MÉXICO, D.F. (apro).- Human Rights Watch (HRW) demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer el secuestro y posterior homicidio de tres integrantes de la organización Unidad Popular de Guerrero, cuyos cuerpos aparecieron en calles de la ciudad el pasado lunes 3, luego de cumplir tres días como desaparecidos. En un comunicado, la organización con sede en Washington, recordó que los restos de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, dirigentes de UP, fueron localizados tres días después de que encabezaran una movilización en la caseta de peaje en Iguala, y de que tuvieran agrias discusiones con el alcalde de ese municipio, José Luis Abarca Velázquez. El 29 de mayo, un día antes de que los tres dirigentes fueran secuestrados, junto con otros cinco activistas que están ocultos por temor, “once miembros de la organización presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG), en la cual señalaban el temor de que el presidente municipal y el jefe de la policía del municipio de Iguala pudieran ordenar matarlos como represalias por sus actividades”, resalta HRW. Para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, la queja da cuenta de que “las víctimas temían por sus vidas, específicamente a manos de funcionarios locales”, lo cual hace necesaria la intervención de la PGR “a fin de ayudar a garantizar una investigación independiente que analice los posibles móviles de este delito”. Según la información recabada por HRW, a través de un político y activista destacado de Guerrero, dos de los cuerpos tenían heridas de bala y “todos mostraban signos de haber sido maltratados”, mientras que el cuerpo de una víctima tenía huellas de haber sido severamente torturada. Un sobreviviente, contó a otro activista cómo se habían dado los asesinatos “y relató a cómo una de las víctimas había sido golpeada hasta morir después de haber intentado escapar”. Ante la desconfianza de las autoridades los sobrevivientes no ha rendido sus declaraciones ministeriales, puntualiza el activista a HRW, en tanto que a más de dos semanas del hallazgo de los cuerpos, no se tiene información de los avances de las investigaciones por parte de la PGJ de Guerrero. HRW resalta que el activista que proporcionó información, también ha recibido amenazas a su celular, mientras que la pareja de Hernández Cardona se siente en peligro y que la única protección que le ha proporcionado el gobierno es una visita diaria por parte de policías estatales. La organización internacional destaca la impunidad en que han quedado los asesinatos de activistas sociales en Guerrero, “incluso aquellos en que las pruebas indicaban, de manera contundente, la participación de agentes el gobierno”. Cita el caso de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, asesinados en febrero de 2009, cuyos cuerpos fueron hallados días después de haber sido “detenidos arbitrariamente en el municipio de Ayutla de los Libre por personas que presuntamente se identificaron como policías”. Por este doble homicidio, hasta ahora no hay detenidos. Vivanco insiste: “No puede haber ninguna investigación efectiva de estos asesinatos aberrantes si los testigos no se siente seguros. Para ayudar a fortalecer su confianza, las autoridades federales deben tomar a su cargo la investigación sin demora, y ofrecer protección integral e inmediata a las personas que lograron escapar cuando se intento llevarlas por la fuerza, como así también a sus familias”.