De acuerdo con documentos hechos llegar a las máximas instancias de la Secretaría de Gobernación, el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, hizo nombramientos que abrieron las puertas de la Policía Federal a integrantes de la legendaria Hermandad, no sólo intocada, sino caracterizada desde hace décadas por abusos, extorsiones, secuestros, corrupción y complicidad. Al menos 130 militares, incluyendo varios generales, han sido desplazados por viejos funcionarios y policías del Distrito Federal, célebres por vender plazas y exámenes, por desa­parecer expedientes incriminatorios y colocar en puestos clave a familiares, amigos, compadres… MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si en el gobierno de Felipe Calderón la Policía Federal estuvo marcada por los excesos de Genaro García Luna, su creador, en el de Enrique Peña Nieto las cosas no están mejor. La razón: El comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, se rodeó de La Hermandad, un grupo de mandos policiacos de la Ciudad de México que han permanecido unidos por la corrupción y las complicidades. La Hermandad es encabezada por Darío Chacón Montejo, quien fue subsecretario de Operación Policial de Seguridad Pública en el Distrito Federal con Mondragón y Kalb como secretario, quien lo nombró coordinador de Restablecimiento del Orden Público (CROP) de la Policía Federal, que concentra a la mayoría de los 38 mil agentes de esta corporación. Chacón, quien apenas terminó la secundaria y ambiciona asumir la jefatura de la División de Fuerzas Federales que ahora encabeza el general Salvador Camacho Aguirre, tiene como sus brazos operativos a otros dos miembros de La Hermandad. Uno es el jefe de Operaciones de la CROP, Tereso Beltrán Pineda, teniente desertor del Ejército que ha sido sancionado seis veces como servidor público –con multas e inhabilitaciones– y quien reprobó el examen de control de confianza, uno de los mil 600 agentes que no fueron capaces de aprobarlo. El otro es José Luis Sánchez Cortés, director general de Traslados y Apoyo Penitenciario, un exfuncionario de reclusorios del Distrito Federal que tiene acusaciones por corrupción, arbitrariedad y nepotismo. A partir de esta tríada de viejos policías ha habido un masivo advenimiento de miembros de La Hermandad a la estructura de la Policía Federal, lo que ha implicado no sólo el alza de la corrupción y de las arbitrariedades contra el personal y la ciudadanía, sino también el desplazamiento de mandos militares que construyeron la corporación. Por lo menos 130 militares han sido dados de baja como mandos de la Policía Federal, entre ellos generales, coroneles, mayores, capitanes y tenientes de las diferentes armas –incluidos de la Fuerza Aérea–, quienes han sido sustituidos por policías de La Hermandad, con menor preparación académica, experiencia y adiestramiento. Conforme a documentos de quejas que se han hecho llegar a la Secretaría de Gobernación, de los que Proceso tiene copia, el nombramiento de mandos de La Hermandad ha implicado también el fin de la carrera policial, si bien con García Luna tampoco se materializó, porque predomina la discrecionalidad para asignar mandos a familiares, amigos, compadres y a cambio inclusive de favores sexuales. Además del lucro con la gasolina y el mantenimiento de los vehículos, en la Policía Federal todo se vende: cargos, ascensos, uniformes, el examen para aprobar el control de confianza, la desaparición de expedientes de corrupción e indisciplina. Igualmente, de acuerdo con los documentos aludidos, se ha institucionalizado ya el “entre”, como se denomina a la cuota que deben entregar los subordinados a sus jefes y que explica el auge de las extorsiones a ciudadanos y transportistas, como ha documentado inclusive el responsable de Asuntos Internos, Edgardo Flores Campbell. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presuntamente tiene conocimiento de lo que ocurre en la Policía Federal, porque el responsable de la División de Investigación de la corporación, Damián Canales Mena, dirigió la Policía de Hidalgo y conoce La Hermandad, porque fue jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.   Los amigos de Chacón   A pesar de que asumió el control de la estructura de la extinta Secretaría de Seguridad Pública el 1 de diciembre del año pasado, Mondragón y Kalb fue ratificado por el Senado como comisionado nacional de Seguridad Pública el 25 de febrero, y entonces hizo públicamente un compromiso: “Tolerancia cero a la corrupción: hasta donde llegue, como llegue, cuando llegue. Me vale lo que se diga al respecto cuando yo combata la corrupción. No voy a tolerarla ni a permitirla. ¿Cuánto voy a lograr? Lo más posible. ¿A partir de qué? De hoy o de hace un mes y medio. Ya me conocen y no me hago guaje.” Sin embargo, lo primero que hizo fue depositar en Darío Chacón la responsabilidad del manejo del grueso de los policías federales como titular de la CROP, y éste, a su vez, ha colocado a personal de su confianza en los principales mandos. La División de Fuerzas Federales está integrada por tres coordinaciones: La de Restablecimiento del Orden Público (CROP), la de Reacción y Alerta Inmediata (CRAI) y el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes). Es la CROP la que concentra más elementos federales en sus tres direcciones y, según varias “tarjetas informativas” dirigidas “a la superioridad”, elaboradas por oficiales de la Policía Federal –cuya identidad constató el reportero–, Chacón ha articulado una estructura con miembros de La Hermandad, que a su vez han colocado a sus incondicionales, incluyendo parientes. Dos ejemplos: El jefe de Operaciones de la CROP, Tereso Beltrán Pineda, acomodó como director de área administrativa a su sobrino, el policía tercero Luis Alberto Cruz Beltrán, y José Luis Sánchez Cortés, director general de Traslados y Apoyo Penitenciario, hizo comandante de compañía a su hija, Ivonne Sánchez López. “Es urgente y necesaria una reestructuración de mandos de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata de Fuerzas Federales, ya que de seguir así se permitiría que la corrupción, indisciplina y prepotencia permearan por completo a la Policía Federal”, denuncia una “tarjeta informativa”, fechada el 20 de marzo, dirigida “a la superioridad”. En otra “tarjeta informativa”, con fecha de 1 de mayo, se describen las irregularidades que se observan en la CROP: “Los mandos trabajan y eligen a su plantilla orgánica en base a familiares, amigos, conocidos, además de que las plazas, cargos o comisiones tienen costo y hay un gran interés en eliminar o congelar de los mandos o plantilla orgánica a militares retirados, con profesionalismo y experiencia, para darle preferencia a la Policía del Distrito Federal o del Estado de México, o sea, a los pertenecientes a La Hermandad.” Además del manejo discrecional del escalafón, que aparte del sueldo puede traducirse en compensaciones de entre 25 mil y 90 mil pesos, los mandos leales a Chacón incurren “en el desvío constante de fondos en el manejo de combustible, mantenimiento vehicular, renta de autobuses, venta de uniformes, venta de permisos y desaparición de expedientes de indisciplina, etcétera, al personal de escala básica por los propios comandantes”. De Chacón, describe: “Se dio a la tarea de quitar o cambiar a todos los militares que le estorbaban, guiado por sus mandos inseparables: el inspector José Luis y el oficial Tereso Beltrán (…)”. Añade: “Conserva entre su plantilla al suboficial Trujillo, quien es el encargado de la gasolina y mantenimiento vehicular (pues deja mucho dinero el sistema de control que está llevando a cabo). Los cambios de mandos son con asesoría de La Hermandad y sin hablar con el mando correspondiente (es más, los cambios son sin motivo alguno que dé origen a ello). Se sabe que el comisario no pasó los exámenes de control de confianza; sólo se la pasa encerrado en su oficina y los operativos los monitorea por su celular o radio, apareciéndose sólo en los lugares de operativos para la foto y de entrada por salida, además de ya comenzar a recibir regalitos y continuamente tener entrevistas con La Hermandad para que causen alta como mandos en la Policía Federal”. Al oficial Tereso Beltrán Pineda, quien fue segundo inspector en la policía capitalina en 1993, se le atribuye, en la “tarjeta informativa”, tener “varias demandas por corrupto, ya que vendía uniformes, permisos, altas en la Policía Federal”, y de proteger a sus amigos Bonfil Portillo Tenorio y Filiberto Arellano Cerero, directores generales de brigadas. José Luis Sánchez Cortés, quien el 5 de abril encabezó el operativo para desalojar la Autopista del Sol que era bloqueada por miembros del magisterio de Guerrero –por el que Mondragón lo premió con 500 mil pesos–, dio trabajo a quienes son identificados como sus yernos: Alejandro de la Cruz Juan y Raúl González Sánchez. Dice la “tarjeta informativa”: “Antes de que lo nombraran director de Traslados y Apoyo Penitenciario hizo varios cambios en los mandos, dejando como encargados a los que trabajaban con él en La Hermandad en la Policía del Distrito Federal, en este caso en la Dirección de Reclusorios, por lo que en la tercera brigada de la CROP hay puros mandos que eran carceleros del Distrito Federal”. Se identifica en las “tarjetas informativas” como miembros de La Hermandad a los siguientes policías: Luis Enrique Cobián López, homologado a comisario en la CRAI; suboficial José Galván Herrera, comandante del primer Agrupamiento; Alejandro García Huexotitla, comandante del 6° agrupamiento; Jorge Yáñez Castañeda, comandante del 7° agrupamiento; Carlos Herrera Salgado, segundo comandante del 7° agrupamiento. También a Jorge César Trujillo Mejía, encargado de combustibles y mantenimiento vehicular de la CROP; Alberto Riestra López, encargado administrativo de la CROP; René Casco Gorostieta, comandante del 7° agrupamiento, y Alejandro de la Cruz Juan, comandante de compañía del 9° agrupamiento de la CROP. De este elenco de La Hermandad forma parte también, según las “tarjetas informativas”, el comisario Alfredo Álvarez Valenzuela, director general de Seguridad Penitenciaria, quien antes fue director general de Traslados y Apoyo Penitenciario, el cargo que ahora tiene Sánchez Cortés. Álvarez Valenzuela, quien en 2011 fue el encargado del operativo Guerrero Seguro y quien participó en el choque con los normalistas de Ayotzinapa –que terminó en la muerte de dos de éstos–, tiene en su contra denuncias por abuso de autoridad. “Lo anterior es muy preocupante ya que, lejos de depurar a los malos policías, cada vez éstos se encuentran con más y mejores puestos en la Policía Federal y, lo peor, asociados y trabajando en conjunto para encubrirse unos a otros entre sí, principalmente los del grupo que viene de La Hermandad, proveniente de la Policía del Distrito Federal o del Estado de México.” Y acusan: “Si les estorba algún policía de cualquier grado o cargo, llaman a sus contactos en los exámenes de control de confianza y luego los corren argumentando que reprobaron el examen. En caso de reprobarlo, el mismo sistema los cubre, como es el caso irrefutable, entre otros, del oficial Tereso Beltrán Pineda, quien reprobó el examen con categoría 6 definitiva. “Para ayudarse entre sí, les proporciona La Hermandad el examen para que, previo a éste, lo estudien y lo traten de pasar, pero algunos no lo hacen por su escaso nivel de estudios y preparación que tienen hasta en ocasiones coordinadores con secundaria (es vergonzoso que esté tan mal la Policía Federal y aún no tengan un perfil mínimo para cada puesto).”   Los militares, desplazados   Mondragón y Kalb tiene como uno de sus principales colaboradores a quien conoce bien a La Hermandad, Javier González del Villar, porque trabajó como director de Asuntos Internos de la SSP del Distrito Federal en el gobierno de López Obrador. A él se le atribuye un estudio sobre las siete “cofradías” que controlan la policía capitalina, entre ellas La Hermandad, encabezada por Luis Rosales Gamboa, y Los Granalocos, de Darío Chacón, según información de la agencia Notimex, en agosto de 2011. Según ese reportaje, González del Villar le recomendó a Mondragón y Kalb la renovación de la totalidad de “cargos de estructura” y, de ser necesario, fincar responsabilidades penales y administrativas a los mandos responsables de las “irregularidades históricas”. Advirtió: “Si no son retirados los mandos involucrados con estos grupos, el trabajo no se va a poder ver, porque éstos son los que engloban y generan la principal fuente de corrupción de la secretaría”. Ahora González del Villar, sobrino del fallecido Samuel del Villar que fue procurador del DF, es director general de Inspección y Evaluación para la Operación de la CNSP, nombrado directamente por Mondragón y Kalb, quien también invitó a Chacón como el principal mando de la Policía Federal. Fue por esta decisión que la CROP se pobló de policías capitalinos y se desplazó a militares que fueron reubicados en la CRAI, donde son subordinados de policías terceros, también del Distrito Federal, que tienen mejor nivel salarial. De acuerdo con los informes, son unos 150 militares los que han sido desplazados de sus cargos, entre ellos tres generales (uno diplomado de Estado Mayor, José Luis Soto Domínguez), así como coroneles, mayores, capitanes y tenientes coroneles. Veinte de estos militares, que tenían nivel de comisarios, inspectores generales e inspectores jefes, están bajo el mando de Luis Enrique Cobián López, encargado interino de la CRAI, quien es subinspector y cuya declaración patrimonial consigna que únicamente estudió secundaria. Más aún, Tereso Beltrán Pineda destituyó como director de Recursos Humanos de la CROP a Francisco David Quirós Hidalgo, capitán del Ejército, y en su lugar nombró a la suboficial Jésica Selene Martínez Vázquez, supuestamente sólo por ser su amiga. Los militares están indignados y la situación deja ver también una disputa con civiles por el control de la Policía Federal, que quedó bajo el mando de la Comisión Nacional de Seguridad que encabeza Mondragón y Kalb, luego de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública creada por Calderón para García Luna. Una tarjeta informativa, fechada el 15 de marzo, dirigida “a la superioridad”, describe la situación de los militares que han sido desplazados por civiles de La Hermandad, quienes asumen tareas para las que no están preparados, como el hecho de que un suboficial está a cargo de una brigada, “aproximadamente mil 500 policías, ya que se exigen cuotas para el nombramiento y desempeñar ciertos cargos”. Y agrega: “Inclusive hay desde inspectores hasta suboficiales desempeñando el cargo de comandantes de agrupamiento (control de 500 policías), los cuales se ponen insignias de inspector jefe y forman como tal, incluyendo a comandantes de sección que son policías terceros o segundos. Éstos como suboficiales, ya que argumentan que están habilitados para ese cargo como comandantes de agrupamiento o sección o compañía (usurpación de funciones)”. Apenas el 4 de marzo, tres pilotos de la Fuerza Aérea le enviaron a Mondragón y Kalb una carta para exponerle “irregularidades y abusos” que padecieron de Eduardo Laris McGregor, excoordinador de Operaciones Aéreas de la Policía Federal. Carlos Tovía Mazón, con 6 mil 500 horas de vuelo y 13 años de servicio en la Fuerza Aérea, ingresó a la Coordinación de Operaciones Aéreas en enero de 2009, pero en octubre de 2010 fue cesado como director de área, sin ninguna motivación o fundamento. “Esta misma situación se presentó con aproximadamente 130 mandos superiores y por alguna extraña razón la mayoría habíamos pertenecido a las diferentes Fuerzas Armadas.” Los capitanes Moisés Castillo Pérez Vargas, inspector jefe, y Martín Raúl Hernández Rojas, inspector, están en la misma situación, se le dice a Mondragón en la carta, en la que describen situaciones anómalas. Pérez Vargas, con 25 años de servicio y con 7 mil horas de vuelo en transportes presidenciales, relata las condiciones de trabajo: “Los reportes de anomalías de los aviones no se corregían adecuadamente y las bitácoras de vuelo eran alteradas. El mantenimiento para el material aéreo se llevó a cabo por una compañía no muy reconocida, en especial para los aviones 727/200. Excesos de jornada de vuelos sin periodo de descanso por seguridad de la tripulación, pasajeros y aeronave.” Añade: “Fui sujeto de terrorismo verbal. El capitán Eduardo Laris McGregor nos amenazó en diversas ocasiones diciendo que si no podíamos llevar a cabo alguna operación de vuelo, ahí estaban los pilotos de Mexicana esperando por nuestras plazas”. Raúl Hernández Rojas, con 22 años de servicio y 2 mil horas de vuelo, describe ahora su situación: “Estamos bajo el mando de elementos de menor jerarquía, situación que va en contra de las leyes, reglamentos y demás prerrogativas que nos rigen. Sin embargo, nos hemos disciplinado y cumplido con cada uno de los ordenamientos que se nos han dado”…