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Indemnizaciones disparejas

La ausencia de criterios claros para pagar indemnizaciones a familiares de víctimas civiles de acciones armadas es evidente en la respuesta que la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio a la solicitud de información pública planteada a la Unidad de Enlace de la dependencia y que obra en el expediente 0001300008113.

En un documento fechado el 21 de marzo último, la Semar da cuenta de la erogación de 5 millones 673 mil 249 pesos para cubrir indemnizaciones “en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de las acciones de apoyo a la Estrategia de Seguridad Nacional”.

La relación incluye 10 de las 20 recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de la Semar durante los últimos tres años, por diversas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra contra el narcotráfico.

Estas recomendaciones se relacionan con cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual contra niñas y desaparición forzada, así como privación de la vida.

En las recomendaciones consideradas en el documento de la Marina hay seis desapariciones forzadas, ocho homicidios y cuatro casos de tortura. En lo tocante a ejecuciones extrajudiciales, las investigaciones de la CNDH revelaron que los marinos realizaron montajes para incriminar a las víctimas en delitos, a fin de evadir sus responsabilidades.

El documento emitido por la Semar con el número de oficio UE-274/13 se refiere a pagos por diversos abusos atribuidos a sus tropas ocurridos entre noviembre de 2008 y junio de 2011 en los estados de Tabasco, Sinaloa, Morelos, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León.

Para colmo, la entrega de los recursos se realizó, en promedio, tres años después de que sucedieron los incidentes. Al cotejar la relación de esa dependencia con las recomendaciones específicas de la CNDH se advierte que los pagos no varían ni siquiera en los casos de víctimas mortales.

Así, el asesinato de una persona atribuido a marinos en Mocorito, Sinaloa, el 7 de noviembre de 2009 (recomendación 61/2010), fue cotizado en 167 mil 763 pesos, mientras que la vida de una mujer víctima de un operativo para cazar a Arturo Beltrán Leyva en Limoneros, Morelos (recomendación 83/2010), fue valuada en 632 mil 677 pesos con 76 centavos.

De hecho, a partir de 2011, la Marina empezó a entregar a familiares de víctimas mortales montos que oscilan entre 658 mil 703 pesos con 44 centavos y 632 mil 677 pesos con 76 centavos.

Sin embargo, para la Semar vidas como la de José Humberto Márquez Campeán valen menos. Ese joven, señalado como narcomenudista, fue detenido el 21 de marzo de 2010 junto con otra persona por policías locales de Nuevo León que los entregaron a marinos. Se los llevaron en un helicóptero y al día siguiente apareció muerto en la calle.

Por este caso la CNDH emitió la recomendación 34/2011 en la que responsabiliza a la Marina de la desaparición forzada, tortura y privación de la vida de que fue víctima Márquez Campeán. También menciona los tratos crueles contra el joven que lo acompañaba. Para cumplir con la recomendación, la Semar pagó a los familiares del occiso 176 mil 884 pesos con 40 centavos y 40 mil pesos al torturado.

Esta cantidad se les entregó a cada una de las dos víctimas de tortura, detención arbitraria y retención ilegal, atribuidas a marinos el 3 de febrero de 2010, en Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con la recomendación 86/2010. Ese mismo monto se destinó a otra persona que sufrió abusos semejantes el 4 de junio de 2010 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según el expediente 10/2012 de la CNDH.

La indemnización por desaparición forzada –el crimen de lesa humanidad que el derecho internacional considera como el más grave– asciende a 200 mil pesos. Al menos eso se advierte en la relación de recursos entregados para acatar la recomendación 39/2012. En este caso la CNDH determinó que marinos destacamentados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 2 y el 5 de junio de 2011, fueron responsables de las desapariciones de seis personas. En la relación de la Marina se consigna que sólo a cinco “beneficiados” se les entregaron los fondos.

El cotejo entre el reporte de la Semar y las recomendaciones de la CNDH revela que los pagos por lesiones y daños en propiedad ajena tienen variantes. La dependencia pagó entre 109 mil y 500 mil pesos por cada lesionado y entre 2 mil y 27 mil pesos por destrozos.

En el documento de la institución armada se destaca que para atender las 10 recomendaciones que la CNDH emitió en su contra de 2010 a 2012 –por hechos ocurridos en 2008, 2009, 2010 y 2011– se pagaron siete indemnizaciones entre junio y octubre de 2012, antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón. Una más se cubrió en enero de 2013.

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