Tras aceptar la solicitud de colaboración que le envió el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración de Barack Obama comenzó a ubicar y documentar todas las probables propiedades de Elba Esther Gordillo, incluso las que pudieran encontrarse a nombre de sus familiares. La investigación empezó en California, Florida, Nueva York y Chicago, pero un funcionario estadunidense advierte que será una labor difícil, por la habilidad de los abogados y los prestanombres de la que fuera mandamás del SNTE. Un primer paquete de resultados ya fue puesto en manos de las autoridades mexicanas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por petición directa del gobierno de Enrique Peña Nieto, los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos investigan minuciosamente a la exlideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales. El primer reporte de la investigación que lleva a cabo el gobierno de Barack Obama contra la otrora intocable “maestra” fue hecho llegar los primeros días de la semana pasada a la Procuraduría General de la República (PGR), con la salvedad de que el expediente sigue abierto porque no ha concluido la indagación. “El reporte que se entregó a las autoridades mexicanas –dice a Proceso un funcionario estadunidense con la estricta condición de no publicar su nombre ni su puesto– contiene los procedimientos que estamos siguiendo para probar y determinar si realmente las propiedades que tiene registradas en Estados Unidos le pertenecen a ella.” La pesquisa a cargo de los departamentos de Justicia y del Tesoro tiene como objetivo primordial determinar en varios estados del país vecino, “por medio de los registros de la propiedad”, si Gordillo cuenta con propiedades distintas a las que se le conocen en San Diego, California: “La solicitud que nos hizo el gobierno de México fue la de averiguar y determinar si la señora Gordillo Morales tiene otras propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos, pero registradas a nombre de sus familiares, amigos o personas que trabajaron con ella; o que simplemente le facilitaron sus datos como prestanombres”, explica el funcionario estadunidense. El gobierno de Obama rechazó de manera rotunda que Proceso revisara una copia de los documentos que entregó a principios de la semana pasada a la PGR. Sin embargo, el funcionario consultado reveló que la investigación del caso Gordillo Morales se centra en los estados de California y Florida y en las ciudades de Nueva York y Chicago, aunque “se puede extender a otros lugares, conforme avance”. No obstante, el entrevistado aclara que existe una dificultad derivada de la astucia y experiencia de Gordillo Morales: “Los abogados que la representan aquí en Estados Unidos son muy buenos, se están moviendo con mucha certeza y rapidez para borrar cualquier huella sospechosa que pudiera abrir más pistas, o en su caso conllevar a un encausamiento criminal”. El funcionario se niega a revelar el nombre de los abogados de la exlideresa del SNTE y el bufete al que pertenecen. “Como no se trata de una investigación criminal ni civil aquí en Estados Unidos –donde Gordillo no está acusada–, la investigación se lleva a cabo bajo los estatutos de la cooperación bilateral en materia de justicia”, señala.   Coleccionista de propiedades   El pasado 26 de febrero, cuando Gordillo fue detenida, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) presentó solicitudes de colaboración a gobiernos extranjeros para el aseguramiento de sus propiedades, cuentas bancarias y tarjetas en Estados Unidos y Europa. El gobierno de Enrique Peña Nieto acusa a Elba Esther de lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por el manejo de 2 mil 600 millones de pesos cuya procedencia se desconoce. Pero dicha cantidad es apenas una muestra de su riqueza: representa 2.5% de los 100 mil millones de pesos que recibió durante los 24 años que estuvo al frente del SNTE y que no provinieron sólo de las cuotas sindicales de 1 millón 400 mil agremiados, sino también de recursos federales que depositó en tres fideicomisos de Banobras y de 61 propiedades registradas a nombre propio, de familiares y colaboradores, como consta en el Registro Público de la Propiedad (Proceso 1896). Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1911 de la revista Proceso, actualmente en circulación.