CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que la policía estatal asumirá el control de la seguridad en Iguala debido a la crisis que atraviesa este municipio administrado por el PRD tras el asesinato de tres activistas, entre ellos el dirigente perredista Arturo Hernández Cardona. De esta forma, la Policía Preventiva Estatal (PPE) está asumiendo el control de las funciones de seguridad pública en cuatro de los 15 municipios que conforman la zona norte de la entidad, luego de que los alcaldes perredistas de Cuetzala del Progreso, Apaxtla de Castrejón y Teloloapan se declararon incompetentes para revertir los efectos de la narcoviolencia. Mientras que en el caso de Iguala, el gobernador Aguirre dijo que no fue a petición del alcalde, José Luis Abarca Velázquez, sino que él mismo ha percibido “mucho malestar e inconformidad” sobre el desempeño de la policía municipal. Por ello, Aguirre recordó el caso de los ocho uniformados detenidos por el Ejército el sábado 25 tras el atentando en contra de la comandancia del municipio vecino de Teloloapan, que dejó dos policías asesinados. En esa ocasión se informó que los policías de Iguala, además de viajar a bordo de una camioneta con reporte de robo habilitada como patrulla oficial, no pudieron explicar por qué se encontraban fuera de su jurisdicción. Actualmente permanecen arraigados en una casa de seguridad de la Procuraduría local como presuntos responsables de estos hechos violentos. También dijo que existe orden de aprehensión en contra del director de la cárcel de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Manuel Damián Chavarría, quien huyó del penal luego de que un comando irrumpiera este domingo 9 para liberar a nueve internos. Durante la acción asesinaron a dos custodios y quedaron heridos un guardia y un interno. Entrevistado durante una gira de trabajo en esta capital, Aguirre dijo que –sobre el caso de Iguala– no puede sustituir a los 350 policías municipales. Por ello, la policía estatal sólo va a asumir los puestos de mando para depurar la corporación. Señaló que el gobierno estatal asignó seguridad a los familiares de los integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) que fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados. También rechazó haber expresado su respaldo y apoyo al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien es responsabilizado por el triple crimen. Al respecto, Aguirre aseguró que en este caso no va a proteger al alcalde perredista si se demuestra que tuvo relación con el crimen de los tres activistas. Advertencia a la UPOEG Por otro lado, el gobernador lanzó una advertencia al dirigente indígena Bruno Plácido Valerio, que encabeza el grupo de guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para que no mezclen los asuntos de seguridad con problemas de tipo político. Ello, debido a que desde finales de marzo, el grupo de autodefensa que surgió en la región de Costa Chica tomó el control de la seguridad en el municipio de Juan R. Escudero, ubicado en la región Centró y administrado por la  alcaldesa pianista, Elizabeth Gutiérrez Paz, tras la ejecución de un integrante de la UPOEG y comandante de la guardia comunitaria. Desde entonces, los miembros de la UPOEG han denunciado presuntos nexos de la alcaldesa panista con la delincuencia organizada. En respuesta, Gutiérrez Paz acusa a los miembros de la policía comunitaria que tienen tomada la cabecera municipal de incurrir en excesos y cometer delitos, por lo que ha exigido la intervención del gobierno estatal para regular el conflicto. Sobre el caso, Aguirre señaló: “Lo que he manifestado a Bruno Plácido y a la UPOEG es que no confundamos, no metamos asuntos que son estrictamente de seguridad con cuestiones de orden político. Si hay señalamientos de alguna situación irregular que la presenten en el Congreso estatal, pero no podemos caer en otro tipo de rutas que no pueden estar asociadas a la parte legal”. No obstante, el mandatario evadió hablar sobre el hecho de que la guardia de la UPOEG ha extendido sus acciones en contra de la delincuencia hacia la región Centro y la zona rural de Acapulco, a pesar de que Aguirre anunció que aplicaría la ley a los policías comunitarios que salieran de su jurisdicción reducida a la zona indígena de la entidad. Comunitarios vigilan Xaltianguis Integrantes de la policía comunitaria, adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), tomaron el control de la seguridad en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, ante la indolencia y omisión oficial frente a la delincuencia que actúa impunemente. Este hecho representa la tercera irrupción del brazo armado de esta organización subsidiada por la administración de Ángel Aguirre Rivero en este lugar ubicado a media hora del puerto de Acapulco, región que se encuentra colapsada por la narcoviolencia que no puede ser revertida a pesar del operativo policiaco-militar denominado Guerrero Seguro. La acción de la guardia comunitaria comenzó desde la madrugada, se extendió a otras poblaciones de la zona rural de Acapulco, y por la tarde se reportó la detención de dos personas, indicaron fuentes oficiales. En el poblado de Xaltianguis permanecen al menos 150 policías comunitarios de la UPOEG, quienes señalaron que asumieron las funciones de seguridad en este sitio porque la ciudadanía así lo pidió. Ello debido a que las autoridades gubernamentales no hacen nada para inhibir a la delincuencia que opera impunemente en esta zona, señalaron las fuentes consultadas. La guardia comunitaria de la UPOEG instaló retenes sobre la carretera federal México-Acapulco y, en uno de los filtros, detuvo a un grupo de policías estatales que se desplazaban a bordo de una patrulla oficial. "Quítense la gorra y las capuchas que parecen delincuentes", ordenaron los comunitarios a los uniformados, situación que provocó un altercado que no pasó a mayores, refieren reportes periodísticos. La presencia de la guardia comunitaria de la UPOEG en la zona rural de Acapulco comenzó desde hace más de dos meses, luego del asesinato de uno de sus comandantes en el municipio de Juan R. Escudero. Después de asumir el control del poblado de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, el grupo armado de la UPOEG comenzó a realizar acciones en Xaltianguis, donde han detenido a varios presuntos delincuentes relacionados supuestamente con la ejecución de uno de sus compañeros.