Estados Unidos. Al respecto, este martes Sánchez respondió que todos conocen a las pandillas que operan para Los Zetas en el tren conocido como La Bestia, ya que éstas realizan sus acciones criminales contra los migrantes en el tramo de Tenosique (Chiapas) a Coatzacoalcos (Veracruz). Luego, apuntó: “No sé por qué vas a infiltrar para conocer gente que todo el mundo conoce, gente perfectamente localizada”. Enseguida, dijo que la ley de migración que entró en vigor en noviembre de 2012 era “maravillosa en su texto”, pero hoy “ya de por sí no se está respetando”, lamentó Sánchez. “La ley establece derechos que no han sido aplicados”, deploró a su vez Mario Santiago Juárez, representante de Litigio Estratégico en Derechos Humanos I(dh)eas. El texto perdió gran parte de su contenido normativo cuando llegó a las manos del Ejecutivo, consideró Sánchez. Los objetivos de la ley de migración “incluyeron el simplificar los requisitos y modalidades de legal estancia para las personas inmigrantes en México”, destaca un documento del grupo distribuido durante la presentación. Sin embargo, también se precisa que en su forma actual el texto no logró cambiar la situación de los migrantes, quienes transitan o trabajan en México debido a problemas para obtener una visa en sus países de origen. Santiago Juárez denunció que el anuncio de los legisladores, sobre otorgar “visas de tránsito”, nunca se hizo realidad. Esta visa permitiría a los migrantes, en teoría, cruzar el territorio de forma más segura y con un estatus legal. El grupo, constituido por 21 asociaciones, redes y expertos, deploró la dificultad para familiares y defensores de derechos humanos de entrar a los centros de detención de migrantes a causa de “un proceso burocrático incomprensible”. Asimismo, constató el “alto nivel de opacidad” dentro del INM, dependencia que carece de procesos de transparencia y rendición de cuentas. En los centros de detención se siguen violando los derechos humanos, afirmó Mario Santiago Juárez, pues los migrantes no cuentan con la presencia automática de un asesor legal o de un traductor. Según el artículo 111 de la Ley de Migración, la estancia en estos centros no puede superar 15 días, pero incluye excepciones: Si un detenido interpone tanto un recurso administrativo y judicial como un juicio de amparo, la ley “abre la puerta a la detención indefinida del migrante”, se subraya en el documento. Mario Santiago Juárez expuso que a veces se extiende hasta uno o dos años el tiempo para resolver esos casos administrativos. En tanto, los centros de detención “florecen” en los estados fronterizos. La zona chiapaneca de Tapachula, de 200 kilómetros de extensión, cuenta con 13 retenes, informó Diego Lorente, director general del Centro Fray Matías de Córdova. Muchos de los migrantes en Chiapas, aclaró, son “migrantes de destino”, cuyo objetivo es establecerse en México. La “migración de destino” es un fenómeno que tiene más de cien años y rompe con el mito según cual todos los migrantes de Centroamérica tienen Estados Unidos por destino, sentenció Lorente. Dimensión humana También afirmó que para estos migrantes el marco normativo de la ley no corresponde con la realidad socioeconómica del estado, que es 80% rural, y cuenta con alto nivel de marginalidad. Lorente comparó el salario mínimo en el estado, mil 600 pesos mensuales, con las cuotas necesarias para los trámites: 3 mil 130 pesos por año, a lo que se deben añadir mil pesos por la revisión de papeles y costos adicionales que alcanzan un total de cerca de 5 mil pesos. Además, denunció que las autoridades migratorias chiapanecas exigen a los migrantes requisitos que la ley de migración no prevé, como constancia de vecindad o cartas de recomendación, por cierto servicios con alto costo. Es por ello que el GTPM hizo un llamado a poner en marcha un sistema profesional de carrera para comprometer a los funcionarios del INM a un mejor desempeño de sus tareas con la obligación jurídica de respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Según el documento del grupo, “las autoridades involucradas en los procedimientos migratorios olvidan la dimensión humana del problema”. También señaló que entre 2010 y 2011 autoridades no autorizadas para tareas de migración, entre ellas de la PGR, Procuraduría General de Justicia Estatal, Marina y Defensa Nacional, así como policías municipales y estatales, realizaron mil 619 operativos que resultaron en la detención de migrantes indocumentados. Además, alertó el grupo, si se promulga la nueva ley de migración en Estados Unidos, un millón y medio de centroamericanos –principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños-- obtendrán un permiso de trabajo, y por tanto será necesario facilitarles el permiso para viajar de forma segura en México, sin descuidar a los migrantes que deciden cruzar el país de manera clandestina. “Es necesario realizar estudios para determinar formas alternativas de promover el tránsito regular, como acuerdos de supresión de visa, acuerdos multilaterales o cambios en los criterios para tramitar una visa de estancia temporal desde los países de origen”, subrayó el GTPM en el documento anexo a la presentación. Gretchen Kuhner, representante del Instituto para las Mujeres en Migración, manifestó su preocupación de que el tema migratorio fuera incluido en el capítulo “México global” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, que ayer presentó el presidente Enrique Peña Nieto. El tema, advirtió, está considerado en un eje de seguridad nacional, y no en el capítulo “México en paz”, que observa temas de derechos humanos. El grupo anunció que en su agenda de trabajo buscará “dejar atrás el paradigma de vincular el tema migratorio al de la seguridad nacional y la seguridad pública”.