COLIMA, Col. (apro).- Con el propósito de “salvaguardar” y “respetar” la figura del matrimonio como “la unión de un solo hombre con una sola mujer”, cinco fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, excepto la del PRD, anunciaron una iniciativa de reforma constitucional para reconocer a las parejas del mismo sexo bajo la figura de “enlace conyugal”, que tendría obligaciones y derechos idénticos a los del matrimonio. Este proyecto fue anunciado tres meses después de que el ayuntamiento de Cuauhtémoc, de origen perredista, empezara a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo –a la fecha se han celebrado 12 uniones de este tipo—, a partir de una interpretación directa de la Constitución General de la República, que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual. Suscrita por 23 de los 25 diputados locales, que pertenecen al PRI, PAN, PVEM, PT y Panal, la propuesta será presentada ante el pleno durante la sesión legislativa de este jueves, informaron en conferencia de prensa conjunta los coordinadores de los grupos legislativos, Martín Flores Castañeda, del tricolor; Héctor Insúa García, del blanquiazul; Mariano Trillo Quiroz, del verde; y Marcos Barajas Yescas, del PT. Aunque desde el año pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la existencia de un régimen jurídico diferenciado para las uniones del mismo sexo es discriminatoria y “resulta totalmente inaceptable en un Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos”, los diputados Martín Flores y Héctor Insúa negaron que sea ese el caso de su iniciativa. En la página 48 de la resolución del juicio de amparo 581/2012, concedido a una pareja de mujeres del estado de Oaxaca, los ministros de la SCJN señalaron que “si se niega el acceso al matrimonio, la existencia de un régimen jurídico diferenciado al cual puedan optar las parejas homosexuales en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, evoca a las medidas avaladas por la conocida doctrina de ‘separados pero iguales’ surgida en Estados Unidos en el contexto de la discriminación racial de finales del siglo XIX”. Los ministros añadieron: “Puede decirse que los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios”, por lo que expresaron su rechazo a lo que llamaron “un régimen separado pero igual al matrimonio”. Interrogado sobre este planteamiento de la Primera Sala de la SCJN, el diputado panista Héctor Insúa aseguró que esto no se encuentra en la resolución sobre el caso Oaxaca, sino que el planteamiento es que “toda vez que falta una figura adecuada para el establecimiento de una sociedad conyugal entre personas del mismo sexo, se debe reconocer como válido el acto jurídico celebrado al amparo de la figura del matrimonio”. El legislador priista Martín Flores sostuvo la misma postura que el panista, apoyándose en uno de los argumentos de las quejosas de Oaxaca transcrito en la página 10 de la resolución del juicio de amparo: “El legislador ordinario tenía la obligación constitucional de crear las garantías necesarias para que cada una de las diversas familias pudiera gozar del derecho que les confiere el artículo 4º constitucional. Lo que significa que en ejercicio de su libre configuración normativa podía crear una figura a la cual pudieran acceder las parejas homosexuales y heterosexuales o una figura jurídica específica para cada tipo de pareja que respetara el principio de igualdad y no discriminación”. Con este argumento, presentado en la conferencia de prensa como “criterio de la Corte”, Flores Castañeda afirmó que el máximo órgano del Poder Judicial Federal les dio la libertad a los congresos de crear figuras específicas para parejas del mismo sexo. Informó además que antes de elaborar la iniciativa las fracciones realizaron “consultas privadas” con abogados, académicos, empresarios, organizaciones de la diversidad sexual y ministros de las iglesias católica y evangélica, entre otros sectores. Afirmó que con esta propuesta la figura del matrimonio se salvaguarda, en tanto que el tema de las adopciones queda intocado, por lo que seguirá correspondiendo a los jueces de lo civil decidir al respecto, salvaguardando el interés superior de cada menor. Por su parte, Héctor Insúa comentó que de esta manera queda acreditado el compromiso por velar por la institución del matrimonio sin menoscabo de los derechos de quienes integran la comunidad de la diversidad sexual. A su juicio, la propuesta de reforma constitucional y al Código Civil será vanguardia a nivel nacional. A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Arturo García Arias, adelantó que una vez que se presente la iniciativa la comisión que preside estará abierta a las aportaciones y análisis que correspondan, al mismo tiempo que anunció que podría estar votándose el dictamen aproximadamente el 21 de junio. Tras conocer el anuncio de la iniciativa, el diputado perredista Francisco Rodríguez García –quien junto con su compañero Rafael Mendoza presentó una iniciativa para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo– consideró que la creación de la figura de “enlace conyugal” es discriminatoria de la comunidad de la diversidad sexual. Señaló que, a reserva de analizar la iniciativa que presentarán este jueves las cinco fracciones, si se aprueba en esos términos podría motivar una impugnación ante la Suprema Corte.